A 10 años de la toma del Parque Indoamericano: aprendizajes y resistencias

Tiempo Argentino, junto a la Fundación Rosa Luxemburgo, realizó un encuentro con protagonistas de aquellas jornadas. Su situación no ha cambiado desde entonces.
(Foto: Edgardo Gómez)
20 de diciembre de 2020

La masiva toma del Parque Indoamericano, en el postergado sur de la Ciudad de Buenos Aires, y la brutal represión policial que la desalojó, cumplieron diez años. Salvo para los familiares de Bernardo Salgueiro, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, asesinados en el operativo; de los 28 detenidos y los miles de desplazados por las persecuciones de esos días, esas jornadas son un suceso que ninguno de los oficialismos prefiere recordar. Este pasado miércoles, Tiempo Argentino, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, buscó romper ese silencio, sacar a las víctimas del olvido. Organizó un conversatorio virtual con cinco protagonistas directos de esos días durísimos e inolvidables. "A 10 años: aprendizajes y resistencias frente al modelo especulativo" fue la consigna de la charla pública que contó con la presencia de Rafael Klejzer, del Movimiento La Dignidad; Carolina Giménez, delegada del barrio Ricciardelli del Bajo Flores; Carina López Monja, del Frente Darío Santillán; Alejandro "Pitu" Salvatierra, del Centro Villero de Formación y Facundo Di Filippo, del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI).

Hace una década cada uno de ellos jugó un rol clave durante las tensiones que comenzaron antes del 7 de diciembre. Tuvieron su sangriento epicentro ese día y se extendieron por una semana, cuando Mauricio Macri cumplía el segundo año de su primer mandato como jefe de Gobierno y Cristina Fernández de Kirchner recorría el mismo lapso, pero al frente de su primer ejercicio en la presidencia.

"Creo que a partir de esta toma en el Indoamericano hubo una nueva mediación y una nueva forma de organización popular que hizo más eje en la gremialidad de la vivienda, que en un punto reivindicativo de alguna organización, que es la vivienda justa-opinó Klejzer-. Los vecinos se dieron cuenta de que si no constituían su propia gremialidad, no iban a resolver el problema".

El representante del Movimiento La Dignidad consideró que en ese momento "los villeros y villeras también entendieron, por supuesto, con el diario del lunes, la necesidad de agremiarse por el derecho a la vivienda, pero por el otro lado vieron que ellos solos no iban a poder resolverlo. Entonces, plantearon nuevas alianzas y mediaciones con el movimiento popular, el movimiento obrero. Me pareció de una madurez increíble”. “Los vecinos volvieron a retomar la conducción de su propio destino", sostuvo para identificar el impacto que tuvo en los movimientos sociales. Las mismas organizaciones que, diez años después, siguen sin poder consensuar un programa común en materia habitacional.

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Cuando tomó la palabra, Giménez definió que la toma "fue una tremenda acción de gente necesitada, que realmente no tenía dónde vivir. El alquiler siempre fue caro y siguió siendo así, pero por más que nos hayamos organizado, que se hayan hecho censos, asambleas, reuniones y el acuerdo que dijeron; no pasó nada. Hoy estamos acá, mismo gobierno, misma situación, voto tras voto, seguimos en la misma situación. Sigo alquilando. Mis hijos, que ya son adultos, están alquilando. Imagínense, después de esta pandemia, es peor, el alquiler es el doble", retrató la coordinadora del comedor San Francisco de Asís del Bajo Flores. "Si me preguntan qué pienso de las tomas, les digo que organizaría a toda esta gente que todavía no tenemos techo y volveríamos a tomar el mismo parque, aunque esté alambrado. Lo tienen ahí y no lo usan. Nosotros necesitamos un techo", dijo Giménez.

La delegada del barrio confirmó que la situación sigue siendo tan grave como hace diez años, con la misma fragilidad que afrontan los inquilinos en los barrios populares. "No sabemos cómo abarcar, cómo hacer, para que un dueño de casa no eche a un inquilino por no poder pagar. Y eso está sucediendo, y ellos hacen que no escuchan y que no ven, por más que acudas a ellos. Y la Defensoría del Pueblo tiene miles de denuncias de todo esto y acá nadie da respuesta de nada. Ni tampoco de urbanización. No sé qué está pasando, pero eso quedó como congelado. No sólo lo del Indoamericano sino también lo que venimos luchando como delegados en este barrio. Quedaron congeladas muchas promesas. No hay nada solucionado", denunció.

