A pesar de las supertasas, el gobierno no logra frenar el dólar

Las Leliq ya rinden 68% de interés, igual que hace seis meses. A pesar de ello, el dólar mayorista subió 11% en el mes. Preocupa la baja oferta de divisas: la liquidación de los agroexportadores sería menor a la esperada y el Central no puede intervenir hasta que la divisa pase los $ 51.
(Foto: Mariano Martino)
31 de marzo de 2019

En coincidencia con la apertura del Congreso Internacional de la Lengua Española, en Córdoba, el presidente Mauricio Macri hizo el último miércoles una nueva contribución al lenguaje popular para poner en palabras la compleja situación económica y social que vive el país. "Hay que aguantar", fue la síntesis en sólo tres palabras de su receta para explicar el panorama desatado a partir de la nueva suba del dólar y del consecuente traslado a la inflación.

Esa cultura del aguante es la única fórmula que enarbola el gobierno para frenar el derrumbe del peso. Es también el producto de una decisión política: en vísperas de una campaña electoral en la que se juega su continuidad en el poder, Cambiemos se muestra dispuesto a mantener sus premisas (algunas por convicción política, otras obligadas por los compromisos con el FMI) de no interferir en los mercados y dejar que la economía se ajuste por sí sola, aunque provoque altos costos sociales.

Por eso el gobierno se mantiene como testigo de lujo del agravamiento de la crisis cambiaria que se está llevando puesta la economía. Mientras, se niega a restablecer controles de capitales y plazos de liquidación de divisas, acepta las limitaciones impuestas por el Fondo para vender sus propios ahorros en dólares y se ilusiona con que en caso de una disparada por encima de la banda cambiaria fijada (no antes), el Banco Central intervenga para tranquilizar los mercados.

La pasividad tiene sus costos. Marzo cerró con un dólar mayorista de $ 43,35, tras consolidar una suba de 11,1% en el mes. En las últimas dos semanas, en particular, el alza fue de 5% y 3%, respectivamente. El último miércoles, además, la divisa regaló una significativa foto a los medios gráficos: muchos bancos la ofrecían al público por arriba de los 45 pesos.

El tipo de cambio es sólo uno (importante, por cierto) de los aspectos que definen el cuadro de situación. Pero tiene una sensibilidad importante para la población, porque su variación se traslada de inmediato a los precios. El gas y la electricidad, los combustibles y los peajes, entre otros rubros, tienen tarifas reguladas en cuya actualización la cotización del dólar tiene impacto directo (ver página 5). Lo mismo ocurre con muchos alimentos básicos elaborados con harinas y aceites, por ejemplo, cuyos productores quieren que el mercado interno los compense por las mayores ganancias que podrían obtener si venden al exterior.

Dogma de fe

La escasa efectividad de las autoridades para frenar la escalada del dólar tiene que ver, entre otras cosas, con sus convicciones sobre el funcionamiento del mercado. Una de ellas es el respeto a las decisiones que los sectores de mayor riqueza económica toman sobre el uso de ese dinero. De esa manera, apenas llegado al poder, Cambiemos liberó la entrada y salida de capitales, con los que se financió ofreciendo jugosas tasas de interés en términos reales. Además, extendió los plazos que tenían los exportadores para liquidar las divisas obtenidas por sus ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y luego fue más allá, eliminando la obligatoriedad.

De esa manera le quitó seguridad al monto total que puede lograr por la oferta de divisas del sector agrícola, que antes garantizaba un flujo cercano a los U$S 25 mil millones a partir de abril de cada año. Ese volumen anticipaba un mercado fluido durante buena parte del año, pero ahora depende de la voluntad de los exportadores. Muchos de ellos podrían tentarse a retener los fondos si creen que el valor del dólar crecerá.

Según el informe conjunto de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, los U$S 3046 millones liquidados por sus socios entre enero y febrero representan 6,5% menos que el año pasado. Ambas cámaras, según trascendió, ya advirtieron al secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, que este año se liquidará un 20% menos de lo habitual, porque la molienda de soja será menor a la prevista y porque los productores con más espaldas financieras esperan una mejora de los precios internacionales antes de cerrar sus ventas.

El FMI no quiere

La no intervención del Estado en la economía, pregonada por el actual gobierno, es una idea compartida por el Fondo Monetario Internacional, su forzado socio de los últimos tiempos. El organismo defiende de manera acérrima la libre flotación de la moneda, priorizando el ajuste en las cuentas externas (caída de importaciones y menor déficit de cuenta corriente) sin importar las consecuencias internas. Por eso, y porque no quiere seguir financiando la fuga de capitales, obligó a que las cuotas del préstamo stand by que periódicamente va girando (esta semana se podría liberar otro tramo por U$S 10.870 millones) sean usadas exclusivamente para el pago de la deuda. Más aún, el Fondo fue duro con el permiso que pidió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para vender en el mercado los U$S 9600 millones acumulados por la refinanciación de títulos públicos en 2018: sólo lo autorizó a subastar pequeñas dosis de U$S 60 millones por día, a partir de abril. Esa cifra es apenas la décima parte de lo que se negocia en el mercado.

