Alternativas populares a la especulación inmobiliaria

En Singapur se prohíbe la propiedad privada de la tierra, y en Patagones se promueve un modelo social de construcción de casas. Se trata de acciones comunitarias para democratizar el acceso a la vivienda. Los casos de Londres, Canadá, Bolivia y Venezuela
7 de Abril de 2018

El simple recuerdo de que la crisis financiera mundial de 2008-2009 tuvo su origen en una burbuja especulativa generada en los mercados hipotecarios del Primer Mundo basta para comprender que las viviendas se han convertido en mercancías para la especulación del capitalismo concentrado. La contrapartida a ese panorama desolador está en la variedad de acciones comunitarias que se multiplican en todo el mundo y están pensadas por fuera del lucro para democratizar el acceso a la vivienda.  

En la Argentina, para tomar un crédito hipotecario UVA, eje de la política de vivienda del macrismo, se requiere un ingreso mínimo familiar de 30 mil pesos. El Indec estima un promedio de ingresos familiares de 27.251 pesos. Según esa estadística, el 65% de los argentinos que recibe los menores ingresos queda excluido de los créditos.  

Esa dificultad se repite en gran parte del mundo. La concentración del mercado inmobiliario y la falta de regulaciones para garantizar el derecho a la vivienda marginan a amplios sectores. En Londres, por ejemplo, desde 1995 las propiedades han subido un 700% y en Madrid el precio de los terrenos creció un 50% en un año. ¿Cómo se puede salir de esa situación? Los caminos alternativos son múltiples.  

Para todos los gustos

Una de las políticas estatales más sorprendentes y efectivas es la de Singapur, un paraíso liberal de las finanzas internacionales que en 1967 decidió eliminar la especulación inmobiliaria impidiendo la propiedad privada de la tierra. Los singapurenses pueden arrendar durante décadas su casa, pero no pueden venderlas porque el Estado es el dueño del terreno. Para evitar otras distorsiones, el Estado también se encarga de la construcción de las viviendas.Es un sistema creado por la escasez de tierra para sus 5,4 millones de habitantes, pero también una muestra de que aún los más acérrimos defensores del libre mercado pueden ser "anticapitalistas" si hay necesidad.

En la otra punta ideológica, la Venezuela chavista ha logrado un récord mundial con la construcción de dos millones de viviendas populares mediante el plan Gran Misión Vivienda Venezuela. Aquí también hubo una fuerte intervención del Estado orientada a paliar un déficit histórico que afectaba a las familias pobres. Es un cambio estructural de la política de hábitat que merece un estudio profundo.

Otro ejemplo latinoamericano destacado es Uruguay, con una tradición en la autoconstrucción de viviendas que se intensificó en 1968, con la Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Esas cooperativas, que aún resisten, construyeron 10 mil viviendas colectivas y autogestionadas hasta que fueron perjudicadas por la dictadura de Juan María Bordaberry.

Bolivia, Paraguay y Perú han tomado este ejemplo y están experimentando cooperativas con desarrollos habitacionales que siguen las premisas uruguayas. Cuentan con subsidios de la organización sueca WeEffecty la Fundación de Promoción para el Cambio Socio-Habitacional PROCASHA.

En la Argentina, este tipo de cooperativas de viviendas sociales tiene un interesante terreno a explorar en la provincia de Buenos Aires mediante la ley provincial de Acceso Justo al Hábitat, una normativa que reconoce la promoción social de la tierra y la vivienda. 

Bajo esta forma legal, en el partido bonaerense de Patagones están organizando un plan para que unas 1800 familias puedan tener sus casas mediante la autogestión de organizaciones sociales apoyadas por la municipalidad. Ejemplos como este podrían replicarse en toda la provincia si los municipios promovieran políticas de vivienda de propiedad colectiva. 

Otra variante son las cooperativas vecinales que crean fideicomisos para la compra de edificios y tierras, una práctica que crece en el Reino Unido. En Haringey, ubicada en el norte de Londres, la comunidad decidió en 2016 participar de una licitación para adjudicarse la construcción de 500 viviendas y evitar que se construyan propiedades de lujo que cambien las características del barrio. El proyecto busca bajar el precio del mercado y respetar las necesidades de la comunidad. Es sólo uno entre las decenas de casos que adoptan esta modalidad.

Canadá ha desarrollado una política de viviendas cooperativas para las familias de escasos recursos, que también pueden ser habitadas por ciudadanos que eligen esa forma de propiedad colectiva. Los socios no tienen el patrimonio de las casas. Si un miembro se muda, la unidad desocupada queda disponible para otra persona o familia que está en la lista de espera de la cooperativa. 

Son unos pocos ejemplos de la cantidad de variantes posibles contra la especulación o los créditos restrictivos. Una muestra de que en materia de democratizar el derecho a la vivienda la acción comunitaria no tiene techo. «

*Integrante del Instituto para la Producción Popular (IPP)


Banco Nación sube la tasa de créditos UVA

El Banco Nación (BNA) elevó la tasa de interés que les cobra a las personas que toman créditos UVA hipotecarios, incluso en los casos que ya tienen el préstamo preaprobado pero aún no escrituraron.

El BNA le dijo a Tiempo que al 31 de marzo, fecha en la que entró en vigor la suba de tasas, "se registraban 9324 solicitudes preaprobadas de créditos hipotecarios en UVA".

La tasa subió del 3,5% al 6,5% para las personas que cobran sus haberes en la institución, y del 4,5% al 8% para el resto.

Esta nueva tasa se aplicará tanto a los nuevos créditos otorgados a partir de esa fecha como a los que se encuentran en la situación de preaprobados pero sin escriturar.

Si bien los bancos tienen la potestad de cambiar las condiciones de los créditos hipotecarios preadjudicados y sin escriturar, llama la atención que sea el Banco Nación el que adopta esa actitud. Tiempo consultó al BNA sobre el monto de estos créditos que estaría en juego. La respuesta fue: "Esto dependerá de cuántos usuarios presenten efectivamente propiedad, de la tasa que corresponda a ese crédito y de que, si por el tiempo transcurrido, corresponde recalcular el monto a otorgar. Por esto, no resulta posible una estimación confiable del monto al que equivalen esos preacuerdos."

El economista Ariel Setton escribió en Twitter que al pasar la tasa del 3,5% al 6,5%, una persona que solicitó un millón de pesos a un año pagará $790.000 más.

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