Otro asesinato en la lucha por la restitución de tierras a indígenas y negros.
Organizaciones indígenas y negras del norte de Colombia exigieron al gobierno cumplir con la prometida protección de los líderes sociales tras el asesinato el domingo de uno de sus líderes, Néstor Iván Martínez, en el departamento de Cesar.
«Exigimos al Estado de Colombia el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la Cumbre Agraria y el gobierno nacional, en consecuencia la inmediata protección de los líderes, lideresas y voceros del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria», reclamó la Comisión de Interlocución de Bolívar en un comunicado difundido este lunes por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
El domingo fue asesinado Néstor Iván Martínez, vocero del Consejo Comunitario de las comunidades negras de la Sierra, El Cruce y La Estación, en el centro del departamento del Cesar. «Los líderes y lideresas de la Comisión de Interlocución se encuentran en grave riesgo», desde que «el 25 de agosto fue repartido en varios municipios del sur del Cesar un panfleto en el que amenazaron a la Comisión de Interlocución», dice el comunicado.
El panfleto estaba firmado por un Grupo Armado de Limpieza Social (GALS). «Le vamos a cortar a cualquiera de esta mesa una pata para que quede mocha (coja)», dice el panfleto, entre otros amenazas. El texto, además, señala con nombre y apellido a las personas amenazadas y alega que la violencia es en respuesta a la supuesta ocupación de fincas que forman parte de las tierras a ser restituidas por el gobierno.
El asesinato de Martínez hace parte de una escalada violenta que comenzó este año pero se intensificó a partir de julio, según denuncian las comunidades. «Exigimos el desplazamiento inmediato de una comisión de verificación conformada por autoridades del orden nacional, en la cual sea invitada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de acompañar a la comunidad, verificar los hechos de agresión a la misma, iniciar las investigaciones pertinentes y tomar medidas inmediatas de protección», concluye el comunicado.
Desde el 30 de mayo cerca de 90 mil campesinos, indígenas y representantes de las comunidades, miembros de la Cumbre Agraria de Colombia, encabezaron durante varias semanas un paro pacífico en reclamo de acuerdos que el gobierno no había cumplido luego de anteriores movilizaciones. Entre tales acuerdos se destacan protección de derechos humanos, paz y garantías, políticas efectivas de sustitución de cultivos ilegales, adecuada y equitativa distribución de la tierra, y mayor impulso a proyectos productivos, entre otros.
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