“Diálogo por Malvinas”, sostiene la nueva campaña de la gaseosa nacional que hace pocas semanas inauguró una nueva planta en La Matanza con la visita del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Lejos de corresponderse a su slogan comercial, el dueño de Manaos, Orlando Canido, es acusado de conducir a la patota que irrumpió a los tiros sobre la comunidad indígena guaycurú del Bajo Hondo en Santiago del Estero. En el ataque producido con rifles y pistolas hirieron de bala a un campesino, incendiaron camionetas, galpones, envenenaron el pozo de agua y mataron seis animales, denunció el MOCASE VC.

“A las 9 de la mañana del sábado, entraron tres camionetas a los tiros, golpearon a los compañeros e hirieron a Pedro en la pierna”, le contó a Tiempo Margarita Gómez, del área de comunicaciones del Movimiento Campesino Indígena Vía Campesina. Pedro Campos de 46 años, fue herido de bala y espera ser operado para extraerle el plomo alojado en su interior. “También con una de las camionetas atropellaron a otro compañero, Pinky”, precisó la dirigente del MOCASE VC, que detalló los daños sufridos por las siete familias campesinas que viven en el paraje Bajo Hondo, en proximidades del límite con Chaco.

“Entraron a los tiros, incendiaron un galpón, ranchos, envenenaron el pozo de agua, mataron a seis animales e hirieron otros más. Las familias tuvieron que refugiarse en el monte con sus hijos, mientras les prendían fuego las viviendas”, contó Margarita Gómez, quien además precisó que: “También incendiaron un galpón comunitario y dañaron la radio para comunicarse con la Policía”. El relato desnuda una realidad que se acrecentó en los últimos meses en los que se multiplicaron los amedrentamientos a los campesinos y se incrementó duramente el nivel de violencia de los atacantes.

La acusación del MOCASE VC sobre Orlando Canido se sustenta en el interés del empresario por las “4000 hectáreas de la comunidad”, que tiene como fronteras a Santa Fe y Chaco. “Él anda con sus bandas armadas. A unos 4 kilómetros tiene estancias y anda con sus bandas armadas y su mano derecha Lachy Letonai, que es el distribuidor de la gaseosa en Quimilí”, manifestó Gómez, quien sostuvo que “hace dos meses que los chicos que no van a la escuela por las constantes amenazas”, además de relatar que “desde diciembre hay un puesto policial, lo sacaron un mes y tuvieron que volver a ponerlo por tantas denuncias”.

“Queremos vivir y producir alimentos sanos en nuestras tierras”, sostienen desde el Movimiento, aunque para esto tengan que denunciar una y otra vez los ataques mafiosos a los que son sometidos, sin demasiadas respuestas en la justicia.