Se cumplen 50 años del aquél 31 de mayo de 1970. Del gran terremoto que al Perú vino del subsuelo, de 7.9 de magnitud en la escala de Richter. Arrojó 70 mil muertos, 20 mil desaparecidos y 140 mil heridos, 25 ciudades de la costa y la sierra devastadas, un aluvión de barro y piedras que arrasó la ciudad de Yungay y consecuencias humanas, sociales, psicológicas y económicas que dejaron huella hasta hoy.

Cinco décadas después, estamos siendo devastados por una pandemia mundial que vino de fuera en avión, se trasladó en combis hasta los barrios marginales de Lima, en buses o a pie hasta las principales regiones del país y en bote hacia las comunidades indígenas y nativas de la selva amazónica. La respuesta a estas dos hecatombes apocalípticas por parte de gobiernos, de políticos, de los dueños del Perú, de la sociedad civil organizada y de la cooperación internacional ha sido diferenciada.

En 1970 teníamos un gobierno militar revolucionario que buscaba el bienestar de la población con reformas en lo agrario, educativo, cultural, industrial, de relaciones internacionales y actuando centralizadamente con criterio, lógica, sentido común, transparencia, honradez y equidad. Procupándose por los más pobres. Ahora tenemos un gobierno y un régimen político en crisis que actúa con criterio neoliberal minero-exportador a ultranza, con lógica de primero la economía que la vida, con sentido común individualista de “el que puede, puede”, con poca transparencia en la información que proporciona y ningún señalamiento sobre que la crisis del sistema de salud y con una opción preferencial por las inversiones de los grupos más poderosos del país.

En 1970, la solidaridad de la población fue enorme, basada en criterios comunitarios y de reciprocidad de las organizaciones sociales y comunales que las medidas del gobierno militar alentaron. El gobierno de entonces recibió de inmediato la cooperación solidaria de Cuba, de otros países socialistas, de varios países europeos, pero incluso de los Estados Unidos y Canadá. En lo personal, con varias decenas de estudiantes de la Universidad del Pacífico, de la Católica, así como las públicas de San Marcos y La Molina, realizamos colectas de víveres, abrigo y dinero en Lima, financiamos transporte de ayuda básica hacia las zonas devastadas y estuvimos entre dos y tres meses trabajando en apoyo a las familias damnificadas.

Hoy también se cumplen 50 años de la inauguración del mundial México 70 con el partido entre las selecciones de México y la URSS. El 2 de junio el Perú jugaba su primer partido contra Bulgaria. Los jugadores peruanos llevaron un cintillo negro en memoria de las víctimas del terremoto. Durante el partido, estábamos encima de un montón de frazadas solidarias, junto con un grupo de estudiantes, en el campo de fútbol de la Hacienda San Jacinto en Nepeña, valle del Río Santa, a 421 km de Lima, cerca de Chimbote en la costa. Esta hacienda que pertenecía a la familia Larco: un año antes había sido expropiada en el marco de la Reforma Agraria y entregada a los campesinos en cooperativa.

Perú iba perdiendo 2 a 1 en el primer tiempo, pero le volteamos el partido 3 a 2, algo inédito en un mundial. Nos dieron una alegría enorme en medio de la tristeza por la tragedia. Y continuamos repartiendo frazadas y alimentos en Nepeña, Chimbote y llenando camiones para ir rumbo a Huaraz y Yungay en la sierra del Callejón de Huaylas. Fueron casi dos meses inolvidables al lado de las comunidades afectadas en la Cordillera Negra, frente al Huascarán y el Huandoy. Recuerdos importantes que nos dejaron huella ya que la gran mayoría de las chicas y chicos que fuimos a esas zonas, retornamos con mucho entusiasmo para cambiar nuestro país. Cincuenta años después, aún estamos en ello.

