Barcelona nació en abril de 2003; la sentencia fue firmada por la jueza Susana Nóvile en abril de 2016. Lindo regalito de la justicia para celebrar el bar mitzvá.
A lo largo de estos 13 años, Barcelona sobrevivió a instancias de sus lectores. Igual que hoy, 357 números después del primero. Tuvo un período de mecenazgo merced a la pasión de Adolfo Castelo, y otro período, también breve, en el que recibió una escasa pauta oficial que le permitió pagar las cuentas y mantenerse a flote. Nunca hicieron falta bóvedas para esconder nada. Barcelona no representa un ingreso sustancioso para los que la hacen. La fantasía más osada siempre fue convertirla en una fuente de trabajo. Todavía lo es todavía.
Para decirlo en primera persona: la hacemos porque nos gusta, porque queremos, porque se nos hace necesaria. No dependemos de nadie más que de nosotros, y de nada más que de nuestras ganas. Y disfrutamos de la libertad de saber que, si se nos canta, podemos no hacerla más. O volverla un diario. O un parripollo.
Sin embargo, justo en el mes de su aniversario, la titular del juzgado 108 de la Ciudad de Buenos Aires, Susana Nóvile, se considera con derecho a decidir sobre el futuro de Barcelona. ¿Por qué, eh?
La demanda, iniciada por Pando contra Barcelona por «daños y perjuicios», fue motivada por la publicación, en la edición 193 de la revista (este viernes vio la luz el 358), el 13 de agosto de 2010, de una contratapa con un fotomontaje burdo (como todos los que hacemos) que satirizaba una protesta pública liderada por Pando. En el marco de una campaña en reclamo por la libertad de los detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, el 3 de agosto de 2010,Pando se encadenó al edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, en una acción que fue generosamente cubierta por los principales medios de comunicación del país.
Según la jueza Nóvile, con esa contratapa Barcelona causó «daño moral» aPando. «Ha sido afectada en su honor», dice,porque para ella, Pando no es una figura pública sino «una persona privada que tomó participación de modo voluntario en cuestiones de interés público».
Cecilia Pando, esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado; presidenta del grupo político Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, AFyAPPA; ex primera candidata a diputada en CABA por la alianza entre Carlos Menem y Rodríguez Saá en 2005; con perfil propio en Wikipedia de casi 3 mil palabras, más de 7 mil seguidores en Twitter y 2100 en Facebook, cerca de 552 mil resultados arrojados por Google en una búsqueda de 0,33 segundos, y al menos 200 videos protagonizados por ella en Youtube; que editó una parodia fascista de Barcelona llamada Madriz, que para su lanzamiento llenó de afiches la vía pública porteña durante 2010 no es, para Nóvile, una figura pública. La magistrada sostiene que «a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante». Como si al momento de juzgar los hechos, la jueza hubiese sacado del cajón de su escritorio unsarcasmómetropara medir la exageración. Como si la sátira pudiera medirse de acuerdo con el «exceso».
El fallo contiene otros párrafos igual o más desopilantes, que pueden leerse en las redes. Uno de mis preferidos es el que sostiene que gracias a esa contratapa, la revista vendió el doble de lo habitual, algo que es mentira aunque nos hubiese encantado que sucediera. El asunto es sencillo: no se trata de Barcelona, ni siquiera del monto que estableció la jueza (aunque si tuviéramos que afrontarlo, sería gravísimo), sino de las consecuencias. Que Cecilia Pando inicie una demanda porque se siente dañada moralmente está dentro de las posibilidades; que una jueza falle a favor, no. Y ahí está el problema: cuando desde la justicia establecen qué se puede publicar y qué no; qué es sátira y qué no; qué valores morales prevalecen sobre otros. Dice el fallo, por ejemplo: «… las testigos María Inés Lamolla (pública militante a favor de procesados y condenados por su actuación en la represión durante la última dictadura y esposa del represor condenado Carlos Esteban Pla), Ana Delia Magi (esposa de Ernesto ‘Nabo’ Barreiro, jefe de los torturadores del campo de concentración La Perla, entre otras actividades ilegales) y Patricia IsabelMauriño (esposa del coronel Horacio Losito, condenado junto con Barreiro en juicio oral y público) relatan que la actora está casada con Pedro Rafael Mercado, tiene siete hijos, católica, docente, en oportunidades da clases particulares y es integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos Argentinos (…) Datos y valores estos, que hacen al honor de una personaque se maneja en un grupo social determinado en un tiempo y ámbito también determinado».
¿Será que la jueza quiere escribir en Barcelona? Aprovecho este espacio para avisarle que no recibimos colaboraciones espontáneas, que seguiremos esta causa hasta que nos declaren inocentes y que, gracias a ella, probablemente, ahora sí vendamos unos cuantos ejemplares más.  <