Argentina refugia a los hijos de Evo: ¿también vendrá él?

Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo, ambos de 25 años, estaban refugiados en la embajada de México en su país. Fueron recibidos por representantes de la comunidad boliviana en Argentina. El papel de Alberto Fernández en el operativo.
(Foto: Twitter)
24 de noviembre de 2019

Los dos hijos del presidente exiliado, Evo Morales, llegaron ayer a la Argentina cerca de las 16 en el vuelo LA 2401 de Latam, luego de una escala en Lima y después de que el gobierno de facto de Bolivia resolviera la autorización para que salgan del país con las debidas garantías. Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo, ambos de 25 años, estaban asilados en la embajada de México en La Paz, y se especulaba con que viajaran a reunirse con su padre en ese país, pero finalmente tomaron la decisión de venir a la Argentina. No sólo por la cercanía, sino también porque sin duda el inminente cambio de gobierno resultará en un ámbito bastante más hospitalario que el que pudiera ofrecer el actual. De hecho, el propio presidente electo, Alberto Fernández, fue quien estuvo detrás del operativo que culminó ayer con la llegada a Ezeiza de los jóvenes Morales, a través de Jorge Argüello, político y diplomático peronista cercano a Fernández, presidente de la Fundación Embajada Abierta. "Alberto le pidió a Jorge especialmente que se dedicara al caso", confió una fuente del entorno albertista a Tiempo. Las gestiones habrían comenzado en el seno del Grupo de Puebla. Por eso en las negociaciones también estuvo involucrado el dirigente chileno de izquierda Marco Enriquez-Ominami, amigo de Alberto y con muy buenas relaciones con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Es que la primera opción de la familia de Evo era México. De hecho, la cancillería boliviana había autorizado un salvoconducto para iniciar el trámite de asilo en ese país, que finalmente fue cancelado.

Hasta donde se pudo averiguar, los hijos de Evo fueron recibidos ayer por una comitiva encabezada por Argüello y no estaba claro si estaban de paso en el país o pensaban establecerse con miras a un futuro asilo que el gobierno de Fernández ya ofreció al mandatario boliviano forzado a renunciar. De hecho, ni siquiera la embajada boliviana en Buenos Aires habría sido parte del operativo. Ambos fueron recogidos en la pista, sin tomar contacto con una decena de representantes de la comunidad boliviana en Argentina que los aguardaba en la estación aérea. "Bienvenidos Evaliz y Álvaro", "No al golpe en Bolivia" y "La lucha sigue, el pueblo vence", eran algunos de los carteles que portaban los manifestantes.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la diplomacia, los hijos de Morales no requerían ningún trámite especial para el ingreso. "Entran por aduana como cualquier ciudadano de país limítrofe". Hasta el momento tampoco estaba confirmado el pedido de un asilo político para ninguno de ellos. En realidad no lo necesitan, aunque sí pueda ser necesario un operativo en torno a su seguridad. Tampoco les cabe, como hijos de un mandatario, ningún tipo de protocolo oficial, por lo que la Cancillería no tiene necesidad de intervenir. Evaliz y Álvaro no ejercían ningún cargo oficial en el gobierno de su padre. Si bien tienen la misma edad, no son "mellizos" como confundió uno de los encargados del operativo, sino que son hijos de madres distintas.

El día de su partida de Bolivia, el ministro de Interior, Arturo Murillo, había dicho en su cuenta de Twitter que los familiares de Morales recibieron garantías para dejar el país.

"Por instrucciones de la señora presidenta Jeanine Áñez dimos todas las seguridades a los hijos de Evo Morales para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam", escribió el funcionario.

Murillo exhibió fotografías de los pases de abordo de Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo con salida en La Paz y destino al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, vía Lima. "Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres", dijo el ministro Murillo.

Días atrás, un abogado anunció que pediría la detención de Evaliz Morales por enriquecimiento ilícito. "Hay millonarias cantidades de dinero que se ha apropiado la hija de Morales", afirmó.

Luego de esto, Morales había alertado en su cuenta de la red social de esta acusación a la que calificó de difamación. "La acusación contra mi hija Evaliz, es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto. Exijo que presenten una prueba del supuesto 'enriquecimiento ilícito' ¡Que más inventarán para intentar defenestrarnos!".

Mientras tanto el Congreso se disponía a sancionar la ley de convocatoria a nuevas elecciones que ya fue aprobada en el Senado y el gobierno de facto daba inicio a una mesa de diálogo con las organizaciones movilizadas, para que abandonen la calle y, en teoría, comenzar la transición, cuando se registran al menos 34 muertos por represión y enfrentamientos. El viernes, Áñez había pedido a los movilizados que la dejaran "gobernar" afirmando que su período en el gobierno interino sería por "muy corto tiempo".