Para empeorar el panorama, la franja cambiaria que diseñó el Banco Central es amplia. La entidad sólo podrá comprar dólares a menos $ 39,36 y vender por arriba de $ 50,94, con un tope de U$S 150 millones por día. El límite de la zona de no intervención se actualiza a diario para evitar que la inflación lo desactualice, lo que implica que el dólar todavía tiene margen para subir otro 20% antes de que el Central pueda volcar sus reservas en el mercado.

Que no haya demanda

Con semejantes restricciones del lado de la oferta, la única manera de evitar la presión alcista es restringir la demanda. Sin embargo, la táctica del Banco Central de impedir que crezca la base monetaria para secar la plaza de dinero está mostrando señales de agotamiento. Las Leliq que la entidad coloca en los bancos subieron al 68% (18 puntos más que a fin de febrero) y no lograron incentivar el interés por el peso.

Ante la escasez de caminos alternativos, el Central decidió insistir a los bancos para que trasladen a sus clientes las mejores tasas que están obtenido con la compra de Leliq. Esta semana elevó el límite autorizado de esas letras en cartera al total de los depósitos de sus clientes (hasta ahora era del 65% de ese total). De esa manera, creen en la calle Reconquista, habrá un incentivo para que salgan a buscar más depósitos. El primer impacto fue que la tasa de los plazos fijos subió dos puntos, pero todavía el spread (margen de ganancia de los bancos) es de casi 25 puntos.

El gran objetivo es evitar cualquier desmadre de los $ 1,1 billones que están a plazo fijo en manos del sector privado. Es una potencial demanda de U$S 25 mil millones que puede materializarse si la inflación no encuentra techo o si continúa el deterioro político del gobierno.

En ese contexto, y con los demás indicadores de la economía (inflación, empleo, pobreza, actividad) en rojo profundo, mantener a raya el dólar es lo que está más al alcance del equipo económico. Así trata de calmar los ánimos no sólo de la gente, sino también de la propia cúpula del poder político, que necesita alguna herramienta para encarar la campaña con vistas a los comicios que definirán la continuidad o la salida de Cambiemos de la Casa Rosada. «


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(Foto: Télam)


La inflación no es un fatalismo, la pobreza tampoco

La respuesta de los funcionarios al dato del nivel de pobreza augura que esta seguirá en aumento en este año.

De hecho, según el economista Claudio Lozano, coordinador del IPyPP, la pobreza alcanzó al 35,9% en el último trimestre de 2018, muy por arriba del 32% del promedio del segundo semestre del año pasado. De ser así, significa que habría casi dos millones más de personas pobres en la Argentina que las mensuradas por el Indec en su informe del último jueves. El total de pobres en la Argentina, a fines de 2018, estaría rondando los 16 millones de personas.

Desde que el Indec recuperó los datos de pobreza, en septiembre de 2016, el presidente Mauricio Macri fue el encargado de anunciarlos. En esta oportunidad no fue así. Pero las respuestas de los ministros Carolina Stanley y Dante Sica no hicieron la diferencia respecto de lo que viene diciendo el mandatario.

Por caso, al echarle la culpa a la inflación el gobierno nacional intenta exonerarse a sí mismo de la responsabilidad por la suba de los precios al presentar como un fatalismo lo que es la consecuencia del traumático final de la operación de endeudamiento de los primeros dos años y medio de gestión macrista. La devaluación que sobrevino después fue uno de los factores más importantes en la suba de los precios del 48% en 2018 que golpeó los salarios, las jubilaciones y los planes sociales.

El crecimiento de la pobreza es inversamente proporcional a la caída del poder adquisitivo de los ingresos. En 2018, los aumentos de todos los tipos de ingresos en pesos estuvieron por debajo del incremento de la inflación, lo que hizo que sus perceptores se empobrecieran. Combatir la pobreza es, en primer lugar, mejorar esos ingresos.

Frente a esta realidad, el gobierno responde con evasivas. Por un lado, apunta hacia un supuesto mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres, a un cambio en la llamada "pobreza estructural". Stanley y Sica abundaron en ello. Sin embargo, los datos del Indec (indicadores de condiciones de vida de los hogares) los desmienten: entre 2016 y 2018 prácticamente no cambió la cantidad de hogares con servicio de agua y cloacas; tampoco la de hogares construidos con materiales adecuados; y se mantiene estable la cantidad de personas que vive cerca de basurales o zonas inundables. Por último, un informe del Enargas indicó que 87 mil hogares se desconectaron de la red de gas en el Gran Buenos Aires el año pasado.

Por el otro lado, los ministros fueron poco claros respecto de la ayuda social. Pero conviene aclarar que si bien el gobierno incrementó en un 47% el valor de la AUH, una buena parte de la medida se fue en la recuperación de su poder adquisitivo perdido en 2018. Y el resto del incremento se irá licuando en la medida en que la inflación persista en sus actuales niveles.

La solución que el gobierno encontró al estallido de la burbuja de deuda ha profundizado la recesión, lo que también impacta en la pobreza por el incremento del desempleo. Pero, además, plantea la inevitabilidad de un nuevo salto de la pobreza y la indigencia porque se están sembrando las causas de una mayor inflación.


ENCUESTA

En la web de Tiempo, los lectores opinaron sobre los motivos del salto del dólar. El 42,9% sostuvo que fue por la pérdida de confianza en el plan económico; el 28,5%, por las imposiciones del FMI; el 27,7%, por impericia del gobierno; y el 0,9% por el año electoral.

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