Nuevamente un controvertido proceso electoral pone a Nicaragua en la mira a de los “paladines de la libertad y los DDHH a nivel global”, aquellos países desarrollados que juzgan pero no dan cuenta de sus acciones.

No obstante hoy la impugnación resuena casi a regañadientes entre propios y ajenos. Lo ocurrido en el 2018 fue un parteaguas. El fin de las remesas venezolanas complicó al gobierno de Ortega-Murillo. La red de “generosidades” se cortó casi abruptamente activando de uno y otro lado la alarma. Rompió el sistema de alianzas que mantenía con las elites y con los sectores populares. El gobierno reaccionó de la peor manera, orquestando un raid de violencia institucional que rememoró para muchos, antiguas épocas.

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Nicaragua volvió a todos los portales internacionales y EEUU la reubicó como territorio peligroso y en disputa, cuestión que parecía haber olvidado cuando indirectamente coqueteaba con Ortega Instalando sus empresas y negocios.

La oposición pidió colaboración externa y la idea de una intervención sobrevoló por esos días. Como en un laberinto, el gobierno y la oposición confrontaron en una dinámica cada vez más siniestra. La criminalización extrema de las protestas contra el gobierno se instaló en el cotidiano. Encarcelamientos, cierres de medios de prensa, persecuciones y vigilancia permanente hicieron que la rueda girara, conformando un círculo cada vez más vicioso. La oposición reclamó sistemáticamente sanciones ejemplificadoras por parte de EEUU y la UE.

La pandemia sólo puso en la superficie los problemas que aquejan al pueblo nicaragüense desde siempre. La reacción del gobierno no fue diferente a la de muchos otros, incluido el del propio EEUU, que relativizó las consecuencias. Con menos recursos, más pérdidas y menos resiliencia, Ortega transita un proceso electoral de la mano de las peores estrategias.

El encarcelamiento y la quita de personería jurídica a organizaciones opositoras no corrigen el rumbo tomado en el 2018. Tampoco la oposición, conformada por muchos ex sandinistas y enemigos acérrimos, ha  modificado sus pedidos hacia el norte. En estos días reclaman la convalidación del presidente Biden a la “Ley Renacer”, aprobada ya por la Cámara de Representantes de los EEUU, que sancionará económica y comercialmente a Nicaragua, así como piden a la OEA sanciones similares por violación a los DDHH.

La novel democracia nicaragüense no ha resuelto la pobreza de más de un siglo. Una corrupción eterna se ha tragado a lo largo de su historia cualquier posibilidad de crecimiento, quedando una y otra vez a merced de las manipulaciones externas. Un país que nació de la violencia de la expoliación de sus bienes y la invasión de su territorio, un pueblo que combatió el autoritarismo, que peleó una revolución imperfecta y que convive con una democracia también imperfecta. Todo se volvió crónico en Nicaragua: la pobreza, la violencia, la corrupción. Esa cronicidad que duele, de tan natural que parece, y que lo asemeja a la vez, a muchos otros países de la región.

¿Cuál es entonces la democracia que se merece el pueblo de Nicaragua? ¿La que se merece el campesino o campesina, o la señora de las tortillas o quienes trabajan en las maquilas, o incluso aquellas capas medias que han podido acceder a un puesto en la administración y que aún así se encuentran flexibilizadas? ¿Cuál es la democracia que se merece un pueblo tan golpeado y tan entero al mismo tiempo?  Probablemente sea la que se merecen todos los pueblos, la de elegir verdaderamente libres, con las condiciones mínimas de vida que les permitan ejercer todos sus derechos.

No creo que esto es lo que se juegue en las elecciones del domingo. No es esa la democracia que proponen Ortega y Murillo, pero sin ninguna duda tampoco lo es la que imponen los diferentes intereses económicos transnacionales, quienes no contemplan el merecimiento de los pueblos sino sus propias necesidades.

Ortega volverá a renovar por tercera vez consecutiva su mandato en un mar de impugnaciones. A pesar de ello, ojalá se abra la posibilidad de que el pueblo de Nicaragua, desde la resistencia y organización, desde los consensos y solidaridades, desde la soberanía y con sus propios valores pueda cimentar de ahora en más la democracia que se merece.