La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado evalúa una decisión que causará sorpresa: dejar el juzgado y volver a la Defensoría Oficial, donde inició su carrera judicial y guarda excelentes recuerdos y relaciones. ¿Qué motivos hicieron florecer en la ex mujer del difunto fiscal Alberto Nisman la idea de dejar de ser jueza? Razones formales: desgaste, cansancio, una situación de estrés permanente tras la muerte de su ex pareja, la sobrecarga de trabajo que le quita tiempo para sus hijas. Otras razones: teléfonos que antes siempre atendían ahora tienen un mensaje de contestador: «El abonado con el que intenta comunicarse no puede recibir su llamado ahora. Por favor, deje su mensaje a partir de la señal».

En la Defensoría no hay aún un pedido concreto, aunque sí consultas informales de alto nivel. Incluso algunos defensores oficiales ya están al tanto del tema. El jueves pasado, en el Consejo de la Magistratura, la consejera abogada Adriana Donato pidió que Arroyo Salgado diera explicaciones sobre varias denuncias en su contra, especialmente por un expediente vinculado con drogas en el que le fue anulada prácticamente toda su investigación. Ninguno de los expedientes parecía con entidad suficiente para llevarla a juicio político. Pero el pedido de citación por el artículo 11 del reglamento de la comisión de Disciplina y Acusación fue rechazado. Todo parece indicar que las denuncias serán desestimadas. No es un tema menor, si se avecinara un cambio radical de funciones.

Pero para salir de un juzgado y pasar a una Defensoría el camino no es directo; menos aun, es complejo y riesgoso. Arroyo Salgado debería renunciar a su cargo como jueza y concursar como defensora.

En paralelo, una pulseada de tres sacude las entrañas de la justicia federal por el concurso del otro juzgado de San Isidro, el que está vacante y por ahora también es subrogado por Arroyo Salgado. Los concursos de antecedentes y oposición como llave de acceso de los mejores postulantes a los juzgados es un mecanismo formal meramente ilusorio.

El principal candidato es Juan Manuel Grangeat, secretario del juzgado federal porteño de Luis Rodríguez. Pero la jueza María Servini de Cubría aparece como su principal y hasta ahora insalvable escollo. Trabajaron juntos en el pasado y quedaron cuestiones pendientes. Los operadores judiciales del gobierno miran con recelo a Servini de Cubría cada vez que la diputada oficialista Elisa Carrió arremete contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.
También aspira al cargo María Alejandra Provítola, secretaria del fiscal Carlos Stornelli. Pero su postulación perdió fuerza después del trágico episodio en el que terminó muerto un taxista que había sido secuestrado el 17 de noviembre pasado. La causa estaba radicada en la fiscalía de Stornelli.

El tercer aspirante es Esteban Murano, secretario letrado del juzgado federal número dos de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Ramos. Murano aspiraba a ser juez federal de Morón, pero recibió «desapoyos» con un cercano tufillo a traición. Y la situación es incierta en el nuevo escenario.

La pulseada, que ya era fuerte, se multiplicó en intensidad con la versión sobre el futuro de Arroyo Salgado. Quien sea designado como nuevo juez probablemente tenga a su cargo dos juzgados que, desde su creación, siempre han tenido causas de altísima relevancia, aunque no todas sean mediáticas. «