Resignado a su suerte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó el viernes la ley que permite el retiro del 10% de los privados fondos de pensiones, un día después de su aprobación histórica en el Senado, lo que constituyó un duro y anticipado golpe a su gobierno.

Se especulaba con las otras dos opciones constitucionales que tenía el presidente ante la sanción legislativa. El veto o el envío para su revisión al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el gobernante derechista optó por la que se considera la vía menos conflictiva en este momento de debilidad, cuando los números de manejo de la cuestión sanitaria empiezan a mostrar una leve mejora tras semanas de aumento de casos, muertos, y conmoción social por el reclamo por un abordaje errático ante la pandemia. El rechazo a la ley podía significar el retorno de las protestas masivas y violentas a las calles de Chile, donde la iniciativa contaba más del 80% de respaldo popular. De hecho, su tratamiento en la Cámara de Diputados fue precedida por masivos cacerolazos y manifestaciones en las calles metropolitanas, a pesar de que regía el toque de queda.

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En ambas cámaras, la sanción se debió a la ruptura en el mando de la tropa propia de la coalición gobernante Chile Vamos. En la sesión del jueves, los senadores la aprobaron con 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención de Francisco Chahuán (RN), superando así el quórum mínimo requerido de 26 votos. Cinco de los votos a favor fueron oficialistas. La semana anterior se daba una situación similar entre los diputados: 95 votos positivos, entre los cuales había 13 de diputados del bloque Chile Vamos. “Yo no soy un parlamentario de la izquierda, simplemente escucho a la ciudadanía”, justificó entonces ante los medios el diputado oficialista Jorge Durán por cómo había votado.

La situación pone en jaque al gobierno de Piñera, porque según pregonaban sus ministros, el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, de un sistema de capitalización privado vigente desde la dictadura de Pinochet, desestabilizará al sistema financiero y generará costos adicionales al Estado. Pero el golpe más que nada es político. Demuestra la falta de gestión del gobierno y la imposibilidad de contener a los integrantes de su coalición y la pérdida del liderazgo político. «