Por ello recordamos la enorme solidaridad que en 1970 y años posteriores recibimos de Cuba Revolucionaria, no sólo con donaciones de sangre –incluido Fidel Castro y los principales dirigentes– sino con centenas de médicos e ingenieros constructores que vinieron al Perú y se quedaron meses y años para apoyarnos, con el aval y agradecimiento del gobierno y del pueblo peruano. Qué diferencia con lo que sucede ahora con el gobierno de Martín Vizcarra, que luego de dos meses y más del azote pandémico, ha aceptado finalmente la incondicional ayuda médica cubana y de la República Popular China. Esto, con una Cancillería alineada con el gobierno de Donald Trump y sustentadora del Grupo de Lima contra Venezuela. Grandes diferencias, pues…

Los tres virus

Hoy el coronavirus es sólo uno de los tres virus que nos acosan, nos enferman y nos matan. El otro virus es el neoliberalismo que desde hace más de 40 años también mata personas, culturas, instituciones y recursos naturales. Este virus lo impulsamos, desde que Margaret Thatcher y Ronald Reagan nos impusieron el “Consenso de Washington”, un paquete de medidas impuestas a los países en desarrollo a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluía disciplina fiscal, eliminación de los subsidios, particularmente los dirigidos a la educación, salud e infraestructura que favorecían a los sectores más pobres, reforma tributaria favorable a los más ricos, liberalización del comercio, eliminación de las barreras a la inversión extranjera, privatización de empresas estatales, desregulación y seguridad jurídica para el derecho a la propiedad.

El tercer virus es el cambio climático, provocado por unos gases basados en combustibles fósiles, en uso excesivo de carnes de res y en la deforestación de bosques, que también mata gente, instituciones y culturas. Los tres virus eran y son “la normalidad” a la que quieren volver cuanto antes los representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), bancos y  empresarios para quienes el negocio vale más que las vidas.

El Perú no estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, se impusieron las medidas recomendadas por el Consenso de Washington, plasmadas en la Constitución de 1993, y desapareció lo poco que quedaba de los servicios básicos del Estado. Se privatizó todo lo que se pudo, se destruyeron los sistemas de salud y educación y, lo peor, se convenció a la población que lo mejor era la individualización y que la solidaridad era un invento izquierdista. Enfrentamos el coronavirus con hospitales que ya estaban colapsados, a los que no se había prestado atención durante tres décadas para favorecer al sector privado. La gente moría en los pasadizos sin recibir atención.

Al 31 de mayo del 2020, tras 77 días en cuarentena, hay más de 4.000 muertos por esta enfermedad. La presión de los gremios empresariales obligó al gobierno a abrir ciertas actividades económicas, incluyendo la minería, construcción y entrega de productos a domicilio (o delivery, como se le conoce aquí), esta última el ejemplo más clamoroso de la informalidad que abarca a más de 70 por ciento de la fuerza laboral.

Y la gente sigue muriendo. No hay camas en los hospitales, no hay equipos, no hay personal. Lo poco que en dos meses ha hecho el gobierno de Vizcarra es loable, pero no es suficiente y nunca será suficiente si el gobierno de turno no empieza a invertir en sus ciudadanos. Tarde o temprano el virus cederá, pero no se debe retornar a seguir haciendo lo mismo. Debe optar desde ahora por un cambio sustancial del modelo de consumo, producción y energético, dejar de ser un país de comerciantes y prestadores de servicios, para convertirnos en un país de productores de alimentos y fabricantes de valores de uso, no solo de cambio.

* Cecilia Remon: Periodista, exeditora de Noticias Aliadas/Latinamerica Press (1990-2019), corresponsal de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), integrante de la junta directiva de la Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

** Hugo Cabieses: Economista de la Universidad del Pacífico. exViceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM (2011), asesor de la Empresa Municipal de Mercados EMMSA (2013-2014), asesor parlamentario (2016-2017 y 2019). Actual investigador del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica IDPA y del Foro Social Pan Amazónico FOSPA.