«Creemos que el juego no es algo bueno para los bonaerenses, creemos que este gobierno tiene que estar del lado de los que sufren esta adicción, y no del lado de los que promueven esta adicción». Las palabras pronunciadas por la gobernadora María Eugenia Vidal meses atrás no condicen con sus acciones. A pesar del discurso antimafias, esta semana la Legislatura bonaerense aprobó la iniciativa oficial de habilitar las apuestas online. La oposición cuestionó que la incluyeron sin debate, enmascarada dentro de la Ley Fiscal Impositiva, y junto con la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia coincidieron: «Cada casa puede ser un casino».
La incomodidad dentro del bloque de Cambiemos por la contradicción discursiva se hizo latente hasta horas antes de aprobarse el proyecto. Sugerían que se tratara como una ley aparte. Pero el Ejecutivo presionó: «Tiene que salir ahora». La razón de fondo parece ser los 15 mil millones que esperan recaudar, con la posibilidad de otorgar hasta siete licencias. Desde el Ejecutivo esgrimieron que siete es el número de firmas que pueden controlar, y que permitir menos «sería monopolio».
En la norma se traduce más de un guiño hacia los empresarios españoles: no sólo porque permite que firmas internacionales participen en una UTE con nacionales, sino porque gran parte del articulado parece copiar y pegar la ley española. «Hay un lobby fenomenal. En la Provincia se calcula que hay 16 millones de habitantes y 40 millones de celulares. Sólo con que juegue un 20%, imaginate la cantidad de apuestas que habría, y sobre todo las apuestas deportivas que abundan en España. Pero al menos los españoles lo sacaron por ley, y metieron artículos sobre prevención y control. En la versión bonaerense ni siquiera incluyeron eso», enfatiza la senadora María Teresa García, de Unidad Ciudadana, que presentará un pedido de inconstitucionalidad.
Su reclamo se centra en el artículo 37 de la Constitución provincial, que especifica: «La Provincia se reserva la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos» y «no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica». Para camuflar la privatización, la norma otorga al Estado un 8% de la administración del sector.
Casi un 60% de las apuestas son deportivas, donde los españoles son amplios dominadores del sector. El proyecto no excluye como licenciatarios a funcionarios ni a autoridades de clubes deportivos, y los municipios donde estén radicadas las empresas también recibirán un porcentaje. El proyecto sostiene que un 8% de lo recaudado irá a Rentas Generales para un fondo que atienda acciones de Salud, Educación y Desarrollo Social. Sin embargo, la propia gestión Vidal dispuso una baja de la inversión en Educación en el Presupuesto 2019 (pasa del 26% al 23,9% en el gasto provincial), y también en Salud, que caerá a su mínimo histórico de 5,5 por ciento. Sólo «aumentará» un 28%, bastante por debajo de la inflación oficial.
El proyecto le otorga a la autoridad de aplicación (Lotería de la Provincia) la facultad de autorizar publicidad, pero sin ninguna restricción. No establece ningún límite respecto a los medios que pueden ser utilizados, al tipo de mensaje que se da; ni obliga a leyendas del estilo “juega con responsabilidad”.
Fue la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el padre José María «Pepe» Di Paola, y que responde directamente a la Conferencia Episcopal Argentina, la que primero salió desde la sociedad civil a criticar la iniciativa de Vidal. «Cualquier joven desde el celular podrá estar en línea con la enorme oferta que presenta el juego online. La población de alta vulnerabilidad en la que vivimos recibirá mensajes ambiguos y peligrosos». La Comisión rechazó que el Estado ofrezca a los jóvenes la «timba como posible solución a su vida», y completó: “Esto supone que todo aquel que está bancarizado, aunque sea por las asistencias sociales, sería un posible jugador”.
García auguró que «la gobernadora convertirá a la provincia en Las Vegas, ya no va a haber necesidad de que la persona vaya al casino, con tener el celular será suficiente», y acotó: «Lo más grave es que en todo el mundo los organismos que trabajan para combatir el lavado de dinero y activos están poniendo el ojo en el juego online, es la manera más rápida y sencilla para lavar activos, no hay límites y podés crear los usuarios que quieras, sobre todo en póker, la ruleta o en la elección de equipos en enfrentamientos deportivos. Lamentablemente, el mismo gobierno que genera una situación de pobreza crítica y estructural agravada, permite que la gente desesperada, sobre todo los jóvenes, pueda ver en el juego una salvación». «
Ludopatía, un problema de salud mental ausente en el proyecto
El texto aprobado omite las consecuencias que genera la ludopatía y no propone acciones de monitoreo o protección de la salud. La senadora Teresa García apuntó que en España, apenas tres años después legalizarlo, el juego online se convirtió en la segunda causa de ludopatía con más pacientes adictos en tratamiento: «En este tipo de juego la ludopatía tarda en desarrollarse de 1,5 a 2 años frente al período de entre 6 y 8 del juego tradicional presencial».
Los afectados crecen, con un promedio de edad cada vez más bajo. De acuerdo a datos del ex Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, mientras en 2010 había un 0,7% de jugadores patológicos, cinco años después la cifra se duplicó. También analizaron la problemática del juego con las nuevas tecnologías en alumnos de escuela media de entre 12 y 17 años. Encontraron que el 20% apostaba por dinero, y el 14% jugaba más de cuatro horas por día. «Es una población con un grado importante de vulnerabilidad y una naturalización del uso de pantallas, con sintomatología asociada a su ritmo de juego (problemas personales, de escolaridad, baja autoestima, irritación si tiene que dejarlo); por eso la prevención es fundamental para desarticular esa modalidad de juego tan intensiva», afirma Verónica Mora Dubuc, secretaria del capítulo de juego patológico de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA). Destaca que «una cosa interesante del estudio que hicimos es que los chicos aún eligen otra alternativa que no es jugar, cuando tienen posibilidad de hacerlo. Ir a recitales o hacer deporte, por ejemplo. Pero les resulta caro o difícil. Por eso el Estado, aparte de regular el juego online, debe promover alternativas recreativas accesibles para todos».
Dubuc subraya que la ludopatía es un problema de salud mental reconocido internacionalmente, que requiere tratamiento y posee riesgo vital: «Es la adicción con mayor índice de mortalidad. Por la magnitud y gravedad del problema es un tema de salud pública, por eso cuando de alguna manera aparecen acciones en el ambiente que facilitan o promueven o potencian los factores de riesgo para el problema, la salud pública debe decir algo”. E instó a “una regulación inteligente que permita una vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo”.
Desde hace 14 años la Provincia cuenta con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo (0800-444-4000), que atiende unos mil casos por mes: «Se empiezan a ver más problemas con los juegos online», advirtieron a Tiempo. «Prohibir algo está más que comprobado que no es la solución. La adicción va mucho más allá de jugar, porque también hay sustitución del objeto de consumo. Pasa porque el paciente deje una posición pasiva y sea más protagonista de su vida».
