En su carrera por reducir el déficit fiscal el gobierno tiene un blanco preciso: los empleados públicos nacionales. El jueves pasado dio el puntapié inicial para producir lo que se estima serán 958 nuevos despidos. Esta vez serán los empleados del Ministerio de Agroindustria, a cargo del extitular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Con la experiencia reciente de la huelga del INTI por 258 despidos y la ocupación de sus instalaciones durante dos meses, lo que afectó al comercio exterior y generó malestar dentro de la Unión Industrial Argentina, esta vez, las autoridades optaron por vaciar el lugar mediante un asueto decretado durante la tarde del jueves y que se extenderá hasta mañana. El viernes, un operativo policial ordenado por el gobierno buscó evitar la  ocupación de esa cartera.

Según señalaron a Tiempo dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya se enviaron 330 telegramas que llegaron desde el viernes a los domicilios de los trabajadores. Sebastián Rivera, delegado general de la Junta interna de ATE, explicó que «se verifica una orientación muy clasista en los despidos. Apuntan a los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que se encarga de desarrollar políticas públicas para los sectores más vulnerables del agro y hacia los trabajadores que perciben los salarios más bajos, de apenas 12 mil pesos».

Karina Maloberti, de la Junta Interna de ATE Senasa, explicó que «esperamos 380 despidos en Senasa a partir del lunes de un total de 958 que es lo que reclaman Lopetegui y Quintana, según el plan de dotaciones óptimas desarrollado por el Ministerio de Modernización. Podrían completarse en organismos descentralizados como INTA o INASE».

Según las conclusiones parciales de ese relevamiento impulsado por el ministerio a cargo de Andrés Ibarra, que se filtró en septiembre de 2017 y aspira a una reducción del 15% de la planta de empleados estatales nacionales, en Agroindustria existiría un «sobrante» de 922 trabajdores. En Senasa se sugiere una reducción de 364 (ya hubo 130 despidos en enero), en el INTA, 1047. Para esa fecha aún no estaba concluido el relevamiento sobre en Instituto Nacional de Semillas, que cuenta con 175 empleados. 

Sólo durante enero y febrero el gobierno nacional produjo 2700 despidos entre los ministerios y los organismos descentralizados.

Maloberti explicó que «con los 130 despidos de enero se cerraron programas que ofrecían asistencia a productores rurales. A diferencia del INTI no hay una privatización de servicios sino un recorte que recaerá sobre los productores que deberán asumir costos que antes solventaba el Senasa».

Los trabajadores cesanteados revisten, en general, bajo la modalidad de contratación del artículo 9, que ofrece todos los beneficios de la planta permanente pero no la estabilidad laboral y, por lo tanto, no conlleva indemnización. Se trata de empleados que pueden tener más de diez años de antigüedad y que heredan esa situación de  precarización y vulnerabilidad de las gestiones que precedieron la actual.

Maloberti explicó que mañana se hará una asamblea conjunta en el hall de la sede central del Senasa en el marco de un paro de 24 horas con la posible ocupación de las instalaciones. Rivera, por su parte, adelantó que también mañana se hará una importante actividad para reclamar la reincorporación de los despedidos.

Daniel Luna, delegado despedido del INTI y reinstalado por la Justicia mediante una medida cautelar, señaló a Tiempo que «el asueto fue para evitar una ocupación como la del INTI. El miércoles que viene hay asamblea ordinaria de ATE, es una excelente oportunidad para tomar una medida de conjunto de todos los estatales para frenar los despidos».  «