La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH (ACNUDH), Michelle Bachelet, emitió un nuevo informe sobre la situación en Venezuela alertando sobre la falta de independencia de los poderes públicos, en especial en la impartición de justicia, y abusos y violencia vinculados a la actividad minera, entre otros tópicos. Su mayor preocupación es el difícil acceso al sistema de justicia de víctimas y la impunidad. Pide «investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los DD HH, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género, en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad» para llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar una reparación adecuada de las víctimas.
El Gobierno Bolivariano rechazó el contenido, las conclusiones y recomendaciones de un documento elaborado sobre la base de la Resolución 42/25, no aprobada por la mayoría de países miembros y no reconocida por el Estado venezolano, que se apega a la 42/4, donde se establece el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica al país en materia de Derechos Humanos. La oposición radical y ultraderechista, que apuesta por una intervención militar extranjera, criticó a Bachelet, a quien tildan de “izquierdista”, de no ser lo suficientemente severa con la gestión de Maduro.
Lo cierto es que, independientemente del apoyo o rechazo que provoque el Gobierno de Maduro, hay una situación que no puede pasarse por alto. La República está asediada, bloqueada financieramente, amenazada militarmente, se puso en marcha contra ella un criminal modelo de Guerra no Convencional que, sumado a fallas y errores en la planificación y manejo de recursos, llevó al país a tener una economía con parámetros de desastre sólo observado en países petroleros inmersos en conflictos bélicos como Libia o Irak.
La administración Trump reconoció que las sanciones son un método para presionar “la salida” del actual ejecutivo e iniciar una transición. Desde 2015, cuando se inició esta estrategia, las sanciones no produjeron el quiebre del Gobierno Bolivariano: por el contrario, lo han fortalecido en la cohesión cívico-militar, a la vez que generaron un impacto muy negativo en el nivel de vida de la población.
¿Hay retrocesos en Venezuela en materia de DDHH? Muy probablemente, al igual que en los programas para erradicar el hambre, tal y como lo ha destacado la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que señaló recientemente que la desnutrición pasó de 2,5% en los años 2010-2012 a 31,4% en 2017-2019. Después de ser bastión en la lucha contra el hambre en la región, Venezuela lidera ahora la lista de países en riesgo en la próxima década, agravado por la pandemia del Covid-19. Pero esta situación puede revertirse si, por ejemplo, el Estado tuviese acceso a los más de 116 mil millones de dólares que tiene bloqueados en el extranjero.
Desde hace poco más de un lustro, con la caída de los precios del petróleo y las sanciones en el macabro juego de la asfixia internacional, el Estado perdió 22.500 millones de dólares por año, a la par de verse impedido de importar alimentos, medicina, combustible, repuestos… Todos los días los venezolanos de a pie nos jugamos la vida, en medio de una pandemia mundial, nos están matando a cuentagotas en una ruleta rusa por las carencias y obstáculos que generan las sanciones: ¿cómo puede hablarse entonces de democracia, libertad, DD HH o seguridad alimentaria? ¿Cómo se puede evaluar la situación de los DD HH en Venezuela y pasar por alto lo que sucede en Colombia, Chile o los mismos EE UU?
Es contradictorio, porque la misma ONU ha solicitado el levantamiento de sanciones por la coyuntura del Covid-19, sin embargo, puede decirse que el informe de la ACNUDH en el plano político y diplomático, equivale en el plano militar a las provocaciones del Comando Sur con sus ejercicios de “libertad de navegación” para desafiar “el excesivo reclamo de derechos marítimos de Venezuela en el Mar Caribe”, al colocar al destructor USS Pinckney de la clase Arleigh Burke, armado con misiles nucleares, a merodear aguas territoriales venezolanas.
Todas estas acciones buscan “hacer presión” para “la transición”, “elecciones libres”, “reinstitucionalizar el país”, mientras, en el medio de un peligroso conflicto de intereses geoestratégicos, hay un pueblo “sancionado” al que se le violan a diario los Derechos Humanos con el consentimiento casi unísono de la comunidad internacional.