Carina López Monja, el FPDS, se enfocó en los aprendizajes. "Hay uno que tiene que ver, lamentablemente, con una continuidad, que es cómo el Estado -o los Estados- abordan las tomas de tierras. El problema siempre es la toma, nunca es la vivienda. El problema es cómo desactivar el conflicto, sea negociando con vecinos y vecinas o avanzando con la represión de manera directa. Y siempre se prioriza la seguridad y no el problema de fondo, que tiene que ver con la vivienda y los derechos vulnerados hace muchos años. Si miramos el Indoamericano, de esa promesa, “por cada peso de la Ciudad, un peso de la Nación”, no se cumplió nada", evaluó.

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(Foto: TM)

Para esta joven militante la comprobación de esa dinámica sucede de inmediato. "Cuando la toma se resuelve, el problema desaparece. Y las familias no desaparecieron. Siguen teniendo un problema concreto, que no aparece en la gran agenda de la política ni de los medios. La decisión del Estado, en su momento, con el Indoamericano, fue conformar un ministerio de Seguridad. Nosotros y nosotras, desde el Frente Darío Santillán en aquel momento, decíamos que el gobierno no decidió conformar un ministerio de vivienda. Hizo el de Seguridad. Entonces hay un problema que las organizaciones tenemos que poder visualizar y trabajar, que es poder poner en la agenda el debate de la vivienda, y no sólo el debate de las tomas”.

Alejandro “Pitu” Salvatierra fue en 2010 uno de los dirigentes barriales que tuvo mayor exposición pública. "Siempre lo recuerdo con un sabor amargo. Primero creo que cometí muchísimos errores en lo personal. Me parece que debería haber sido, en ese momento, un poco más duro. Debería haber impulsado que nos quedemos en ese lugar. Creo que los resultados hubieran sido distintos. Hoy, a diez años del Parque Indoamericano, como bien dijo la compañera recién, no conozco a nadie que haya resuelto su problema. Es más, por el solo hecho del paso del tiempo, la gente está peor. Los que vivían hacinados en el 2010, en el 2020 siguen viviendo hacinados", remarcó.

"Creo que en ese momento tendría que haber puesto por delante los intereses del sector al que represento, antes que mi pertenencia política, en ese momento, el kirchnerismo que gobernaba a nivel nacional-agregó Salvatierra-. Y en el momento en que quemaban las papas opté por bancar el proyecto nacional y popular al que pertenecía e instar la salida del Parque. La cobertura mediática sobre el conflicto era muy dura y muy cercana al relato del (entonces jefe de Gobierno) Mauricio Macri. Todos éramos narcotraficantes. Esa cobertura provocaba muchísima xenofobia en los propios vecinos. La actitud del Gobierno de la Ciudad era muy represiva y estigmatizante sobre todos los que estábamos ahí. Por eso creo que, si fuera hoy, no me voy y capaz que estoy ahí todavía, atado a un palo. No me tendría que haber ido. No tendría que haber promovido eso. Confié en la palabra de compañeros que, después, no cumplieron. Entonces, como enseñanza personal, primero los intereses del sector al que pertenezco y después el espacio político al que pertenezco”.

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(Foto: Edgardo Gómez)

Di Filippo, del CEAPI, buscó aportar una perspectiva sobre el avance del extractivismo urbano que registró una inflexión clave hace diez años. "Esta Ciudad es la tercera de Sudamérica con valor (más alto) del metro cuadrado después de San Pablo y Santiago de Chile. Y esas son las consecuencias que vivimos en los territorios. Esa desigualdad que duele no es revisada. No es ponderada por la política. Creo que se inicia una nueva situación de disputa, en el sentido urbano, que han tenido y la tienen muchas sociedades a nivel latinoamericano. Brasil, con el Estatuto de las Ciudades. Colombia, con una Ley Nacional de Plusvalía, también ha llevado a mucha organización social a poner el ojo allí.

“No hay que solamente acompañar el reclamo de los vecinos y vecinas sino proponer salidas. Me parece que profundizar ese debate es una de las posibilidades que tenemos a futuro. En un futuro no muy auspicioso para encontrar soluciones, principalmente en las grandes urbes, porque el dilemas sigue siendo el mercado o la gente", sentenció Di Filippo, que hace diez años presidía la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.

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