A casi once años de la desaparición de Luciano Arruga, su familia denuncia impunidad judicial

Los allegados del joven que estuvo más de 6 años desaparecido buscan infructuosamente llevar al banquillo de los acusados a las dos fiscales y al juez que dejaron el caso en manos de la Bonaerense y que investigaron a los propios familiares de la víctima.
23 de diciembre de 2019

Ante el acercamiento de un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, el CELS, el organismo de derechos humanos que acompaña a su familia, precisó en un comunicado el largo camino de los allegados del joven “para acceder a la verdad y la justicia”.

Los denunciantes indicaron que, a fines de 2012 y durante 2013, acusaron penalmente a los funcionarios judiciales que habían estado involucrados en la investigación de la desaparición del joven de 16 años que había sido visto por última vez el 31 de enero de 2009 cuando salió de su casa del Barrio 12 de Octubre, de Lomas del Mirador, en La Matanza.

Como se sabe, los restos del joven fueron encontrados 5 años y 8 meses después, el 17 de octubre de 2014, en el cementerio de la Chacarita, donde habían enterrado el cadáver como NN, tras haber sufrido un accidente de tránsito en General Paz a pocas cuadras de su casa esa misma noche en la que desapareció.

Desde el primer momento, la Bonaerense fue puesta en el centro de la escena porque unos cuatro meses antes habían detenido arbitrariamente a Luciano y lo habían torturado. Incluso, el chico sostuvo que los agentes del Destacamento de Lomas del Mirador buscaban reclutarlo para que robara para ellos. Por este episodio hubo un juicio y una condena: el oficial Julio Diego Torales recibió una pena de 10 años de prisión en 2015.

Puntualmente, hace casi 7 años atrás la familia de Luciano y el CELS denunciaron por la instrucción judicial a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco. Respecto a Castelli indicaron que delegó la investigación en la policía, que tenía el antecedente de haber hostigado y torturado a Luciano. Además, la funcionaria “avaló irregularidades policiales y negó información de la causa a las familiares”, añadieron en el comunicado.

Por su parte, “Cejas pidió y sostuvo la intervención de los teléfonos de Mónica Alegre, Vanesa Orieta y otres familiares de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo. Banco ordenó esas intervenciones durante más de un año, lo que implicó una injerencia arbitraria e ilegal en la privacidad e intimidad de la familia”, advirtieron desde el organismo.

“Pasaron casi siete años hasta que en agosto de 2019 el jurado concluyó el sumario y dio lugar a la formulación de las acusaciones para que se pudiera avanzar hacia el juicio propiamente dicho, pero la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron no acusarlos”, continuaron desde el CELS.

Además de este fuerte revés judicial, los familiares, amigos y allegados de Luciano denunciaron “otras situaciones discriminatorias: el jurado fijó una fianza que la familia debe pagar para que la investigación continúe y cuando solicitamos una reunión con el presidente del tribunal de enjuiciamiento, el funcionario no permitió que la mamá y la hermana de Luciano estuvieran acompañadas por personas de su confianza, entre ellas una psicóloga”.

De acuerdo al CELS, estas maniobras generan barreras para el acceso a la justicia y se desconocen así las necesidades subjetivas de las víctimas que han atravesado violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.

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