El domingo 20 de octubre se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Evo Morales, el actual presidente desde 2006, ganó con el 47,08% de los votos frente al candidato Carlos Mesa que obtuvo el 36,51 por ciento. Mesa asumió el gobierno en 2003 luego de que Gonzalo Sánchez de Lozada abandonara el país. Renunció recién 20 meses después desde su exilio en Estados Unidos. Pese a que según la ley boliviana esta diferencia de 10,57% le da el triunfo a Morales en primera vuelta, parte importante de la oposición sostiene que hubo fraude. Se desató entonces una violenta crisis política y social que ha hecho despertar fantasmas de una época considerada ya superada en el país andino-amazónico.
El jueves 31 de octubre viajé a La Paz desde un turbulento norte de Chile. Hospedado en pleno centro de la ciudad me encontré con pequeñas manifestaciones pro-gobierno, y varias en contra. Las primeras repetían el grito: “Evo no está solo”; las segundas, varios cánticos alusivos a que Bolivia no quiere una dictadura. Me llamó la atención que dos taxistas, señalándome que no había duda de que hubo fraude, usaron la palabra “matrimonio” para referirse a un supuesto rompimiento definitivo entre el pueblo y el gobierno. Por la tarde viajé hacia El Alto y luego a algunas comunidades rurales aymaras cerca del lago Titicaca. Allí, varios lugareños me platearon que todo esto era un montaje de la oposición.
¿Cómo se creó la duda?
El domingo de elecciones se cortó la trasmisión del conteo rápido durante unos momentos desde la Sala Plena del TSE, generando, lógicamente, mucha desconfianza. Según el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, esta situación fue producto de una impericia al querer controlar la información luego del alerta de un posible ataque cibernético. ¿Miente o dice la verdad Costas? Hasta ahora, las pericias no han podido identificar si este corte buscó alternar o eliminar votos. De lo que sí hay certeza –basta googlear “fraude en Bolivia” para cerciorarlo– que la idea de fraude ya estaba instalada en la opinión pública desde hace mucho rato.
En este momento, la Organización de Estados Americanos (OEA) es responsable de una auditoría integral basada en la verificación de cómputo (incluyendo actas, papeletas y votos), verificación del proceso informático, componente estadístico de proyecciones y la cadena de custodia de las urnas. Es de esperar que luego de esto haya un veredicto sobre qué fue lo que realmente pasó.
Hasta el sábado 2 de octubre, día de Todos los Santos Difuntos, la situación en Bolivia era tensa pero controlable, había manifestaciones de ambos lados, mayoritarias las de la oposición. Esa noche, Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, lanzó un incendiario discurso en el cual instaba al presidente Morales a renunciar en 48 horas y anunciaba que enviaría una carta a las FF AA para que estas se unieran a la oposición.
A partir de esto comenzó una polarización que hace recordar acontecimientos vividos en Bolivia en la década pasada. Diversos sectores, mineros, funcionarios y comunidades indígenas salieron en apoyo al gobierno a la par de que la oposición mantuvo y reprodujo las manifestaciones de rechazo.
Ya me toca volverme a Chile, donde –por razones muy distintas– también hay una gran revuelta. Aprovecho el viaje para leerme todos los diarios que pude comprar, y complementando con lo que escuché de colegas de distintas posiciones en la ciudad y el campo, llego a la humilde conclusión de que no hubo fraude. Más bien, el Mas y Evo Morales parecen estar pagando hoy los pecados de 13 años en el gobierno: acusaciones de eternizarse en el poder y corrupción, clientelismo y sobreculto a la personalidad. Habrá que esperar qué dice la auditoria de la OEA. Lo que no deja lugar a duda, es que con un fuerte componente racista, los vicios de esta oposición prometen ser mucho peores.
