El gobierno le abre el juego a las rampas low cost y los trabajadores denuncian "negociados"

Los gremios del sector impugnaron la decisión de desregular la actividad de la empresa estatal Intercargo porque flexibiliza de hecho las condiciones laborales.

(Foto: Presidencia)
15 de Enero de 2019

Por medio del decreto 49/2019 que se publicó este martes en el Boletín Oficial con firmas del presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la administración resolvió cambiar el marco regulatorio y llamar a licitación para abrir a prestadores privados la actividad que explota en los aeropuertos en forma exclusiva la empresa estatal Intercargo, que opera las rampas y escaleras de todas las terminales.

Se trata de un nuevo paso del gobierno dentro de la política aerocomercial que promociona con el slogan de "la Revolución de los Aviones".

Intercargo tenía la concesión de la tarea desde abril de 1990, en principio en Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery para luego extenderse al resto de las terminales del país. Actualmente la empresa estatal emplea a unas 1.700 personas.

El Ministerio de Transporte, promotor número uno de "la Revolución de los Aviones", tiene el 100% del paquete accionario de la empresa desde el año pasado.

Trabajadores contra el "negociado"

Los trabajadores aeronáuticos condenaron la decisión. La Asociación del Personal Aeronáutico se declaró en estado de alerta y movilización en respuesta al "negociado de la desregulación de la rampa”.

En un comunicado denunció que la medida “abre el camino para desmantelar una empresa estatal rentable como Intercargo y regalarles el jugoso negocio a grupos económicos privados transnacionales vinculados a altos funcionarios del gabinete nacional”.

Y agregó que la decisión extiende “la política nefasta de atacar a las empresas de bandera y a sus trabajadores: de dejar caer otras empresas privadas nacionales a expensas de las low cost transnacionales amigas del gobierno; de promover pseudo-sindicatos de empresas low cost para derrumbar los costos laborales y de privilegiar negocios particulares sobre el interés general”.

En ese marco, plantearon que la medida “significará la precarización de los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores de la actividad de rampa y una amenaza directa a sus puestos de trabajo”. Por lo que el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió que puede llevar a cabo medidas gremiales, legales y políticas para defender los intereses de sus agremiados.

El empleado de Intercargo y secretario de Derechos Humanos de la Unión del Personal Superior Aeronáutico (UPSA), Pablo Fresco, cuestionó al gobierno: “Hablan de monopolio pero Intercargo es una empresa pública, es el Estado presente garantizando los servicios públicos. Cuando tomen servicio los privados no van a ir a Bahía Blanca, San Juan, Resistencia, Paraná ni a ninguno de los aeropuertos que no son rentables”. 

“No solo están en juego los 2.000 puestos de trabajo sino que en un momento en el que el Estado necesita dólares genuinos se quiere dilapidar a una empresa estatal que genera dólares, que es superavitaria. A raíz del tipo de cambio tiene un superávit de más de 14 millones de dólares de reservas acumuladas que podrían ser usadas por el Estado y que en lugar de eso se quiere entregar a los verdaderos monopolios”, concluyó.

La letra chica del decreto:

El texto justifica la medida porque “se inscribe en el marco del plan estratégico denominado la ‘Revolución de los Aviones’ que procura una mejora en la calidad de los servicios con mayores inversiones y nuevas ofertas”.

El gobierno argumentó que el servicio que presta Intercargo es “esencial” para el transporte aéreo por lo que consideró “necesario promover la competitividad”, mejorar la eficiencia y la calidad global de todos los eslabones de la cadena”.

Además el decreto plantea el amparo del Convenio de Aviación Civil Internacional y demandó “uniformidad de oportunidades para todas las aerolíneas que operen” en el país “o lo tenga como escala o punto de destino”.

El texto explicó que “ahora la ANAC estará a cargo de la fiscalización del servicio de atención en tierra de aeronaves, colocación de trabas y calzas y conos de seguridad, y viceversa”.

También tendrá a su cargo la “facilitación de elementos para el descenso y el ascenso de pasajeros a las aeronaves y su desplazamiento en las instalaciones aeronáuticas (escaleras, autobuses, puentes de embarque y/o instalación que lo reemplace”.

Otras tareas son: “Carga, descarga y desplazamiento de equipaje, mercadería y otros elementos objeto del transporte aéreo. Suministros a aeronaves, excluidos combustibles y lubricantes, lo cual comprende, entre otros, a la energía, aire, agua y comunicaciones. Limpieza de cabinas, sanitarios, renovación de depósitos de tratamiento de desechos y retiro de residuos”, enumera el decreto.

También se comprende el abastecimiento de suministros asociados a esas tareas, “incluyendo desinsectación, desodorización y desinfección de habitáculos”, lo que podría abrir la puerta al ingreso de empresas no estrictamente vinculadas a la actividad aérea ni aeroportuaria.

Quedan bajo la misma medida los trabajos de lavado externo de aeronaves. desplazamiento de retroceso desde la posición de parqueo hasta la posición de inicio de taxeo, además de “toda otra actividad o servicio similar, coadyuvante o necesario para las prestaciones mencionadas precedentemente”.

La llegada de nuevos prestadores a los aeropuertos dependerá de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y del ORSNA: “Toda empresa habilitada por la Autoridad de Aplicación podrá prestar el servicio de atención en tierra a aeronaves, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto”, concluye el mensaje.

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