El equipo jurídico del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, trabaja contrarreloj para lograr la suspensión de una medida judicial que podría determinar su encarcelamiento si no cumple con la disposición de presentarse cada 15 días en Quito a raíz del proceso que se le sigue por haber sido el supuesto autor intelectual del secuestro de un dirigente de la oposición cuando era presidente.

La orden fue dictada por la jueza Daniella Camacho y entrará en vigencia el lunes 2 de julio. Para acatarla, Correa debería someterse a un régimen de viajes difícil de cumplir, ya que como es de público conocimiento vive junto con su familia en Bélgica, desde que culminó su último mandato presidencial. Por eso, para su entorno se trata de una “trampa” con motivaciones políticas. “Esto demuestra que hay objetivos políticos, que lo que se busca es tenderle una trampa al expresidente de manera que se pueda dictar la prisión preventiva, esto es lo que realmente se está buscando”, definió a Tiempo Virgilio Hernández, exasambleísta y exfuncionario de Correa y quien coordina los equipos técnicos encargados de la defensa del expresidente. Si la presentación no prospera, Correa podría pedir asilo político en Bélgica, tal como adelantó él mismo y confirmó Hernández a este diario.

La acusación de origen fue formulada por Fernando Balda, un exdiputado del derechista partido Sociedad Patriótica, que durante el gobierno de Correa fue condenado por injurias en un proceso iniciado por el presidente, y se profugó a Colombia para evitar la prisión. Allí tuvo reuniones con Álvaro Uribe y otros dirigentes de la extrema derecha, y según testimonios que se están conociendo estos días, habría operado para desestabilizar al gobierno ecuatoriano a través de plataformas informáticas. En octubre de 2012 fue obligado a subir a un auto que luego fue interceptado por la policía de Colombia, frustrando el aparente secuestro. Tiempo después, fue la misma justicia de ese país la que cumplió la orden de deportación pedida por Ecuador y Balda tuvo que cumplir su condena en prisión.

Por ese hecho están detenidos tres agentes de la policía ecuatoriana. Uno de ellos, Luis Raúl Chicaiza, declaró días atrás que la orden del supuesto secuestro fue dada por el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, y por el propio Correa. El expresidente apuntó que Chicaiza se acogió al régimen de “cooperación eficaz”, algo similar a la “delación premiada” en Brasil y eso haría desestimar sus dichos. En esa línea, Hernández señaló que la estrategia defensiva está puesta en “demostrar lo absurdo de la vinculación de Correa al caso del secuestro. Y desmitificar el supuesto hecho que Balda haya sido una víctima. De hecho había interés en repatriarlo al Ecuador para que cumpliera sentencia, pero de ahí a que el presidente ordenara un secuestro, hay kilómetros de distancia”.

La defensa de Romero también se expresó en estos términos. “Es evidente que existió un seguimiento a Fernando Balda, ahora es muy difícil comprobar que ese seguimiento sea respecto a un secuestro”, dijo a medios locales su abogado, Stalin Oviedo. El caso toma ribetes novelescos por el hecho de que Chicaiza se habría infiltrado en el entorno de Balda previo al secuestro y hasta habría participado de un encuentro con Uribe, como consta en crónicas periodísticas. Esto revelaría la existencia de una inteligencia paraestatal actuando por su cuenta, algo que el correísmo prefiere no afirmar pero considera que es materia de investigación de parte de la fiscalía. «

Los periodistas secuestrados

Los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados en marzo pasado, llegaron el viernes a Cali, Colombia, para confirmar la identidad de los cuerpos encontrados el jueves en la zona fronteriza de Tumaco. Según medios locales, el lugar a donde se analizarán los cuerpos es uno de los centros de mayor complejidad de Medicina Legal, que cuenta con equipos capaces de identificar cadáveres que han estado en un largo proceso de descomposición, como es el caso. Los trabajadores de prensa fueron secuestrados en Esmeraldas por el autodenominado «Frente Oliver Sinisterra».