El Senado bonaerense aprobó ayer un proyecto de ley que declara en emergencia provincial a los clubes de barrio de la provincia y les garantiza el suministro de servicios esenciales como luz y gas por el plazo de un año.

La iniciativa, que es impulsada por el Frente Para la Victoria y pasó ahora a la Cámara de Diputados, declara la emergencia por el plazo de un año y habilita una prórroga por igual término. El proyecto se fundamenta en la grave situación económica que atraviesan estas entidades a raíz del tarifazo aplicado en los servicios públicos y la inflación de los últimos meses.

“El Poder Ejecutivo deberá maximizar los esfuerzos para crear programas de promoción, fortalecimiento y sostenimiento económico de los clubes de barrio y de pueblo”, detalla el proyecto y explicita que mientras dure la emergencia, las prestadoras de servicios públicos “no podrán interrumpir el suministro de las prestaciones por deudas, moras o falta de pago”.

El autor de la iniciativa, el senador Federico Susbielles explicó que la emergencia “busca garantizar el funcionamiento de los clubes y que estas instituciones puedan cumplir con la gran función social que tienen, impidiendo que los prestadores de servicios puedan interrumpir el suministro en caso de deuda, mora o falta de pago”.

“Cuando hablamos de la problemática de inseguridad, de falta de educación que tenemos en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, debemos poner en valor a los clubes de barrio, a su función, a la educación en valores que realizan cada día”, agregó el legislador para remarcar el rol que cumplen los clubes de barrio.

En la sesión también se aprobó otro proyecto del FpV que suspende por un año los desalojos en villas y asentamientos. La iniciativa establece que antes de ordenar el desalojo, el juez “deberá oficiar al ministerio de Infraestructura a fin de constatar si dicha villa o asentamiento está incluido en el Registro Público” pertinente. En caso de estar incluido en dicho Registro, no podrá ordenarse el desalojo por el plazo establecido. 

La autora del proyecto, Mónica Macha (FpV), expresó que “hoy necesitamos de marcos legales que garanticen que nadie se quede en la calle”.

Por último, se votó la moratoria para agentes de retención de los impuestos Ingresos Brutos y Sellos que había enviado el Ejecutivo junto a la adhesión al blanqueo de capitales nacionales. El proyecto, que fue girado a la cámara baja, dispone un régimen especial de regularización de deudas para unos 3 mil agentes de retención de impuestos que no giraron al fisco el dinero que recaudaron por su función.