Tal como lo había anunciado el gobierno, a partir de este miércoles comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica, que dispone nuevos aumentos. El ministro de Energía Juan José Aranguren había dicho que la suba se anunciaría antes de ponerse en marcha, pero hasta el cierre de esta edición no lo había hecho. En su momento, había adelantado que la factura aumentará en un 36% promedio.

En la audiencia pública de fines del año pasado, las distribuidoras Edenor y Edesur habían planteado la necesidad un 30% de ajuste promedio en sus ingresos (en algunos casos, llegaba hasta el 80%). Pero también se debe tener en cuenta el aumento por generación de energía, que se incluye en esta suba y significa la mitad del monto de la boleta. También se eleva el costo de transporte, aunque el monto es casi simbólico en la factura.
Con el 36% promedio especulado por Aranguren en su momento, la boleta llegaría hasta los $ 490. Según el funcionario, el 40% de los usuarios del área metropolitana, que consumen entre 150 y 300 kwh, tendrían subas de $ 110.

Con respecto a la generación de energía, hoy en día el Estado subsidia el 70% del valor. La intención del macrismo es bajar esa proporción semestralmente hasta llegar a 10 por ciento. A partir de este 1 de febrero, el subsidio bajará hasta el 50 por ciento. Para 2018, los hogares tendrán que pagar un 63% del costo de generación en Buenos Aires, y en 2019, el 90 por ciento.

Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), explicó a Tiempo que «el gobierno prepara cuatro aumentos de luz y de gas por año, más otro de agua. Tanto para la luz como para el gas, son dos aumentos semestrales para la generación y otros dos para transporte y distribución. Y el agua tendrá otro aumento este año también. Esto nos va a llevar a lo que se llama pobreza energética, que ocurre cuando la gente no puede pagar las facturas y debe elegir, en muchos casos, entre comer o pagar la boleta».

Con respecto a las dudas y misterios sobre el cargo en la generación de energía, Boada precisó que «el problema es que para el gobierno ese es un precio de mercado, libre y no hay investigación sobre cómo se compone. Además, está atado al costo del gas en boca de pozo, que a su vez fue dolarizado y depende del valor de esa moneda. Por eso, es muy difícil de calcular. Pero con el aumento anterior se duplicó y ahora suponemos que se va a volver a duplicar», especuló.

Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres, dijo a Tiempo que «el gobierno va a ceder todo lo que pidieron las empresas en la audiencia. El tema central es el absurdo de colocar a los usuarios a financiar las inversiones de las empresas; primero deberían ellas hacer sus inversiones, pero acá es al revés: los usuarios financian de antemano hipotéticas inversiones que después nadie controla.» Además, expresó Polino, «los subsidios a las distribuidoras continúan y hay mucha oscuridad sobre cuál será el aumento de la generación. Todo el proceso es irregular: condonan deudas millonarias a distribuidoras, continúan subsidios y aumentan tarifas.»

Polino insistió con un concepto que ya había indicado en la audiencia pública de diciembre: «El Estado debería rescindir el contrato» con Edenor y Edesur, por reiterados incumplimientos. «Recibieron subsidios millonarios durante años, no realizaron inversiones y el servicio que ofrecen es de pésima calidad, con reiterados cortes que aumentan cada año. El Estado tiene la obligación de rescindir el contrato», detalló. «

La UIA avisa: habrá traslado a los precios

La situación de los comercios y de las pymes con relación a las tarifas de electricidad es más compleja aún, ya que los fuertes aumentos del año pasado dejaron a muchas empresas al borde del colapso; sobre todo, a aquellas que dependen de la energía para producir. Aunque menor, ahora sufrirán un nuevo golpe que se acumula al anterior.

Algo similar ocurre con el sector industrial. Al respecto, el presidente de la Fundación ProTejer, Jorge Sorabilla, consideró: «No está claro cuál va a ser el aumento real. El año pasado tuvimos subas del 90%, con lo que se volvió estéril cualquier esfuerzo por ganar productividad.» En tanto, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja dijo que «los aumentos son trasladables a los precios de los productos industriales, pero el mercado no es homogéneo en todos los sectores. La recesión y la recuperación no son iguales para todos, por lo que la industria será muy prudente para no perder participación en el mercado.» De todas formas, Funes de Rioja aseguró en declaraciones durante la semana que «hay un déficit estructural energético que se debe resolver».

Para Polino, «los comercios van a trasladar a los precios los costos de estructura y no siempre en la misma proporción, sino que lamentablemente lo harán en proporciones mayores aún, ya que no se puede tener certeza de cuál es la incidencia del costo de la energía en el costo final de cada producto».