«La gestión de Cambiemos en materia ambiental culminará sin un resultado favorable. Si bien es cierto que se tomaron ciertas decisiones para la consolidación de la agenda ambiental, cada una de ellas tuvo como correlato el impulso de otras orientadas en la dirección contraria que, a la larga, acabaron por pesar más que las escasas acciones positivas», explica a Tiempo Andrés Napoli, magíster en Derecho Ambiental y, desde 2013, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
«Por ejemplo –continúa–, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri se crearon siete nuevas áreas protegidas (cinco en el continente y dos marinas), una cifra importante en términos comparativos y que podríamos considerar como el eje central de la gestión en materia ambiental. Y sin embargo, el fuerte avance de la deforestación de los bosques nativos, principalmente en la región del Gran Chaco, que creció a un ritmo de 200 mil hectáreas por año y que convirtió nuestro país en una de las diez naciones con mayores niveles de deforestación en todo el planeta, así como su consecuente impacto en materia de cambio climático, pesan claramente en contra. Y a esa penosa realidad se suma el sistemático desfinanciamiento de la Ley N° 26.331 de Bosques Nativos, lo que impide su plena aplicación e irremediablemente agrava la situación.
–¿Qué sucedió con las políticas climáticas en estos cuatro años de Macri?
–Desde el comienzo, el gobierno nacional dejó muy clara su intención de cumplir con las obligaciones resultantes del Acuerdo de París. Sin embargo, esta supuesta determinación contrasta notablemente, por ejemplo, con la decisión de impulsar la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, así como con la de subsidiar las tarifas de la producción de gas, sobre todo si se tiene en cuenta que los combustibles fósiles son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina.
–¿Cuál sería el costo ambiental de continuar impulsando Vaca Muerta?
–Tal como estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el desarrollo de Vaca Muerta acelerará la crisis climática. El nivel de emisiones de dióxido de carbono que se liberaría en la atmósfera como resultado de la utilización de los combustibles derivados, si se explotaran todas las reservas de gas no convencional del país, equivaldría al 11,4% de todas las emisiones de carbono que prevé el Acuerdo de París. Y eso sin contar el impacto directo que soportarán las comunidades y poblaciones que habitan los territorios en cuestión.
–¿Se puede señalar en el mismo sentido los privilegios concedidos a la actividad minera?
–Efectivamente, Cambiemos eliminó el 5% de las retenciones a las exportaciones de productos provenientes de la minería metalífera y no metalífera, actividades respecto de las cuales, además, la autoridad nacional prácticamente no ejerció ninguna de las facultades de control previstas por la Ley de Glaciares, aun con los tres grandes derrames de cianuro ocurridos durante su gestión; todos provenientes de la Mina Veladero que, de hecho, continúa en funcionamiento.
–¿Hay un correlato entre esto y la asignación presupuestaria destinada a Ambiente?
–Sí, el informe publicado por FARN que analiza el Presupuesto nacional 2019 y compara las inversiones en materia de protección y conservación de los recursos naturales versus las actividades que generan o podrían generar un impacto ambiental negativo, concluye que las partidas identificadas como compatibles con el cuidado ambiental representan apenas el 0,27% de los gastos totales, mientras que aquellas etiquetadas en la categoría contraria alcanzan un 5,36 por ciento. O sea que por cada peso destinado al cuidado del ambiente, se invierten $ 20 en colaborar con su degradación. En años anteriores, la relación era de 1 contra 16. Vale entonces hacer uso de aquella popular frase que afirma que vamos «de mal en peor».
–¿Cuáles deberían ser las medidas urgentes a tomar para paliar o contrarrestar el daño ambiental en la Argentina?
–En lo legislativo, la sanción de la Ley de Humedales, cuyo tratamiento se encuentra paralizado en el Congreso desde hace rato. También la Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental, en tanto la Argentina es el único país de América Latina que no cuenta con esta norma a nivel nacional. Urgente es, asimismo, la ratificación del Acuerdo de Escazú, de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. Se debe, además, terminar con los subsidios a la producción en Vaca Muerta. Y dotar a la Ley de Bosques Nativos con los fondos necesarios para su efectivo cumplimiento. También sería clave cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordena el saneamiento del Riachuelo, y en especial brindar atención a la población que sufre de manera directa las consecuencias de la contaminación. Y todo esto por mencionar tan sólo algunas medidas. «
