Desde ayer, la intendencia de Rio de Janeiro entró en la penúltima fase de retorno de actividades: horario integral de shoppings, bares y restaurantes hasta la 1 de la mañana, baños de mar permitidos y escuelas privadas autorizadas a volver (no así las municipales). Las actividades tienen sus restricciones de público, protocolos y recomendaciones. Después de 71.322 casos y 8310 muertos reportados sólo en esta ciudad y de los efectos de las medidas de distancia social, hay una caída en el número de internaciones y de muertos. A pesar de la desconfianza sobre esos números, son ellos los que validan el retorno del movimiento en la ciudad.

Y lo que pasa en Rio de Janeiro, está pasando en todo Brasil. Los gobiernos provinciales están avanzando con sus planes de retorno económica y social, a pesar de que algunas ciudades han vuelto a implementar restricciones por causa del aumento de infectados. En términos agregados, los números de Brasil son alarmantes: 2.662.485 infectados y 92.475 muertos confirmados por COVID-19. Parecería que las muertes por COVID-19 adquirieron el estatus de otras muertes en Brasil, tales como los homicidios o las muertes causadas por intervenciones policiales: de tan superlativos, ningún gobierno puede ser responsabilizado por ellos. Son números que dejan de conmover y pasan a ser registros de lo que a algunos les toca.   

Desde la segunda mitad de junio, el presidente y su gobierno bajaron los decibeles de la confrontación permanente, después de la ofensiva de la Corte Suprema contra su círculo de escuderos en las redes sociales y de la prisión de Queiroz; amigo personal del presidente y ex-asesor de su hijo envuelto en sus negocios. Volvieron al parlamento las pautas económicas para las reformas, como la privatización del suministro del agua y la reforma impositiva. El auxilio de emergencia de algo más de 100 dólares que ya llegó a más de 65 millones de personas, fue prorrogado por dos meses. El impacto del auxilio abrió la discusión en el congreso por la creación de un salario universal. 

La desregulación del registro de armas de fuego implementada por el gobierno ha dado sus frutos. En la primera mitad del año, 73.996 nuevas armas han sido registradas, lo que representa un aumento del 205% en relación al mismo período en 2019. El modelo norteamericano que inspira al gobierno se consolida, así como su subordinación. Recientemente, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, en reunión con el presidente Trump para informarlo sobre las actividades de dicho comando, le presentó al brigadier David Almeida Alcoforado, quien integra la estructura del mismo: “los brasileros le están pagando para venir acá y trabajar para mi”.

Después de haberse recuperado del coronavirus, Bolsonaro volvió a viajar por Brasil inaugurando obras y programas. Muchos dudan que haya estado enfermo. Días atrás estuvo en el interior de Bahía, Piauí y Rio Grande del Sur. En los eventos en público, Bolsonaro levanta la caja de cloroquina como si fuera una medalla milagrosa. Continúa en campaña.