Mañana se cumplen dos años de la tragedia de Time Warp en Costa Salguero, que no sólo dejó el saldo fatal de cinco jóvenes fallecidos, sino que además corrió el velo sobre un sistema de concesiones irregulares y cánones irrisorios que se diseminan por toda la Ciudad. En este tiempo la situación intentó maquillarse, pero persiste tal cual era.

Costa Salguero, Buenos Aires Design, las canchas dentro de los parques, los boliches de la Costanera, el acarreo de autos y el uso de los espacios bajo las autopistas: Buenos Aires está llena de concesiones. La Auditoría General habla de 505, aunque la Ciudad informa muchas menos. En la web oficial publica un Excel donde figuran 359, pero desde Time Warp dejaron de informar el monto que paga cada una. Tiempo realizó un pedido de información pública, en el que el gobierno porteño admite 261 predios concesionados. 

Uno es Costa Salguero, donde el PRO establece su búnker cada fecha electoral. La tragedia desnudó el turbio manejo del lugar: Telemetrix SA pagaba apenas 65 mil pesos. Luego de las muertes, pasaron a cobrarle $ 331 mil pesos por mes y hoy son $ 476.856, un valor cien veces menor al de mercado para esa zona. Sólo por el alquiler de los 23 locales que funcionan en las 17 hectáreas del predio, la firma recibe más de 200 mil dólares. El contrato vence en 2021.

La falta de control de las concesiones es un clásico porteño que atraviesa a todos los últimos gobiernos de la Ciudad. Uno de los auditores generales, Facundo del Gaiso lo grafica: “En Costa Salguero se suponía que la empresa debía hacer obras en la ribera, abrir el camino de sirga, no se hizo nada. Según la justicia tiene que haber libre circulación, andá ahora y probá circular por el camino de sirga. Imposible”. Completa: “Si no era por Time Warp ni siquiera se aumentaban los valores de las concesiones. Al menos se pudo empezar a auditar, porque siempre eran lugares difíciles de acceder”.

Uno de los métodos de Telemetrix es subconcesionar. Así, la firma Costa Salguero SA maneja los cinco pabellones del centro de exposiciones, en uno de los cuales se realizó la trágica fiesta electrónica y donde Mauricio Macri se casó con Juliana Awada. Tanto Telemetrix como su subconcesionada comparten la mayoría de su directorio. En Costa Salguero SA se suma como socio Fernando Polledo Olivera, esposo de la diputada de Cambiemos Carmen Polledo, que era vicepresidenta de la Legislatura cuando Time Warp. Federico Bensadón y Alberto Gutiérrez, socios de Olivera en Costa Salguero SA e integrantes de Telemetrix, también componen la firma Emaco, que obtuvo una de las edificaciones de la Villa Olímpica por 148 millones de pesos.

El Buenos Aires Design es manejado por Eduardo Elsztain, a través de Emprendimientos Recoleta SA, el mismo empresario que tiene mayoría accionaria de la UTE que opera el flamante Centro de Exposiciones en Recoleta, cuya construcción, a cargo del Estado porteño, costó más de $ 600 millones. Hasta hace pocos meses, el BA Design sólo abonaba $ 47 mil por mes. Ahora paga $ 397.540, y el propio gobierno admite que el canon debería ser al menos de un millón mensual, teniendo en cuenta que usufructúan casi 70 locales, dos centros de convenciones y 140 cocheras. La facturación supera el par de mil millones de pesos anuales. La concesión vencía en 2013, pero en 2010 Macri se la prorrogó por cinco años, sin licitación ni debate en la Legislatura. 

“El macrismo se caracterizó por un manejo poco transparente de las concesiones que realiza el gobierno porteño. El predio de Costa Salguero es el emblema de todo esto, pero no es un caso excepcional, sino que refleja un modus operandi: ganancias extraordinarias para los empresarios a costa de bajos ingresos para el Estado porteño», enfatiza la presidenta de la Auditoría General porteña, Cecilia Segura. Y agrega: »Después de años de pelear contra el sistemático bloqueo del macrismo, finalmente conseguimos que la Auditoría trabaje sobre las concesiones más polémicas. Este año se terminará un informe que abarca 23 contratos. Todos siguen esta lógica: grupos empresarios, muchos de ellos relacionados con el PRO, que consiguen condiciones muy ventajosas en desmedro de los intereses del conjunto de los porteños. Grandes negocios que recaudan millones, como las plantas de estacionamiento subterráneo, los bajo autopistas, las grúas y la publicidad en la vía pública». 

En 2014, el entonces diputado porteño Gustavo Vera (titular de la Fundación La Alameda) y el dirigente Facundo Di Filippo se presentaron ante la Justicia para denunciar concesiones ilegales. En octubre de 2015, la fiscal Paula Asaro elevó un dictamen al juzgado federal de María Servini de Cubría, que tenía la causa por la entrega a precio vil del Vilas Raquet, donde mencionó al menos 45 concesiones irregulares y apuntó con dureza a la Dirección General de Concesiones durante el macrismo, que habría realizado «diversas maniobras de defraudación en perjuicio de la administración pública», como «cánones irrisorios» o la omisión del «necesario control de esas concesiones y permisos». La causa, que tuvo entre los directores de concesiones acusados a Gabriel Astarloa (actual Procurador porteño) y a Ezequiel Sabor (embajador en México), quedó cajoneada. 

