A tres días de asumir Iber Maraví, ministro de Trabajo, fue acusado de mantener vínculos con miembros de Sendero Luminoso por ser oriundo de Ayacucho y pertenecer al gremio docente. Héctor Béjar fue removido del cargo por una operación comunicacional y un ultimátum de la Marina. A Ciro Gálvez (Cultura) se lo cuestionó en redes sociales por el cambio de los participantes a la feria del libro de Guadalajara que fue percibida como un “atropello” por parte del progresismo mainstream limeño. A Manuel Carrasco Millones se lo investigó por una superposición mínima entre su licencia como fiscal durante la campaña y su asunción al ministerio del Interior. Juan Silva (Transporte y Comunicaciones) fue acusado de por multas de tránsito. Otros fueron cuestionados por no tener un título universitario afín a su ministerio y el ex premier Guido Bellido fue acusado por la congresista Patricia Chirinos de haber sido víctima de dichos misóginos en el recinto. Si bien no hay testigos, la Justicia determinó medidas de protección por el “maltrato psicológico ocasionado”.

El primer objetivo fue el lawfare contra Vladimir Cerrón, ex gobernador regional y fundador de Perú Libre, el partido de gobierno y el mayor impulsor de las reformas esenciales del Gobierno. Cerrón fue judicializado en una causa en la que posteriormente fue sobreseído y que heredó del gobernador fujimorista inmediatamente anterior a su gestión. Esta causa le impidió estar presente en la lista y luego de la victoria de Castillo se le abrieron al menos 10 causas. El juego mediático y político buscaba recrear la teoría de los dos demonios y convertir a Perú Libre en la contracara del fujimorismo. La famosa causa de “los cuellos blancos” por tráfico de drogas, sobornos y tráfico de influencia del fujimorismo fue eclipsada mediáticamente por las investigaciones contra “los dinámicos del Centro” en la cual se acusa al partido de vender licencias de conducir y con ello financiar la campaña presidencial más barata del siglo XXI.

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El tácito pacto entre la Justicia, los medios de comunicación y el Congreso llevó a que gran parte de los miembros de la cartera ministerial sea cuestionado y puesto en picota pública por motivos irrisorios. El desmesurado poder faccioso del Congreso presentó una moción de censura impulsada por las bancadas del fujimorismo contra Maraví, mientras que Bellido deslizó la posibilidad de someter la decisión a una cuestión de confianza. No solo iban por la cabeza del ministro, sino que buscaban -pese a difícilmente alcanzar los votos necesarios- vacar al presidente si no retiraba a ambos de un Gabinete refrendado por el Congreso hace un mes. Aun en medio del caos, Castillo brilló en foros internacionales, lanzó una segunda reforma agraria y avanzó con la nacionalización del gas de Camisea. El 6 de octubre tras 69 días en ejercicio Castillo pidió la renuncia de su premier y 6 ministros.

El nuevo Gabinete buscó un tono más progre mediante la incorporación de mujeres. La nueva premier, Mirtha Vásquez, fue presidenta interina del Congreso durante el interregno de Sagasti y en su labor parlamentaria figuran leyes como sobre el cultivo de cannabis, nuevas masculinidades, derechos animales, etc. Algunos referentes de Perú Libre han mostrado sus discrepancias, fundamentalmente frente a la incorporación de miembros de partidos oportunamente asociados tras la victoria y exentos de persecución política y judicial. Sin embargo, la correlación de fuerzas del partido de Gobierno es mayoritaria y el cambio no advierte un giro a la derecha. Eso sí, el cambio no garantiza la gobernabilidad, una utopía bajo el actual andamiaje institucional, pero sí permite ir derribando las excusas: no eran los ministros, es el Gobierno popular lo que incomoda al Congreso. Con nuevos jugadores, la batalla se renueva y el nuevo Gabinete deberá buscar nuevamente la aprobación del Congreso.