ARA San Juan: sancionaron la ley para indemnizar a los familiares de la tripulación

El Senado aprobó el proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa para otorgar un beneficio económico por única vez a los parientes cercanos de los 44 submarinistas.

(Foto: Eduardo Sarapura)
25 de febrero de 2021

En la segunda sesión extraordinaria del Senado de la Nación, también se convirtió en ley, con una unanimidad de 53 votos positivos, un beneficio económico por única vez que será optativo a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. De esta manera, una vez que el gobierno promulgue la ley los parientes cercanos de los submarinistas tendrán 365 días para reclamar el beneficio o continuar por la vía legal en caso contrario.

Según dice el texto, elaborado por el Ministerio de Defensa que comanda Agustín Rossi, el monto será una remuneración por única vez equivalente al sueldo de los agentes de nivel A, grado 0, del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por 100. Esa cifra son unos 6.6 millones para los familiares directos de cada víctima (hijos -por partes iguales-, progenitores -también por partes iguales-, cónyuges o convivientes).

Fue el último proyecto que se trató la sesión especial del miércoles en la Cámara Alta. El debate que comenzó a las 21, estuvo cruzado por discursos de opositores y oficialistas respecto a las responsabilidades penales por la causa de la desaparición de la embarcación el 15 de noviembre de 2017, hallado un año después en el Océano Atlántico.

“Que nadie sospeche que el Congreso quiere con esta ley cerrar esta historia”, manifestó el rionegrino Alberto Weretilneck. En su discurso, indicó que el beneficio “es de alguna manera un gesto del Poder Ejecutivo nacional y de este Congreso, pero que para ningún punto de vista puede significar para nosotros de que esto termine con el problema. Si todos supiésemos que la justicia fuera rápida quizás esta ley no sería tan urgente. Este congreso no quiere cerrar absolutamente nada de lo que sucedió”. 

Desde Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo recordó que de los 44 tripulantes 9 eran oriundos de la provincia de Jujuy. “Otorgar este beneficio es reparar, en parte, el dolor de estas familias que han perdido a estos seres queridos. No les podemos devolver la vida, pero con esta ley sí estamos reparando en algo el daño moral y el dolor de estas familias”, expresó la jujeña.

De todos modos, pidió revisar las responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan: “Yo también quiero que se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente y la búsqueda”. En este sentido, la radical hizo alusión a la frase “pato al agua” que utilizó en 2011 en Costanera Sur, cuando anunció, el 27 de septiembre que se había completado el proceso de reparación del submarino ARA San Juan. “Quiero que se averigüe cuanto se pagó, que pasó y cuál fue el desperfecto del hundimiento del submarino no quiero una verdad sesgada por el prisma político”, añadió.

El guante lo retomó la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien además hizo el cierre del tratamiento del proyecto. “Estoy convencida de que una forma de reparar es decir toda la verdad de lo que sucedió y desmentir todas las mentiras y manoseos que por proteger a un ministro político central del gobierno de Macri se hizo durante esa época”, comenzó. 

La senadora por Mendoza, expresó: “Creo que podemos colaborar con un resarcimiento económico, pero el alma se empieza a reparar cuando hay memoria, verdad y justicia. Hoy tomé la decisión de contar lo que pasó, de la falta de empatía del gobierno de Macri con los familiares de estos 43 héroes y 1 heroína que murieron cumpliendo una misión y cuidando los recursos naturales de todos los argentinos", subrayó.

La iniciativa, que es similar al beneficio que se aplicó a los familiares de la AMIA y de la fábrica militar de Río Tercero, nació como un compromiso asumido por la cartera de Defensa tras una reunión que mantuvo el ministro Agustín Rossi en Mar del Plata con un grupo de esposas de los tripulantes. Fue tras el acto por los tres años de la desaparición de la embarcación, el 15 de noviembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El expresidente, por otra parte, debe ser investigado por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por orden de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Es por la responsabilidad que pudo tener junto con su ex ministro de defensa Oscar Aguad en el hundimiento.

La ley complementa también el ascenso al grado inmediato superior a la totalidad de los y las oficiales y suboficiales integrantes de la tripulación del submarino. Fue otorgado por decreto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

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