El gobierno avanza en el objetivo de recaudar más por el servicio de agua, a través de los medidores. La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior suspendió por dos años el cobro del cargo por instalación del medidor a los usuarios de todas las categorías de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) que soliciten la modalidad de facturación medida.

Como advirtió Tiempo en octubre del año pasado, el gobierno pretende una masiva instalación de medidores para cobrar el agua por consumo. Esto será muy perjudicial para el bolsillo de los consumidores, si no se tienen en cuenta una serie de variables que las autoridades desentienden: problemática edilicia y falta de concientización social.

La problemática edilicia se divide en tres frentes. En primer lugar, es técnicamente imposible colocar medidores en cada departamento, ya que el agua llega a través de distintos conductos, que son a su vez compartidos por los demás departamentos. El gobierno especuló con colocar en el departamento un medidor con un sistema de bluetooth, que a través de un infrarrojo pueda captar la cantidad de agua que se consume. Pero los costos son muy elevados. En segunda instancia, las construcciones residenciales suelen tener pérdidas internas imperceptibles, que significan grandes subas en la boleta. En Chile, por ejemplo, cuando se estableció el cobro por consumo, se otorgaron créditos blandos para que las personas puedan acondicionar sus hogares. Pero eso no está previsto por el actual gobierno. En tercer lugar, las cañerías urbanas significan –según la propia empresa AySA- un 40% de pérdidas del total de agua potable que se distribuye, lo cual también iría a parar a la boleta, si no se prevé.

Por otra parte, la falta de educación sobre el cuidado del consumo del agua es una constante en nuestro país. El promedio de consumo por día y por persona es de 300 litros, cuando la Organización Mundial de la Salud pone como ideal entre 150 y 200 litros por día y por persona. El promedio de consumo de un hogar tipo, con medidor, es de 60 metros cúbicos. Los primeros 20 son fijos y no se cobran, mientras que a partir del litro 21 se cobra $ 15 por metro cúbico. Si se toma el consumo promedio, la tarifa pasaría a ser de unos 600 pesos. Al menos, por ahora, ya que hace unos días el juez PRO Pablo Cayssials rechazó el amparo de la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC) y avaló la suba de hasta un 375% en la tarifa.

En el caso de los usuarios comerciales, un tercio tiene medidores (unos 300 mil). En el caso de los residenciales, apenas los posee un 12%.

La disposición 5-E/2016,0 publicada el miércoles en el Boletín Oficial, que aprobó el Plan de Medición Revisión 2016-2019 elaborado por AySA, dispuso que antes del 30 de junio AySA deberá presentar una propuesta de aplicación de este sistema de medición individual en edificios de propiedad horizontal, para lo cual deberá realizar un estudio sobre los equipos y procedimientos más avanzados tecnológicamente. La disposición busca la incorporación de la modalidad de facturación de consumos medidos a la totalidad de los usuarios en el menor plazo operativo posible, asumiendo la empresa todos los costos que el cambio de modalidad de facturación.

El gobierno agrega la seducción de la gratuidad en la instalación del medidor, al pretexto del cuidado del consumo y de la equidad en el cobro, cuando en realidad ni la sociedad ni las estructuras edilicias están preparadas para el operativo, que terminaría por golpear aun más al castigado bolsillo de los consumidores.