Las autoridades turcas ya arrestaron a unas 50 mil personas a las que acusa de estar implicadas en el golpe que mantuvo al mundo en vilo la semana pasada. Se trata de militares, funcionarios y magistrados judiciales, docentes y periodistas presuntamente relacionados con la organización FETÖ, que lidera desde su exilio en Pennsylvania el clérigo Fetullah Gülen y a la que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan califica de terrorista.

La recuperación de los resortes del poder por parte del presidente generó resquemores desde la Unión Europea, que ahora cuestiona la posibilidad de que Turquía reinstaure la pena de muerte para castigar de un modo definitivo a los cabecillas del golpe. Es la manera más drástica en que el mandatario podría clausurar la república que se instauró en 1923 bajo las consignas pro-occidentales de Mustafá KemalAtatürk, sostenidas con mano de hierro desde las fuerzas armadas. El temor a las consecuencias de ese paso preocupa a los europeos pero mucho más a los estadounidenses, que tienen en Turquía a un socio privilegiado en la OTAN y en cuyo territorio tienen una base, Incirlik, desde la que parten los aviones que intervienen en la guerra civil siria.

El contraataque de Erdogan incluyó severas acusaciones de colaborar con los golpistas contra países a los que no nombró pero que no cuesta mucho identificar como los que tienen la voz de peso en la UE, Alemania y Francia, y algo más veladamente, Estados Unidos. En tal sentido, hay un reclamo para la extradición de Gülen, sobre la que tanto el secretario de Estado John Kerry como el vice Joe Biden no se mostraron contrarios. Sin embargo, dejaron el caso en manos del “poder judicial independiente” que según ellos rige en EE UU, lo que obviamente demora plazos hasta límites que Ankara no quisiera esperar.

La vuelta de Erdogan al sillón presidencial significó una ofensiva “rápida y furiosa” contra todos quienes mantienen vínculos con el gulenismo. Apuntó de entrada no solo a las tropas que se pudieron haber plegado a la intentona sino a jueces y profesores universitarios que desde sus lugares propagan y sostienen el pensamiento de Gülen, de índole racional y laico, en un contexto de islamización creciente de la sociedad desde que Erdogan llegó al gobierno, en 2003.

La ofensiva, en Buenos Aires, fue llevada adelante por el embajador Taner Karakas, quien ofreció una conferencia de prensa en la que apuntó contra los países a los que su gobierno ve como responsables del putsch del 16J. No fue tan preciso, sin embargo, para puntualizar quién es quién y acerca del rol del gobierno de Barack Obama en el hecho, sino que se limitó a recordar las sólidas relaciones militares y comerciales y los “valores democráticos” compartidos.

Karakas no descartó que se pueda reflotar la pena capital, pero señaló que la decisión correrá por cuenta del Parlamento, aunque insistió en que el país “como toda nación en el mundo, tiene derecho a defender el orden constitucional”. Y reclamó que “se pongan en los zapatos” de Turquía antes de criticar la respuesta del gobierno, por dura que fuese. En el marco de las medidas que tomaron Francia y ahora Alemania ante ataques terroristas, puede entenderse el resentimiento de Ankara. El embajador se explayó luego sobre las relaciones con la Unión Europea. Recordó que su país “está en las puertas de la UE hace más de 50 años”. Abundó que siempre los turcos “hicieron los deberes” y estuvieron dispuestos a negociar lo que hiciera falta para ser admitidos en la organización continental, sin éxito. A Tiempo le reconoció que las voces que hablan de impedir ahora el ingreso son las mismas que mantienen las puertas cerradas desde hace medio siglo. Lo que sugiere que así como parece terminarse el período kemalista, también se acerca el fin del proyecto europeísta de Turquía.«