El pasado 6 de enero, a un mes del proceso electoral, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó destituir a cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), incluida su presidenta Diana Atamaint, por no acatar la extensión del plazo para que los partidos inscribieran a sus candidatos -orden que había sido expedida por el mismo TCE-. El CNE incumplió la sentencia por considerarla una intromisión en las competencias del Tribunal. El lawfare tan activo durante 2020 en América Latina parece no detenerse con el año que comienza.
El incumplimiento de la sentencia perjudica principalmente al partido Justicia Social que no pudo inscribir candidatos para las elecciones generales de febrero; es el caso del candidato a presidente Álvaro Noboa, empresario guayaquileño quien fuera funcionario de Abdala Bucaram y cinco veces candidato presidencial.
Estos últimos acontecimientos despiertan la preocupación de que se intente postergar las elecciones. Frente a las disputas entre el TSE y el CNE el presidente Moreno manifestó que no iba a entrometerse pero instó a que “resuelvan cualquier diferencia con estricto apego a la ley”.
El domingo 7 de febrero se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Ecuador en las que se elegirán al presidente y vicepresidente para el período 2021-2025, los 137 asambleístas para la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino. Para evitar una segunda vuelta el 11 de abril, el más votado deberá superar el 50% de los votos o el 40% con una ventaja de diez puntos sobre el segundo. El que consiga más votos asumirá el 24 de mayo. Se encuentran habilitados a votar 13.099.150 ciudadanos ecuatorianos.
Los principales candidatos a la presidencia son el candidato del correísmo Andrés Arauz, por el Frente Unión por la Esperanza (UNES), Guillermo Lasso por la Alianza CREO-PSC y el líder indígena Yaku Pérez por el Partido Pachakutik. Si bien Correa no participa como candidato, es una figura central en estas elecciones en las que persiste de manera muy marcada el clivaje correísmo-anticorreísmo.
Al inicio de la campaña electoral las encuestas dan como favorito a Andrés Aurauz, seguido por Guillermo Lasso y por último a Yaku Pérez. Ninguno de los candidatos llegaría al 40% necesario para ganar en primera vuelta.
Serán las primeras elecciones a realizarse en Ecuador en el marco de la pandemia. En los primeros días del año, se registran 216.083 casos confirmados, 190.350 pacientes recuperados y 14.103 muertes por COVID. Las provincias en donde se concentran la mayor parte de los casos confirmados desde el inicio de la pandemia son Pichincha, Guayas y Mansai. En este contexto el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un protocolo de bioseguridad que eviten los contagios de COVID-19, durante la campaña electoral. Asimismo, el CNE se encuentra evaluando la posibilidad de ampliar el horario de votación.
El proceso electoral ecuatoriano se enfrentó a varios obstáculos durante el 2020: luego de varios intentos de impugnaciones y la búsqueda por impedir la candidatura del ex presidente Rafael Correa, el último día de diciembre fueron oficializados los 16 candidatos a la presidencia.
El gobierno del presidente Lenin Moreno, quien asumió en el 2017, se debilita cada vez más. Su actual gestión fue perdiendo aprobación por parte del pueblo ecuatoriano; el descontento de la población se vio en las manifestaciones de octubre de 2019 frente a los anuncios por parte del gobierno de un paquete de medidas de ajuste neoliberal.
Asimismo, en estos 4 años de gobierno, Moreno encabezó una persecución política y judicial a los dirigentes del movimiento de Correa. De cara a las elecciones del 2021 la persecución se agudizó, materializándose en reformas de las leyes electorales que proponen mecanismos de inscripción de candidaturas, con las que se impide que Correa pueda competir electoralmente, la proscripción del partido y presionando a los magistrados Consejo Nacional Electoral (CNE).
Luego de su desafiliación del partido Alianza País, Correa tuvo varios intentos de inscribir una nueva fuerza política – inicialmente Revolución Ciudadana -, rechazadas por el CNE. Entre los intentos por proscribir el partido el 22 de junio del 2020 la Contraloría General dirigió un oficio al CNE, informándoles que podrían ser destituidos por no haber eliminado del registro electoral a cuatro partidos políticos con supuestas irregularidades, entre los que se encuentra Fuerza Compromiso Social, partido al que pertenecen Correa y la militancia de la Revolución Ciudadana. Asimismo, el 19 de julio el pleno del CNE ratificó la suspensión de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social, Libertad Pueblo, Podemos y Justicia Social.
El 6 de julio, el CNE aprobó por mayoría la reforma de algunos artículos al Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas. De su articulado se desprende directamente la imposibilidad de Correa para presentarse como candidato a vicepresidente, debido a que se dispuso que la proclamación y aceptación de las candidaturas, luego de las primarias, debe ser de manera expresa, indelegable y personalísima. Correa, actualmente exiliado en Bélgica, tiene 31 causas judiciales abiertas y el Tribunal de la Corte Nacional ratificó su condena a ocho años de prisión por la causa sobornos 2012-2016.
