No se superan los desacuerdos en la agenda electoral y las internas autogestionadas de Plataforma, cuestionadas por propios y extraños. EE UU reclama la liberación de presos políticos.
Los primeros pasos luego de este trato no fueron muy auspiciosos. Tal como se había anticipado en la última edición de Tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro judicializó las primarias de la opositora Plataforma Unitaria, que el 22 de octubre coronó la candidatura de la conservadora María Corina Machado. El jueves, una delegación del Centro Carter llegó a Caracas con el fin de reunirse con “miembros del Consejo Nacional Electoral, firmantes del acuerdo, miembros de partidos políticos, observadores electorales nacionales y grupos de la sociedad civil”, informó la ONG que ya había tenido participación como veedor en otros procesos electorales en Venezuela. “Las reuniones serán para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024, de conformidad con el acuerdo”, anunció.
La agenda electoral, sin embargo, aún está por definirse. El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión de «todos los efectos» de la elección interna, luego de las denuncias por supuestas irregularidades, tanto del chavismo como de un excandidato de la propia Plataforma, a quien acusan ahora de “colaboracionista” del oficialismo.
Frente a esto, la Plataforma Unitaria ratificó el resultado de sus primarias y renovó su respaldo a la candidatura presidencial de la exasambleísta Machado, pese a que pesa sobre ella una inhabilitación a ocupar cargos públicos, que aspiraba a que no tuvieran efecto como resultado de las negociaciones.
“La candidata unitaria es María Corina Machado y con ella vamos a ganar la elección presidencial de 2024″, dijo Biagio Pilieri, vocero de la Plataforma, que asegura que en las internas autogestionadas sin la intervención del Consejo Nacional Electoral, participaron 2,5 millones de venezolanos y la candidata electa obtuvo el 93% de los votos.
En línea con las aspiraciones plataformistas de arrebatarle el gobierno a Maduro, EE UU advirtió ese mismo día que “tomará medidas” si no se cumple los “compromisos de la hoja de ruta electoral” e incluso considerarían reponer algunas de las sanciones económicas que fueron levantadas por un plazo de seis meses, como gesto de acompañamiento al acuerdo. Exige también el cumplimiento total de levantar las inhabilitaciones a dirigentes y la liberación de más de 270 opositores detenidos, lo que se ha realizado parcialmente.
Mientras se producía esta disputa, gobierno y oposición coincidieron curiosamente con el tema Esequibo. Fue después de una declaración oficial del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que Venezuela “debe respetar los principios de paz y evitar cualquier confusión y mensaje lesivo», y alertó sobre «provocaciones» de movimientos de tropas a la frontera. Maduro, que lanzó un estado de movilización nacional por el tema, calificó las declaraciones de «infames» y la cancillería señaló que Almagro se “coloca al margen de la legalidad internacional». Y a pesar de que no apoyan la consulta, voceros de la Plataforma se quejaron de los dichos de Almagro y reivindicaron el reclamo de Venezuela sobre esa región. «El Esequibo es territorio venezolano» afirmó Pilieri. El gobierno anticipó que el domingo 19 realizará un “simularacro” del referéndum en todo el país.
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