Mientras en la Unión Europea y Estados Unidos amenazan con reforzar medidas contra las autoridades venezolanas -un paso que sin dudas dará pie a castigos adicionales de los gobiernos derechistas latinoamericanos- el presidente Nicolás Maduro se prepara para dar inicio a la Constituyente votada este domingo en un clima de enfrentamiento cada vez más violento con la oposición. Todo esto exacerbado por la recaptura de los dirigentes Leopoldo López y Antonio Ledezma, ordenada por la justicia de ese país, bajo el cargo de haber violado las condiciones para su prisión domiciliaria, una decisión interpretada desde usinas conservadoras el exterior como de incremento de la represión chavista.

La Constituyente se propone reformar la Constitución aprobada en 1999 luego del primer triunfo de Hugo Chávez, en el marco del acoso constante de la oposición a Nicolás Maduro, que tiene como objetivo profundizar el camino hacia la toma de decisiones por las bases populares en desmedro de las instituciones representativas características de la organización social burguesa. Un camino que ya había establecido el propio Chávez antes de su muerte en 2013 y que hasta ahora no había decidido tomar su sucesor.

Para los críticos, es una medida desesperada de Maduro para contrarrestar la ofensiva opositora, que busca su renuncia o su destitución y que en tres meses dejó un saldo de casi 120 muertos. Para el oficialismo, lo que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) busca a como dé lugar es evitar que la Constituyente se instale porque el resultado de la consulta de este domingo fue una prueba del apoyo que conserva el gobierno en amplios sectores de la sociedad.
López y Ledezma fueron detenidos en la madrugada del lunes por efectivos de seguridad venezolanos. Con prisión domiciliaria desde abril Ledezma, ex alcalde de Chacao, y desde principio de julio en el caso de López, la justicia los acusa de haber violado el acuerdo establecido para salir de la prisión por las condiciones de salud que habían alegado sus abogados.

Ledezma había sido acusado de asociación ilícita y conspirar contra las instituciones pero no había recibido condena firme. López, en cambio, tuvo una sentencia a 13 años de prisión por instigar a la violencia a sus seguidores, de un partido mínimo dentro de la MUD pero de tendencias muy extremas, Voluntad Popular. Fue a raíz de las “guarimbas” de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas, muchos de ellos chavistas o fuerzas de seguridad.

La tensión en Venezuela hace temer por lo peor: una guerra civil o una intervención más directa de Estados Unidos, en un calco de lo que ocurrió en Ucrania, Libia y Siria. Con grupos violentos atacando a cada uno de los gobiernos para desestabilizarlos, generar cuadros de represión y cargarles todos los muertos a las autoridades, en estos casos, siempre contrarias a las políticas de los países occidentales.

La muestra de la violencia opositora se refleja en videos donde se ve cómo atacan a simpatizantes chavistas. Y en que muchas de las víctimas eran agentes de seguridad. Por otro lado, también hay casos de policías procesados por abusos en la represión de las marchas, que han generado no solo caos sino también destrozos en propiedades estatales y privadas. Lo que queda claro es que cada caído en estas refriegas cotidianas, incrementadas desde la última ofensiva de la MUD hace dos meses, es atribuido al gobierno de Maduro, que aparece ante la opinión pública internacional como el causante de todos los males en Venezuela.
El país está en una grave situación económica y social, esto es cierto, con desabastecimiento de productos esenciales y falta de medicinas. Este también es un calco de otros ataques contra procesos revolucionarios y poco cuesta recordar los meses finales del gobierno de Salvador Allende en Chile, en 1973. En el caso de Venezuela, los gobiernos bolivarianos no pudieron cambiar la matriz básica de la economía del país, dependiente de la exportación de petróleo y con reservas entre las mayores del planeta.

Hubo dos problemas que agravan este panorama: la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, no fue fácil de sobrellevar por Maduro, designado como sucesor por el propio líder bolivariano en su última aparición pública. Por otro lado, el petróleo, que cotizaba sobre los 100 dólares el barril, cayó en picada y ahora ronda los 44 dólares tras haber pisado los 25.

La oligarquía venezolana, que no se caracteriza por sus tendencias democráticas, tuvo siempre un particular encono contra Chávez y llegó a derrocarlo por unas horas en abril de 2002. Entonces, el fallecido militar fue devuelto al poder por las multitudes en las calles. Desde ese momento, la oposición intentó primero desconocer al gobierno y a las instituciones chavistas al punto que no participó en algunas elecciones, con lo que la Asamblea Nacional funcionó sin representantes de la derecha.

Pero ya en el 2012 consiguió unificar a los diferentes partidos en torno a un núcleo en condiciones de derrotar al oficialismo. No lo lograron contra el propio Chávez y estuvieron a unos pocos puntos contra Maduro en 2013. En 2015, sin embargo, en elecciones parlamentarias, obtuvo casi los dos tercios de la Asamblea, lo que puso en jaque a Maduro.

Todo se fue acelerando desde entonces, ya que a los pocos días de aquel resultado asumía en Argentina el presidente Mauricio Macri, que había hecho del ataque al chavismo parte fundamental de su campaña electoral. Luego, la derecha brasileña dio un golpe contra Dilma Rousseff y los apoyos a Maduro en la región se redujeron drásticamente.

Maduro ahora se topa con una feroz oposición interna y gobiernos no menos feroces en el exterior. Solo Ecuador, Bolivia, Nicaragua y en menor medida, Uruguay, sostienen las banderas bolivarianas. Tabaré Vázquez viene frenando la expulsión del Mercosur reclamada por Macri y el brasileño Michel Temer pero no alcanza a frenar el impulso contra Caracas del ex canciller del Frente Amplio, Luis Almagro desde la OEA. Una institución que venía de capa caída y de la mano de los gobiernos conservadores vuelve a tallar.

Una caída definitiva y oprobiosa del chavismo simbólicamente es un golpe demoledor para las fuerzas progresistas de la región. Así como Chávez es el símbolo de la integración autonómica de los países latinoamericanos y del Caribe, una caída de Maduro sería el punto de partida de otro modelo de integración, afín al proyecto que inserta a la región como el patio trasero del imperio, gobernado por representantes de esos poderes o empresarios vinculados a sus negocios.