Es necesario caracterizar también la coyuntura de ambos países ya que el precio del combustible en Perú es considerablemente más alto que en Ecuador. Bajo la actual Constitución fujimorista de 1993, impuesta por dicha dictadura y defendida por la oposición conservadora de la derecha peruana en el Congreso, el Estado no puede garantizar precios más bajos mientras no posea mecanismos para influir en el precio final de este bien ya que no cuenta con grifos propios ni con medios para la distribución de combustible.
En cuanto al rol de la oposición del Legislativo, si bien el banquero tiene una escueta presencia en la Asamblea, con solo 13 de 137 curules, tiene la posibilidad de establecer alianzas tanto con la Izquierda Democrática, como con facciones del Pachakutik y el Partido Social Cristiano. En Perú, si bien Pedro Castillo asumió con 37 bancas para el entonces oficialista Perú Libre, actualmente solo retiene 16 de los 130 miembros del Congreso y el propio presidente ha renunciado públicamente al partido que lo llevó al poder. Una de las diferencias clave es la capacidad de erosión del Legislativo: mientras que la muerte cruzada puede utilizarse tanto desde el Ejecutivo (Lasso amenazó en más de una oportunidad con esto) como desde la Asamblea, esta facultad puede ser ejercida por una sola vez durante el período legislativo, en los tres primeros años del mismo. En el caso peruano no hay límite ni para las interpelaciones ni censuras de ministros (cuatro fueron depuestos del cargo por motivos irrisorios), como tampoco para las mociones de vacancia presidencial (hasta el momento dos, a razón de uno cada seis meses).
Tanto en Ecuador como en Perú fue declarado el estado de sitio a partir de las protestas, pero mientras en el caso ecuatoriano la fuerza pública no ha escatimado en ser la garante del orden mediante la persecución de líderes, la represión desmedida y mensajes de criminalización del movimiento indígena, en el caso peruano el Gobierno tiene grandes dificultades con los sectores de las FF. AA. Han provocado la renuncia de dos ministros: Héctor Béjar en Cancillería y Walter Ayala en Defensa. El último aspecto es el concerniente al racismo institucional, Lasso ha tildado al movimiento indígena en general -y a Leónidas Iza en particular- de enemigo público. Castillo es un representante de las regiones y desde las protestas de marzo en Perú se estableció la modalidad de Gabinetes descentralizados para acercar el diálogo entre el Ejecutivo al territorio. «
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