«Los planes sociales no llegan ni a un cinco por ciento del total de quienes no están en relación de dependencia, pero nosotros queremos que se conviertan en planes de trabajo», dice Alexandre Roig. Es investigador del Conicet, fue decano del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín y militante del Movimiento Evita. Esta semana cumplió dos meses al frente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo que tiene la misión de regular y promover el cooperativismo. En diálogo con Tiempo, reconoce que es muy difícil acceder a un crédito para la producción y anticipa que prepara un sistema de créditos no bancarios para el sector y otro para hacer frente a la crisis agravada por la pandemia.

–¿Cómo se explica que un sector tan golpeado pueda ser un motor para salir de la crisis?

–Este es un sector central en la sociedad que al mismo tiempo es invisibilizado. Es un dispositivo colectivo que privilegia lo común. Siempre se sale mejor de las crisis con procesos colectivos y no individualizados. Nuestra sociedad está entre las más cooperativizadas y mutualizadas del mundo, pero en el imaginario político general no tiene esa presencia. El imaginario está partido en dos: el Estado y el mercado. La realidad está por lo menos dividida entre el capital público, el social y el privado. Hay que lograr visibilizar, instalar y darse cuenta de que ese imaginario ya funciona así en la Argentina, y funcionaría mucho mejor si asumiéramos que es así.

–¿Qué medidas planea tomar para darle esa centralidad al movimiento?

–Tenemos que contribuir a reconstruir y fortalecer el tejido productivo. La primera política es facilitar el proceso de matriculación. Ningún empresario avanzaría sin antes tener conformada la sociedad anónima y cada cooperativa necesita su matrícula. Es el pilar del derecho a la producción. Lo segundo tiene que ver con recursos bajo forma de crédito. En una situación de crisis económica y con un país endeudado por el gobierno anterior, hay un límite en la captación del excedente fiscal que está restringido. Además, venimos de dos conflictos políticos por razones fiscales durante el kirchnerismo, la 125 y el Impuesto a las Ganancias, donde la disputa por el excedente del capital fue una disputa bajo forma fiscal.

–¿Ve otras formas de disputar ese excedente?

–Sí, orientarlo hacia el crédito a la producción. Eso implica acuerdos y no conflictos con los actores productivos. El problema en nuestro país es que la mayor parte del crédito está apuntado al consumo y tenemos graves dificultades para encontrar créditos a la producción. Hay varias políticas en ese sentido en el Ministerio de Desarrollo Productivo en el cual está el Inaes. Hay que ampliarlos hacia los sujetos que no acceden al crédito.

–¿Cómo lo haría?

–Desarrollando créditos a la producción para el cooperativismo y el mutualismo. Queremos crear un ecosistema financiero para la economía social orientado a la producción.

–¿Sería un sistema nuevo?

–El sistema bancario se rige en función de los criterios de Basilea y nosotros tenemos que armar un criterio financiero para la producción acorde con las realidades del cooperativismo y de un sector pyme.

–¿Cómo sería sin bancos de por medio?

–Queremos armar fondos productivos, como algunos de los creados en la gestión de Mario Cafiero. Tenemos que elevarlos y permitir un acceso a través de fondos fiduciarios. A la vez, necesitamos generar un dispositivo de autorregulación del sistema crediticio cooperativo y mutual que permita dar la garantía de un buen funcionamiento. Es para el cooperativismo y el mutualismo, pero también para el conjunto del sector productivo. Orientar el crédito hacia la producción es otra forma de intervenir en los procesos productivos.

–¿Cómo conviven los fondos fiduciarios con los subsidios?

–En la medida de lo posible, los subsidios tienen que ir mucho más a la promoción de las cooperativas que recién se organizan o nacen, o para situaciones de crisis. Lo normal tiene que ser el crédito. Es la gran herramienta productiva. Un sistema financiero no bancario es lo que permite construir un crédito propio y confiable en el sistema cooperativo y mutual. Tenemos que ir a una sociedad cada vez menos subsidiada, donde el Estado crea y se enfoque cada vez más en los sectores productivos.

