Rodrigo Janot imputa al presidente brasileño por una grabación en la que arregó el pago de una coima con el dueño de un frigorífico.
El presidente de Brasil, Michel Temer, pidió al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, que aparte de la causa en su contra al fiscal general, Rodrigo Janot, quien lo denunció penalmente por corrupción, supuestamente por negociar, avalar y recibir sobornos de la empresa frigorífica JBS.
El pedido se basa, según Temer, en «una obsesiva conducta persecutoria».
Janot «denota un inusitado empeño personal en el acto de acusar, que orilla el sentimiento de enemistad nutrido contra el presidente», dice el escrito presentado por los abogados del jefe del Estado.
El pasado miércoles Temer logró sobrevivir al cargo y evitar una suspensión de seis meses luego de que la mayoría de la Cámara de Diputados votara contra la denuncia de Janot, que únicamente será investigada una vez que el gobernante deje el cargo, algo previsto para el 31 de diciembre de 2018.
El fiscal general había anunciado ayer que tenía «más flechas» contra Temer, es decir, una nueva denuncia por asociación ilícita y obstrucción de la justicia también vinculados a la delación premiada de la empresa JBS, cuyo dueño, Joesley Batista, grabó clandestinamente al presidente en la residencia oficial en marzo pasado para hablar de sobornos.
«Ya se tornó público y notorio que la actuación del Procurador General de la República, en casos involucrando al presidente, viene extrapolando sus límites constitucionales y legales inherentes al cargo que ocupa. No estamos ante una actuación institucional y sí personal», dijo el escrito presentado por el abogado Antonio Mariz, defensor de Temer.
Janot, con su acción, realizó la primera denuncia por corrupción contra un presidente en ejercicio de la historia de Brasil.
El jefe de los fiscales es cuestionado por Temer por haber permitido la libertad sin ninguna medida punitiva para el empresario Batista y los ejecutivos de JBS a cambio de narrar sobornos y donación ilegal de campañas a más de 1.800 políticos, sobre todo a Temer y su núcleo partidario más cercano.
El pedido de Temer para apartar al fiscal general de la investigación debe decidirlo el juez de la corte Edson Fachin, encargado de la delación de JBS contra el presidente.
Si la denuncia contra Temer era aceptada por la Cámara de Diputados, el gobernante debía ser suspendido por seis meses hasta la corte suprema ofrezca un veredicto de la acusación de corrupción pasiva, es decir, haber recibido sobornos.
Temer, tras vencer la votación, dijo que había sido una victoria del «Estado de derecho» y anteriormente había calificado la acusación del fiscal general como un «atentado contra el país».
Janot termina su mandato el 17 de setiembre y las causas sobre Temer caerán en las manos de su sucesora, Raquel Dodge, precisamente designada en junio por el mandatario.
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