Acusan a Techint de buscar desfinanciar a la ciudad de Ramallo

El intendente asegura que la empresa pretende reducir sustancialmente el monto de una tasa clave para el municipio.
2 de Diciembre de 2017

Siderar, una de las siderúrgicas del Grupo Techint, presentó una medida cautelar ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, a fin de dar un punto final al pago de un impuesto que va a las arcas del municipio de Ramallo. El eje del conflicto es el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH). Las autoridades de Ramallo aseguran que se trata de una maniobra política que "podría desfinanciar el municipio" y derivar en un "golpe institucional". Desde la empresa, por su parte, consideran que pagan "100 veces más del valor real del servicio".

Desde Siderar explicaron a Tiempo que la presentación judicial se hizo "con el fin de que se despeje el estado de incertidumbre jurídica". Esto porque aseguran que la normativa municipal "dispone que la tasa debe guardar proporción con el costo de prestación del servicio municipal", y al mismo tiempo "exige a Siderar el ingreso de 122 millones de pesos anuales, cifra que excede (con creces) el costo" de ese servicio.

Pero el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, refutó esa posición: "El municipio hace inspecciones, controles permanentes, además del mantenimiento de los accesos, la limpieza de las banquinas y una serie de servicios. Por ejemplo, la empresa (por Siderar) tenía un conflicto de accesos porque no tenía por dónde sacar la producción y el municipio construyó un camino de tránsito pesado para ellos. La tasa que se paga surge de un cálculo realizado a partir de la cantidad de empleados y a la paritaria de los empleados municipales", dijo en diálogo telefónico con Tiempo.

La pretensión de Siderar, sugiere la empresa, "se encuentra en línea con lo acordado en el reciente Pacto Fiscal entre el presidente y los gobernadores, en donde se acordó que los municipios deben promover la adecuación de las tasas municipales, de manera tal que sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo del servicio municipal".

Poletti ve este punto como un hecho "curioso". "Nación y Provincia no hacen descuentos a las empresas amigas en impuestos provinciales o nacionales. Hacen beneficencia con el dinero de los municipios." En ese sentido, agregó: "La empresa pagó siempre con este sistema, sin presentar quejas. A partir de diciembre de 2015, con el cambio de época, pasaron a ser parte de un grupo de poder y se animan a estas cosas. Todos somos iguales ante la ley. Al municipio y a los vecinos, todos los insumos básicos nos aumentan y no tenemos la posibilidad de presentar una cautelar. Este grupo empresario forma parte de un círculo rojo que cuenta con un sistema judicial que no es independiente. Esto los envalentona para plantear este tipo de cosas", aseguró.

Siderar alega haber pagado este año "122 millones de pesos, en concepto de TSH, lo cual implica 10 millones de pesos por mes. Durante los últimos once años (2006-2017), esta tasa registró un aumento acumulado del 3396 por ciento. Para el mismo período, la inflación argentina acumulada fue del 438 por ciento. No hay ninguna razón operativa que justifique estos aumentos".

El intendente plantea que "en nuestra gestión, durante el primer año y medio la empresa no sufrió aumentos. Y este año el aumento fue del 16%, cuando todos sabemos que la inflación está diez puntos porcentuales por encima de eso".

Siderar asegura que solicitó al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) la realización de un estudio técnico con el objetivo de calcular el costo de un servicio de inspección de Seguridad e Higiene en planta con las mismas características del que brinda la Municipalidad de Ramallo. "El estudio concluyó que el costo del servicio es de entre 1,2 y 1,4 millones de pesos anuales. Este estudio técnico indicó que Siderar paga entonces casi 100 veces más de lo que se considera un valor razonable", indicaron en la empresa.

La máxima preocupación de Poletti es que "el importe que paga Techint representa casi el 30% de la recaudación municipal. Sin ese aporte, no podríamos pagar los salarios de los empleados municipales, por ejemplo. Desfinanciaría el municipio. Nos pondría en una situación de profunda crisis. Nos estarían dando un golpe institucional y ellos lo saben".

Mientras la empresa ratifica que tiene "absoluta disponibilidad para cumplir con nuestras obligaciones, acorde a prestaciones reales y a incrementos no discrecionales", en el municipio subrayan que "teníamos un diálogo permanente, pero nos enteramos de la presentación judicial a través de los medios. De todas formas, no estamos cerrados al diálogo". «

No avanza el pedido italiano de investigación a Paolo Rocca

A un mes de la "tensa" reunión que mantuvieron un fiscal italiano y funcionarios judiciales argentinos en Buenos Aires, el pedido de investigar mails y otras comunicaciones de Paolo Rocca y otros altos ejecutivos de Techint no dio un solo paso.

El fiscal de Milán, Italia, Fabio Di Pasquale impulsa una investigación en su país acerca del pago de coimas entre una subsidiaria brasileña de Techint y funcionarios de ese país para obtener obras requeridas por la petrolera semiestatal Petrobras en 2011.

Esas coimas se habrían vehiculizado a través de la cuenta que la sociedad offshore Hayley SA poseía en el Milennium Banque Privée de Suiza.

El pasado 1 de noviembre, Di Pasquale se entrevistó con la jueza federal María Servini de Cubría y los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano, a quienes pidió que se avanzara en las medidas que el Ministerio Público de Milán había solicitado vía exhorto en octubre. Entre esas medidas se encuentra, entre otras, el pedido de citación a declaración indagatoria de Rocca y el secuestro de correos electrónicos y registros de llamadas del empresario y otros miembros de la cúpula de la compañía.

En agosto pasado, el Cuerpo de la Policía Tributaria de la Guardia di Finanza de Milán registró las oficinas del grupo Techint en Milán en un procedimiento en el que se investigaba el accionar de la empresa de servicios petroleros Saipem, que pertenece al conglomerado estatal ENI. Los fiscales Di Pasquale e Isidoro Palma investigaban a Saipem por el presunto delito de corrupción internacional en relación con un contrato adjudicado en 2011 por Petrobras a las filiales francesa y brasileña de Saipem.

Los fiscales están convencidos de que Techint Compagnia Tecnica Internazionale SpA, con sede en Milán, participó de las maniobras de Saipem.

Pero la investigación en la Argentina no ha dado un paso desde que Di Pasquale se entrevistó con los funcionarios judiciales argentinos.

Según refirieron los matutinos Perfil y La Nación, Taiano contestó que "el sistema argentino no funciona así" y aseguró que las pruebas presentadas por la fiscalía italiana no eran sustanciales como para iniciar una investigación en la Argentina que permitieran consolidar la idea de que hay un vínculo directo entre Techint, sociedades offshore y cuentas en Suiza utilizadas para pagar sobornos a funcionarios brasileños. «

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