Tras una esperada visita de dos días en que mantuvo reuniones con distintas organizaciones populares y funcionarios del gobierno de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lleva un tibio compromiso de la administración de Iván Duque investigar 21 homicidios ocurridos durante la represión a las protestas antigubernamentales que comenzaron el 28 de abril.
La delegación llegó el martes para analizar denuncias de violaciones a los derechos humanos en la capital Bogotá y las ciudades de Cali, Popayán y el municipio de Tuluá. También se reunió con Duque, la fiscalía, organizaciones civiles, víctimas y altos mandos policiales, cuestionada por la represión de las manifestaciones. Las últimas citas fueron con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en Bogotá, y con la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.
Al menos 61 personas murieron desde el inicio de las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo, que también entregó a la CIDH más de 500 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
A su vez, el Comité Nacional del Paro (CNP), que lidera las manifestaciones, entregó a la Comisión un informe sobre las movilizaciones en el país en el que detalla las razones de la protesta, exige garantías para que éstas se desarrollen y critica la feroz respuesta represiva del Gobierno nacional.
El documento de 25 páginas señala que el CNP ratifica su voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y la negociación, punto sobre el que destaca que seguirá insistiendo, además de criticar la negativa del Gobierno del presidente Duque de firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo. Entre los punto centrales del texto, la CNP señala que hizo una propuesta al Gobierno en el que exige derogar el decreto 575, que militariza la represión, y exige respetar los derechos humanos.

La otra misión
Se difundió también el informe preliminar de la Misión Internacional y Observación de DD HH, un grupo de dirigentes y activistas de Argentina que visitaron el país con el objetivo de “relevar situaciones de violación a los DD HH en el marco del Paro Nacional; elaborar un informe minucioso que tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional; y contribuir a la articulación internacional en defensa de los DD HH en toda la región”. En el documento se concluye que “los Derechos Humanos están siendo violados en Colombia” y que el Estado “debe ser investigado porque a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.
Durante su estadía, “la Misión ha recibido numerosas denuncias por la inactividad de las distintas agencias del Estado destinadas al esclarecimiento de esas violaciones. Las víctimas o sus allegados suelen dirigirse varias veces hasta la agencia interviniente para obtener novedades sobre sus causas sin obtener respuesta alguna”, asegura el informe fechado el 3 de junio.
El documento en el que participaron representantes de organizaciones como Serpaj, APDH La Matanza, Correpi y Xumec; así como representaciones del del Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, SOMOS, Barrios de Pie, Movimiento de Participación Estudiantil, ATE, CTA-Autónoma y Celag, afirma que el Estado debe ser investigado por “haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica” y “haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo”, entre otros. «

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