El lunes 3 de febrero arrancará el programa de devolución de dinero por las compras realizadas con tarjetas de débito. El reintegro se hará efectivo en los primeros cinco días de marzo, aseguró a Tiempo una fuente oficial con conocimiento del tema.

El programa se formalizó con la sanción de la Ley de Solidaridad, que apeló a un artículo de la Ley de Presupuesto de 2019 que facultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a «establecer un régimen de reintegros».

Ese programa ahora se actualizó y se puso en marcha ya que a lo largo del año pasado las anteriores autoridades de la Afip prácticamente no lo implementaron.

Los reintegros tendrán un tope de $ 700 por tarjeta de débito y mes, y apuntarán a aliviar la situación económica de cinco millones de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A diferencia de Precios Cuidados, que es un programa más vinculado al control de precios, estos reintegros de fondos tienen una finalidad más vinculada con el «alivio a las personas con mayores necesidades», según detalló la fuente consultada.

La Afip centralizó las charlas con los comercios y el Ministerio de Desarrollo Social, la Anses y el Pami, entre otros organismos estatales, para desarrollar el programa y ponerlo en marcha. «También se trabaja con los representantes de la economía popular porque hayque garantizar que los integrantes de ese sector y los beneficiarios de la AUH utilicen efectivamente la tarjeta de débito al momento de hacer sus compras», explicó la fuente oficial.

El artículo 18 de la Ley de Solidaridad también impulsa «estímulos» para los «pequeños contribuyentes» que vendan, presten servicios, realicen obras o efectúen locaciones a consumidores finales, ya que todos ellos deben aceptar el pago con tarjeta de débito. La Ley ya les permite contabilizar como crédito fiscal del IVA el costo de implementar los sistemas informáticos para cobrar por esta vía.

La Afip quedó facultada, además, a «requerir informes técnicos y sociales y a coordinar su aplicación» con los demás organismos estatales.

Aún no hay un cálculo del costo fiscal de esta medida, ya que dependerá del uso que se haga de las tarjetas de débito. «