–La pandemia puso a prueba la capacidad de sobrevivir de las cooperativas, ¿se ha contabilizado la cantidad de cierres?

–Se han dado más matrículas de las que se han bajado. El 2020 fue un año de creación de cooperativas porque hay una política que las incentiva. Además, la cooperativa se ha presentado como una opción legítima y potente para salir de la pandemia. La solidaridad es la forma de regulación de los conflictos y es mucho más eficiente que el capital. Ahora estamos trabajando en fondos que permitan atender el sobreendeudamiento fiscal, de alquileres, con proveedores. Vamos a generar fondos de compensación para acompañar los procesos de desendeudamiento.

–¿Qué dimensión tendría el nuevo sistema de crédito?

–No me quiero arriesgar, pero en este momento el Inaes tiene un fondo anual de 1500 millones de pesos. Para un ciudadano es mucho, pero para una política estatal es poco.

–¿Cuál es el plan para afrontar la incertidumbre generada por el vencimiento del decreto de desalojos?

–Vamos a hacer un análisis sectorial y a crear herramientas compensatorias para cada uno de acuerdo a los límites nuestros. Vamos a poner todo a disposición para acompañar a las cooperativas y mutuales sobre un principio fundamental: que nadie se quede atrás.

–Dos grandes reclamos de las cooperativas son su inclusión en el sistema de ART y la seguridad social. ¿Los tomará desde su gestión?

–Nuestra agenda incluye el tema de las ART. La propuesta del Ministerio de Trabajo es interesante y nos permite avanzar con la universalización. Creo que van a ser incluidas este año. Siempre es más difícil resolver problemas estructurales en medio de una crisis. Hay demandas reales, que requieren un análisis de fondo y en momentos de crisis son más complejas. La cuestión previsional es un gran problema del sistema en su conjunto. Después del crédito a la producción, nuestra principal preocupación va a ser desarrollar un sistema de seguridad para el cooperativismo y el mutualismo.

–¿A cuántos cooperativistas abarcaría?

–Hay que activar un sistema jubilatorio para la mitad de la población económicamente activa. Tenemos la misma cantidad de aportantes al sistema jubilatorio que en los ’70, pero con un número de jubilados que va creciendo. Se resuelve aumentando la base de aportantes y para eso hay que generar un nuevo régimen para quienes no están en relación de dependencia. Se avanzó mucho en asumir que vivimos en sociedades de pleno trabajo, pero no de pleno empleo. Todos los argentinos y argentinas laburan. Al inicio de la pandemia teníamos unos 550 mil planes sociales y nueve millones de personas obtuvieron el IFE. Es decir, los planes sociales no llegan ni a un 5% del total de quienes no están en relación de dependencia. Queremos que se conviertan en planes de trabajo. Aun así, es una ínfima parte. Hay que asumir que no estamos en una sociedad de vagos, sino de trabajadores cuyo trabajo no está reconocido. Ahí es donde la agenda de la economía popular, social y feminista converge plenamente. «

El debate en el sector

Un debate en la historia del cooperativismo es no ser una rueda de auxilio del capitalismo en crisis, sino animarse a todo. Sin embargo, quedó claro que el asociativismo es una forma de evitar cierres y pérdidas de trabajo en la pandemia. En 2020, se crearon 626 cooperativas y ninguna se dio de baja. El Inaes, además, inscribió 48 mutuales y dio de baja tres. Días después del inicio de la cuarentena, en marzo del año pasado, Mario Cafiero fijó un criterio, aún sigue vigente. «Entre el macrismo y la pandemia van a caer muchas empresas que tenemos que recuperar. Las matrículas tienen que salir rápido», dijo quien presidió el organismo hasta su fallecimiento, en noviembre del año pasado.