Un caso testigo es la playa de estacionamiento «Gigena», donde la firma Hipódromo Argentino de Palermo SA maneja mil cocheras hace 16 años sin pagar canon. Era liderada por Federico Achával y Cristóbal López, y ahora quedó vinculada a un amigo del presidente Macri, Ivan Achával. A diferencia de lo que ocurre contra los manteros o en los cortes de calles, el gobierno tiene una orden de desalojo desde 2009, pero nunca hizo uso de la fuerza pública.

Di Filippo hace mención a GEA 8, una empresa que hace diez años recibió una decena de estacionamientos bajo autopistas por decreto, todos juntos por única vez: «Es muy rara. Fue creada en abril de 2008 por un empresario argentino (Horacio Fuentes) y otro colombiano (Santiago Castaño Vélez), tres meses antes de recibir las cocheras, por 7000 pesos cada una. Luego pasaron a concesionar el bar del Café del Centro y el del Centro Metropolitano de Diseño, por cinco años, lapso que evita el paso por la Legislatura. Son bastante versátiles». El macrismo se justificó en que entregó todos los bajo autopistas a la misma firma en un solo acto “por el alto riesgo de instrucción, abandono e inseguridad”. Asaro señaló en su dictamen: “No se explica por qué se entregaron las playas a un solo permisionario pues si no eran rentables, cabe concluir que un solo permisionario no querría recibir, él solo, muchas unidades de un mal negocio”. En un par de días la empresa ya amortizaba el canon. Así estuvo hasta hace pocos meses, cuando se los entregaron a otros concesionarios. 

El abogado urbano, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se refiere a las concesiones en el norte de la ciudad, frente al río: «Hay una ilegalidad muy fuerte, comenzando en Costa Salguero y terminando en el boliche Pacha y Pizza Banana, Toda esa zona tiene dos ordenanzas que establecen que una vez finalizadas las concesiones no se pueden volver a privatizar. Y todas, salvo Costa Salguero, fueron nuevamente concesionadas, sin una ley de la Legislatura. Por eso ahora están apresurados por aprobar el Distrito Joven para legalizar esta situación de concesiones vencidas». Y subraya: «Estos terrenos están zonificados como Urbanización Parque, o sea, no se pueden permitir actividades que no sean compatibles con ese uso social y ambiental de los espacios verdes. Sin embargo en Costa Salguero hay hoteles, restaurantes, se realizan fiestas, en Punta Carrasco lo mismo, en el medio del Parque de las Américas hay un boliche. Todo eso está prohibido por ley».

En otros casos, como el CEMIC en Las Heras 2900, pagan menos valor de la tasación oficial: según el Banco Ciudad ese terreno cuesta 148 mil pesos, pero la entidad médica abona $ 31.500. El Modena Design, en Recoleta, no abona canon. Y tampoco lo pagaba hasta hace poco tiempo el estacionamiento subterráneo en Plaza Congreso. La firma Playas Subterráneas SA posee el manejo de cinco playas de estacionamientos. Por la de 9 de Julio, entre Santa Fe y Juncal, abona apenas 60.500 pesos mensuales. TeleRed Imagen S.A. (empresa conjunta entre Torneos y Artear, de Clarín, que en 1994 creó TyC), concesiona por 160 mil pesos al mes hasta 2022 la playa de estacionamiento del bajo autopista en la 25 de Mayo, a la altura de Salta-Lima, precisamente donde funciona TyC.

Pero es el de las grúas, quizás, el caso más escandaloso. Dakota-STO en el norte, y BRD-SEC en el sur, las manejan desde 1991, con un contrato que venció hace 17 años. Larreta prometió llamar a licitación, que debía realizarse el 28 de marzo, pero nuevamente se postergó. Mientras, la tarifa sigue aumentando. En enero subió el acarreo a $ 950, y volverá a crecer a $ 1600. Y el estacionamiento medido ya cubre el 45% de la Ciudad. Según datos oficiales, las grúas se llevan más de 12 mil coches por mes, y la facturación con los nuevos aumentos superará los diez millones de pesos mensuales. A cambio le abonan por mes una bicoca al Estado porteño: sólo 55 mil pesos. 

Privatización de parques, desde tenis hasta antenas

A pesar de que tienen que ser de acceso público, son varios los parques con sitios concesionados. Club de Amigos funciona en el parque Tres de Febrero por un canon «variable» y sin tasación. Doce canchas de tenis y la cantina del Parque Sarmiento están a cargo de Omar Carminatti por 35 mil pesos mensuales. En el Belgrano hay una Ciudad Paintball, y un golf privado en el Parque de La Victoria de Lugano concesionado hasta 2036.

La antena de la torre del Parque de la Ciudad también está concesionada: a Radio Jai y Hamakom SRL, por $ 6000 al mes, con el contrato vencido desde noviembre de 2016. Radio Jai fue noticia en diciembre al ser desalojada de un inmueble de la AMIA que ocupaba hace 20 años en Once. Según el directorio establecido en la asamblea de 2016, el presidente de Radio Jai SA es Juan José Richarte. Numerosas portales dan cuenta de que se trata del padre del ex dos de la SIDE y actual vice 3º de Boca Juniors, Darío Richarte, hombre cercano a Sergio Szpolski. De hecho, el excandidato a intendente de Tigre por el FpV le confesó a los delegados de este diario que Richarte había sido accionista de Tiempo Argentino antes de su vaciamiento en 2015. «