Las autoridades israelíes crean «la falsa impresión» de investigar, para que rindan cuentas, a políticos y altos cargos militares al mando de la operación de 2014 en Gaza, que dejó 2.251 muertos palestinos y a la Franja devastada, pero no lo hace, denunció la ONG Betselem. Así lo denuncia en el informe «El protocolo de Encubrimiento: la supuesta investigación de la operación Filo Protector», que publicó la ONG a más de dos años del alto el fuego firmado entre Israel y los palestinos que puso fin a 50 días de enfrentamientos que dejaron 2.251 muertos palestinos y 73 israelíes.
«Los organismos responsables de investigar los incidentes se dedican a crear la falsa impresión de que hay un sistema funcionando que aparentemente busca descubrir la verdad, mientras a los verdaderos responsables de las infracciones ni siquiera se les pregunta», indica la organización.
«Las investigaciones se han limitado a la inspección superficial de casos aislados de cualquier contexto», añade la Betselem, una ONG fundada en 1989 como Centro de Información Israelí sobre los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. Betselem lamenta que a pesar de que en términos del daño causado a los palestinos en «la ronda de hostilidades más brutal y destructiva desde 1967, una vez más, como en muchas otras investigaciones sobre anteriores episodios de combates, no hay investigaciones sobre los verdaderos culpables», informó la agencia de noticias EFE.
La ONG señala que ni representantes del Gobierno israelí ni altos cargos militares «han sido nunca investigados» y que «dos años después de los hechos, no ha habido ninguna investigación en cuestiones políticas, incluida la de atacar casas habitadas, la de disparar artillería de manera indiscriminada contra áreas habitadas y la de destrozar granjas y miles de viviendas».
Entre los casos descartados, hay trece en los que ni siquiera se abrió la instrucción penal, entre protestas de la Organización para la Liberación de Palestina, que reclamó que la Corte Penal Internacional juzgue posibles crímenes de guerra.
Estos expedientes incluían el bombardeo de objetivos civiles, a una escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) que servía de refugio, el ataque a la única planta eléctrica de Gaza y el impedimento de asistencia médica a los heridos.
En este tiempo, sólo ha prosperado un caso relacionado con el saqueo de una vivienda y violencia.
Medios locales han informado de que el Tribunal Penal Internacional no tiene previsto en el corto plazo investigar crímenes de guerra supuestamente cometidos por israelíes y palestinos, al no figurar de forma específica este conflicto en un informe emitido recientemente por la Oficina de su Fiscalía.
Ese informe argumenta que uno de los criterios para descartar casos es que las autoridades nacionales sospechosas lleven a cabo investigaciones o adoptado medidas judiciales con genuino deseo de perseguir la verdad.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicó el año pasado un informe que constataba que tanto Israel como los grupos armados palestinos -por el lanzamiento de cohetes contra población civil israelí- han podido incurrir en crímenes de guerra durante el conflicto vivido hace dos años.