Hacia las nuevas elecciones


El gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia cuenta con establecer una tregua momentánea para fijar nuevas elecciones y frenar la convulsión social que provocaron cerca de 34 muertes, la mayoría por acción de las fuerzas represivas. Mientras la Cámara de Diputados se reunía ayer en sesión extraordinaria, luego de un cuarto intermedio, para avanzar sobre el proyecto de ley de convocatoria a elecciones emanado del Senado, en consenso con el bloque del Movimiento al Socialismo (MAS) que responde al presidente exiliado en México, Evo Morales, el gobierno interino logró que varias organizaciones hasta ahora movilizadas se sentaran a una mesa de diálogo para "pacificar el país" que comenzaba ayer por la tarde. Áñez apuesta a que estas dos instancias le permitan iniciar la semana con un nuevo panorama que le evite el desgaste de gobernar "por decreto" como amenazó la exvicepresidenta segunda del Senado en una reciente entrevista; y frene la masacre contra el pueblo. La Constitución establece 90 días para convocar a elecciones a partir de la asunción del gobierno interino.
Cumpliendo con todos los pasos de su plan de demonización, el gobierno de facto acusa a Evo Morales de "sedición" y "terrorismo", a raíz del presunto llamado del expresidente a cercar las ciudades mediante bloqueos, según un audio difundido. El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que le pedirá a la cancillería que "ponga en conocimiento de las autoridades de México el inicio de investigación". El gobierno de Áñez espera que Morales sea llevado a juicio, donde podría enfrentar una pena máxima de 30 años de cárcel. Razón suficiente para impedir que el dirigente regrese a su país a participar directa o indirectamente de las eventuales elecciones y en el peor de los casos, sacarlo del escenario de la realidad del país.
A través de sus redes, Evo denunció ayer "la persecución de líderes políticos y sociales" y exigió que se detengan estas medidas. "Continúa la persecución de dirigentes. Sin pruebas ni argumentos jurídicos, arrestaron a Gerardo García, vicepresidente del MAS-IPSP, al Ejecutivo de la FUL de la UMSS, Carlos Juchani y anunciaron orden de captura contra Wilma Alanoca. Paren las detenciones ilegales e injustas", dijo.
Ayer el propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo, difundió la salida de Bolivia de los hijos de Evo, Álvaro y Evaliz, con destino a la Argentina (ver aparte). En su mensaje aseguró haberles dado "todas las seguridades (…) Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres". Al cierre de esta edición se desconocían los avances en el diálogo en el Palacio Quemado, la sede gubernamental, para el que habían confirmado participación la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad (organizaciones indigenistas y campesinas, junto a distritos de la ciudad de El Alto).
Los legisladores del anterior oficialismo, mayoría en ambas cámaras, aceptaron el tratamiento de las nuevas elecciones, que implica la anulación de las realizadas el 20 de octubre. "El MAS-IPSP busca dar una salida y viabilidad al conflicto del país, pero eso no quiere decir que nos callemos la violación de Derechos Humanos", afirmó la diputada Sonia Brito, mientras se encuentra evaluando la situación en el país una misión de la CIDH.
Hacia las nuevas elecciones


El gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia cuenta con establecer una tregua momentánea para fijar nuevas elecciones y frenar la convulsión social que provocaron cerca de 34 muertes, la mayoría por acción de las fuerzas represivas. Mientras la Cámara de Diputados se reunía ayer en sesión extraordinaria, luego de un cuarto intermedio, para avanzar sobre el proyecto de ley de convocatoria a elecciones emanado del Senado, en consenso con el bloque del Movimiento al Socialismo (MAS) que responde al presidente exiliado en México, Evo Morales, el gobierno interino logró que varias organizaciones hasta ahora movilizadas se sentaran a una mesa de diálogo para "pacificar el país" que comenzaba ayer por la tarde. Áñez apuesta a que estas dos instancias le permitan iniciar la semana con un nuevo panorama que le evite el desgaste de gobernar "por decreto" como amenazó la exvicepresidenta segunda del Senado en una reciente entrevista; y frene la masacre contra el pueblo. La Constitución establece 90 días para convocar a elecciones a partir de la asunción del gobierno interino.
Cumpliendo con todos los pasos de su plan de demonización, el gobierno de facto acusa a Evo Morales de "sedición" y "terrorismo", a raíz del presunto llamado del expresidente a cercar las ciudades mediante bloqueos, según un audio difundido. El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que le pedirá a la cancillería que "ponga en conocimiento de las autoridades de México el inicio de investigación". El gobierno de Áñez espera que Morales sea llevado a juicio, donde podría enfrentar una pena máxima de 30 años de cárcel. Razón suficiente para impedir que el dirigente regrese a su país a participar directa o indirectamente de las eventuales elecciones y en el peor de los casos, sacarlo del escenario de la realidad del país.
A través de sus redes, Evo denunció ayer "la persecución de líderes políticos y sociales" y exigió que se detengan estas medidas. "Continúa la persecución de dirigentes. Sin pruebas ni argumentos jurídicos, arrestaron a Gerardo García, vicepresidente del MAS-IPSP, al Ejecutivo de la FUL de la UMSS, Carlos Juchani y anunciaron orden de captura contra Wilma Alanoca. Paren las detenciones ilegales e injustas", dijo.
Ayer el propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo, difundió la salida de Bolivia de los hijos de Evo, Álvaro y Evaliz, con destino a la Argentina (ver aparte). En su mensaje aseguró haberles dado "todas las seguridades (…) Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres". Al cierre de esta edición se desconocían los avances en el diálogo en el Palacio Quemado, la sede gubernamental, para el que habían confirmado participación la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad (organizaciones indigenistas y campesinas, junto a distritos de la ciudad de El Alto).
Los legisladores del anterior oficialismo, mayoría en ambas cámaras, aceptaron el tratamiento de las nuevas elecciones, que implica la anulación de las realizadas el 20 de octubre. "El MAS-IPSP busca dar una salida y viabilidad al conflicto del país, pero eso no quiere decir que nos callemos la violación de Derechos Humanos", afirmó la diputada Sonia Brito, mientras se encuentra evaluando la situación en el país una misión de la CIDH.
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