A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno nacional generó las condiciones para un nuevo y polémico negocio en el sector de la energía.
El miércoles pasado fue publicado en el Boletín Oficial el DNU 465/2019 por el cual la Secretaría de Energía realizará una licitación pública nacional e internacional que otorgará al ganador una licencia para transportar gas desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta San Nicolás, cerca del límite entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
La empresa que reciba la licencia deberá, antes, diseñar y construir el gasoducto.
La clave es que cuando esté operativo, este gasoducto no estará sujeto a las reglas económicas que existen para el resto de los gasoductos del país.
El decreto de necesidad y urgencia estableció en su artículo segundo «un régimen especial temporario» por 17 años, lapso durante el cual no se aplicarán «las disposiciones del Título IX del Capítulo I de la Ley N° 24.076».
Esta ley es la que privatizó Gas del Estado en 1992. El título IX del capítulo I se llama «Tarifas» y en él se establecen los criterios generales que se deben seguir para determinarlas.
Como se sabe, el transporte de gas –al igual que la distribución– es un servicio regulado por el Enargas. Esto quiere decir que las empresas que transportan gas están controladas, tanto en lo que hace a sus costos como en relación a sus ingresos –las tarifas– y al mantenimiento de la red de gasoductos.
En relación con las tarifas, la ley estipula que deben garantizar una rentabilidad que sea «similar a la de otras actividades de riesgo equiparable o comparable» y que «guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los servicios». Con el DNU ahora estos «principios» quedaron caducos, con lo que la empresa que gane la licitación del nuevo gasoducto de Vaca Muerta podrá tener ingresos muy superiores a los de las demás firmas similares.
Riesgos
Para el economista y experto en energía Andrés Di Pelino, el DNU abre las puertas a reclamos por parte de otras empresas del sector en busca de acuerdos específicos que les signifiquen mejores ingresos.
«A cualquier empresa le asistiría el derecho para presentarse y pedir un régimen especial», señaló. Además, «faltan precisiones de la Secretaría de Energía», agregó.
En lugar de tarifas reguladas, el DNU ofrece a la empresa que gestione el gasoducto de Vaca Muerta «negociar libremente» el valor de su servicio de transporte.
El DNU contrapone este aspecto al hecho de que su construcción no demandará un costo para el Estado ni para los usuarios. Es decir, se trata de una inversión privada de riesgo a la que se le garantiza un nivel de ingresos muy por encima de otra actividad de «riesgo equiparable».
En ese sentido, el gobierno abandonó el esquema de negocios de Participación Público Privada (PPP), que hasta ahora no le dio resultados. El contexto económico sólo admite inversores con ganancias extraordinarias aseguradas.
Al mismo tiempo, el DNU estipula que los usuarios residenciales (llamados «demanda prioritaria») no tendrán incrementos en sus tarifas por la construcción del gasoducto. Entonces, ¿de dónde saldrá la garantía de fuertes ingresos? De las facturas del resto de los usuarios de gas: estaciones de servicio de GNC, la industria y las generadoras eléctricas. En definitiva, el usuario residencial verá el impacto de la obra (que algunos calculan en torno de los U$S 2000 millones) en los precios de los artículos que consume.
Además, se prevé que el gas transportado también sea exportado.
Di Pelino observó que «no se conoce que este proyecto tenga estudios de factibilidad o ambientales por parte del Estado. Se espera que los hagan los privados». También apuntó que «la obra a licitar no forma parte de una planificación; es una jugada aislada del presidente Mauricio Macri, que ya ha asegurado que en Vaca Muerta está la salvación».
Di Pelino señaló, además, que las distintas gestiones fracasaron en intentar crear un mercado del gas. «La oferta y la demanda están muy concentradas. Nada indica que ahora se pueda llevar a cabo», concluyó. «
