Argentina. La flexibilización ambiental

Dos años de Cambiemos: desprotección de los humedales, avance anunciado de la megaminería sobre los glaciares y una virtual desregulación del uso de agroquímicos.
28 de Diciembre de 2017

Dos años es un tiempo prudente para realizar un balance sobre la política ambiental del gobierno de Cambiemos, y la conclusión que se impone de inmediato es que los hechos han sido menos felices que los discursos. Más allá de una cierta apertura al dialogo con las principales organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del medio ambiente en el país, todas coinciden en remarcar no pocas promesas incumplidas, y alertan sobre una peligrosa tendencia al retroceso en materia de protección, a favor de los grupos de poder, fundamentalmente el sector de los agronegocios y la minería. Por eso algunos especialistas ya hablan de una “flexibilización ambiental”.

Ley de humedales

Se podría decir que fue la primera promesa de Mauricio Macri como presidente en ejercicio. El 2 de febrero de 2016, en la Reserva Natural de Pilar y a poco más de un mes de asumir el cargo, el mandatario anunció una ley para “proteger y cuidar” los humedales. “Tenemos que ser un importante protagonista –dijo entonces, escoltado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal– contra los factores que producen el cambio climático. Tenemos que cuidar y potenciar este tipo de regalos que nos da la naturaleza en función del país, las futuras generaciones y el mundo entero”.

Fue el primer desengaño. “Aún hoy los diputados siguen sin aprobar la Ley de Humedales, traban su tratamiento por el lobby de los sectores agroindustrial e inmobiliario, que pretenden avanzar sobre esas tierras que resultan fundamentales para la protección de los espacios naturales”, puntualiza Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Los humedales –gran fuente de biodiversidad– actúan como “esponjas” y ayudan a mitigar los efectos que provocan las fuertes lluvias. Al rellenarlos para construir emprendimientos inmobiliarios, el agua que deberían absorber inunda a los vecinos de los alrededores.

Leyes de bosques y de glaciares

La comunidad ambientalista en pleno sintió escozor durante la última exposición del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, durante la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23), en Bonn, Alemania, el 16 de noviembre pasado. Ante un auditorio colmado, el rabino insistió con la “necesidad” de revisar las actuales leyes de Bosques y Glaciares. “Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial –argumentó– requieren revisión, porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan siendo una épica legislativa que hizo el lobby para que se proclamen, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz del recurso natural y en el territorio que queremos preservar”.

Mientras Bergman disertaba en Europa, las organizaciones conmemoraban en la Argentina los diez años de la sanción de la Ley de Bosques. “Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones, sumadas a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y que lograron que el Congreso la sancionara”, sostiene Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, y agrega que en la Argentina “la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar significativamente la deforestación. En la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”.

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De acuerdo a datos oficiales, durante los últimos tres años, la deforestación en el país disminuyó notoriamente en comparación con la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300 mil hectáreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Desde Greenpeace exhortan a proteger la actual normativa, a la que califican como “el hito ambiental más importante de las últimas décadas”, y destacan su importancia para la lucha contra el cambio climático.

El sesgado discurso de Bergman en Bonn alertó sobre otro retroceso en ciernes. Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron su preocupación ante versiones referidas a una modificación de la Ley de Glaciares vigente por parte del Gobierno –y adelantadas por los medios afines– para beneficiar a los emprendimientos mineros. De hecho, las organizaciones ambientalistas vienen denunciando la existencia de 44 proyectos extractivos que planean establecerse sobre cuerpos de hielo protegidos por la ley, según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente.

La iniciativa oficial pretende avanzar en medio de la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello por incumplimiento de esta ley, y que está vinculada a los cinco derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Lama, ocurridos desde 2015.

“Es muy preocupante –analiza Napoli– que sea el propio presidente quien proponga la derogación de esta ley bajo el argumento falaz de que eso facilitaría las inversiones. Son las mineras las que deben actualizarse, porque todavía pretenden desarrollarse como hace un siglo atrás. En vez de mejorar las técnicas productivas, en vez de mejorar las inversiones y que generen más inclusión, más desarrollo, más calidad de vida, lo que hacen es vulnerar y tirar abajo las normas de protección. Hoy hay una tendencia a la flexibilización, a ir hacia atrás, en un contexto en que avanzan otros tipos de flexibilizaciones, como la laboral, que en el caso de la industria petrolera ya ha tenido concreciones. Es un panorama preocupante”.

Un ministerio

“Hay algunas cuestiones buenas –aclara el director de FARN–, como la posición con respecto al cambio climático, con declaraciones favorables acerca de un recorte de las emisiones. Por supuesto que esto tiene que ver con el deseo de  ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y sus exigencias, pero igual hay señales de que se avanza en incorporar más fuentes de energías renovables. Sin embargo, esas intenciones entran en contradicción con algunas medidas que no contemplan la protección ambiental: el uso de combustibles fósiles, la apuesta en Vaca Muerta, el fracking en Mendoza, las represas del río Santa Cruz. Estas son noticias muy malas en términos ambientales y que forman parte de una política de este gobierno”.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, destaca la voluntad de una “gestión abierta”, que convoca a distintos referentes ambientales, las ONG y universidades, aunque se queja de que los mantengan en una instancia de opinión. “Nuestros criterios deberían empezar a ser tenidos en cuenta en la implementación de políticas públicas, porque se contraponen con un modelo de gestión con un fuerte corte productivo y extractivo. Se han quitado retenciones a la minería y basta mirar los perfiles de los ministros de Producción (Francisco Cabrera) o de Agroindustria (Luis Miguel Etchevehere) para darse cuenta de la capacidad de lobby de esos sectores”.

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Napoli y Jaramillo coinciden en sumar a la lista de medidas positivas la elevación a rango de Ministerio del área de Ambiente y la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que agrupa a 12 ministerios bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, aunque en este tópico también asoman las críticas. “El nuevo Ministerio de Ambiente –dice Jaramillo– no ha demostrado tener el suficiente poder para negociar con los que realmente marcan la agenda del desarrollo del país. Estamos a punto de perder por segundo año consecutivo el estado parlamentario en el tratamiento de la Ley de Humedales, que fue sistemáticamente boicoteada, entre otros, por Alfredo de Angeli, senador del PRO. Por otro lado, los rumores sobre la Ley de Glaciares son lamentables. Creemos que no hay forma de que eso avance, y si sucede, el trabajo de la sociedad civil para impedirlo va a ser muy fuerte”.

Agrotóxicos

En este punto, los especialistas concuerdan en que el país sigue transitando una fuerte desprotección. “Existe una multiplicidad de problemáticas vinculadas con la aplicación de agroquímicos –explica Napoli–, muchos cuestionamientos y fallos judiciales en distintas partes del país. En su momento se había promovido el debate sobre una ley integral que regulara los agroquímicos desde sus aplicaciones hasta su disposición final, pasando por las recetas agronómicas. Sin embargo, lo único que se aprobó el año pasado fue la parte final del proceso, que tiene que ver con los envases y que era lo único que preocupaba a ciertos productores del país, porque se lo vinculaba al tema de los residuos peligrosos. Esa fue la única intervención que han tenido los legisladores en ese sentido, por lo cual seguimos hablando de que existe una fuerte desprotección en la materia”.

Para el referente ambientalista, este “desamparo” sólo se puede revertir con esquemas y herramientas de control. “La Argentina –concluye– es el único país de América Latina que no tiene una ley de evaluación del impacto ambiental. Así se va en una dirección, que es la de disminuir el control de los procesos productivos con un costo ambiental muy grande. Es un modelo que hace agua”. 

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