Las familias de los tres trabajadores de prensa del diario El Comercio consideran que el gobierno mantiene una actitud pasiva frente al rapto por parte de un presunto grupo disidente de las FARC colombianas dedicadas al narcotráfico. La Iglesia también abogó para que se acepte el canje por tres prisioneros.
El presidente Moreno se refirió por primera vez al hecho el miércoles último y suavizó los dichos de su ministro. «Vamos a hacer que Javier, Paúl y Efraín regresen con vida», dijo. «Como presidente, comprometo todos mis esfuerzos para que se haga realidad», agregó, y afirmó que existen conversaciones «permanentes con intermediarios» para conocer el estado en el que se encuentran los secuestrados. Para Aguagallo, las declaraciones oficiales no son más que la reacción a la coyuntura.
«Moreno reacciona y evalúa el costo político que esas respuestas pueden tener y dice que la prioridad número uno del Estado es el regreso con vida de los tres. Yo siento que es reactivo a lo que ha ocurrido en las últimas horas. A las declaraciones del ministro Navas, al pedido de la Conferencia Episcopal de que considere el canje de los tres prisioneros por los trabajadores del diario, son cosas que han provocado su reacción», analizó Aguagallo. Se refiere a la demanda de la Iglesia Católica surgida luego de la difusión de un video donde se ve a los tres cautivos atados con cadenas, de frente a la cámara. Allí, Ortega transmite el mensaje de los captores: «Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas, por nuestras tres vidas, para ir sanos y salvos a Ecuador y también la anulación de ese convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo». El grupo autor del secuestro sería un frente escindido de la exguerrilla FARC, que no se plegó al armisticio, y que continuaría operando en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador con actividades delictivas vinculadas con el narcotráfico. Se llamaría Grupo Armado Oliver Sinisterre, cuyo líder es el ecuatoriano Walter Artízala, alias «Guacho», a quien se atribuye también liderar varios atentados recientes, entre ellos el perpetrado en un cuartel militar de San Lorenzo.
La revelación del video, difundido por la cadena colombiana RCN, reabrió el debate aún no saldado sobre el lugar en que se encuentran los secuestrados (ver aparte). También obligó al gobierno a replantear la estrategia de hermetismo con que se venía manejando los primeros días. Para las familias significó un impacto emocional enorme. Yadira contó a Tiempo que ese día despertó a las cinco de la mañana y sin aviso previo descubrió el material en uno de sus chats del WhatsApp. «El impacto fue increíble, porque a los familiares más cercanos no nos ha sido fácil administrar muy bien los sentimientos en esta coyuntura, porque te debates en el dolor y tratar de pensar un poco más racionalmente para tomar decisiones efectivas, y en medio de todo eso tienes que enfrentarte a imágenes para las que no estás preparado, pero sin embargo siento que también a las familias nos ha permitido adquirir un poco más de valor y estar un poco más vigilantes sobre cómo se lleva el proceso», explicó a Tiempo.
Hoy habrá cadenas de oración en cientos de parroquias en el país, según el pedido de la Conferencia Episcopal, y los principales equipos de fútbol se comprometieron a visibilizar la consigna de «Nos faltan 3» para mantener el tema presente y mantener la presión a quienes deben resolver el caso. «
La disputa por dónde están
Los gobiernos de Ecuador y de Colombia se disputan el lugar en el que estarían secuestrados los tres trabajadores de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Para el gobierno de Lenín Moreno, están en territorio colombiano, pero su par vecino, Juan Manuel Santos, no parece acordar. Hace pocos días, su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que los periodistas están en su país de origen, aun cuando en el video difundido el martes, uno de ellos transmite el mensaje de sus captores afirmando que si se cumplen las condiciones exigidas, podrán «regresar al país».
Hasta ahora, el presidente Santos no se pronunció, a pesar de que los familiares pidieron públicamente su intervención. «Estén en Colombia o Ecuador, el secuestro es una consecuencia de años de abandono de ese sector, tanto del lado ecuatoriano como colombiano», afirma Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, uno de los secuestrados. «La zona de frontera de la provincia de Esmeralda está abandonada de toda institucionalidad, con altos niveles de pobreza, cero acceso a educación y servicios básicos, y ese tipo de territorio es un caldo de cultivo para la violencia, donde las organizaciones criminales puedan asentarse. Y esta problemática es consecuencia de las políticas aplicadas por ambos países», señala.
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