«El peronismo de la Provincia tendrá su lugar en las audiencias públicas, con sus mejores cuadros técnicos y políticos«, excribió en Twitter el presidente del PJ bonaerense Fernando Espinoza. «La prioridad en las tarifas debe ser para los trabajadores, pymes, clubes de barrio y centro de jubilados«, agregó el dirigente del Frente para la Victoria. En tanto, la Unión Industrial Argentina resolvió «por unanimidad« en la reunión de Comité Ejecutivo, que estará presente el 16 de septiembre para pelear por la tarifa del gas.

Un grupo de intendentes peronistas bonaerenses comenzaron el martes las reuniones con asociaciones de usuarios y consumidores, para encarar la audiencia pública. En este primer encuentro, los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín), uno de los primeros en cuestionar los tarifazos, y Juan Zabaleta (Hurlingham) encabezaron la reunión en la que se planteó la necesidad de llamar a audiencias públicas regionales.

Además, expresaron «preocupación por la falta de información que el Gobierno tiene que poner a disposición de los ciudadanos para poder conocer la justificación de los aumentos«, según un comunicado de la intendencia de San Martín. También se profundizaron las problemáticas de las pymes y de los clubes de barrio.

Por parte de las asociaciones participaron representantes de Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), de Lomas de Zamora; Consumidores Argentinos de Mar del Plata; y la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de la provincia de San Luis.

Por otra parte, la UIA informó que «se acordó por unanimidad que los equipos técnicos de la entidad participen en la Audiencia Pública que se llevará a cabo el 16 de septiembre, con el objetivo de fijar posición respecto al efecto del cuadro tarifario en el área energética, particularmente en las pymes industriales. Para la Audiencia Pública serán invitados todos los socios sectoriales y regionales que forman parte de la UIA».

Además, la UIA contempla la posibilidad de presentarse como «Amicus Curiae» ante la Corte Suprema «para aportar toda la información disponible sobre la política energética necesaria para el desarrollo industrial».