Se aprobó este jueves, en primera lectura en la Legislatura porteña, el proyecto por el que la Ciudad cede a la Nación un predio de 12,5 hectáreas que será destinado a ampliar el terreno donde está emplazado el Aeroparque Jorge Newbery y que, en lo concreto, favorece al concesionario privado que opera la terminal aeroportuaria, además de ir a contramano de consensos de larga data que preveían reubicarla, por el impacto negativo que produce en ese lugar, en términos ambientales y urbanísticos.

Aeropuertos Argentina 2000, que desde 1998 mantiene la concesión de éste y otros 32 aeropuertos en todo el país, no deberá pagar nuevos cánones por las tierras que (una vez que, como se descuenta, el oficialismo y sus aliados aprueben el convenio, luego de convocar a audiencia pública) le cederá a su vez el Estado nacional. La controlante de AA2000 es el grupo Corporación América, de Eduardo Eurnekián, cuyo sobrino Hugo, alto ejecutivo de la empresa, es uno de los empresarios procesados por el llamado «Gloriagate».

El proyecto prevé agregar un relleno costero sobre el Río de la Plata con un área parquizada, una nueva traza –desplazada hacia el río- para la avenida costanera Rafael Obligado con accesos mejorados al aeropuerto y un estacionamiento subterráneo con 600 cocheras.

El legislador Mariano Recalde (Unidad Ciudadana), que presentó un dictamen de minoría en discrepancia con el proyecto oficial, explicó a Tiempo sus críticas a la iniciativa. Si bien el ex titular de Aerolíneas Argentinas convalida el convenio marco de 2004 por el que se decidió mantener el emplazamiento actual del Aeroparque, propone modificar el proyecto “en los términos de los grados de prioridad que estableció la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Pedimos que se priorice la ampliación de la cabecera norte, lo que permitirá mejorar la operatividad, la seguridad y adecuarnos a los estándares internacionales”. 

La ampliación votada es, por el contrario, hacia el este, y no incide en la normalización de las calles de rodaje de las aeronaves, considerada de alta prioridad.

Recalde también discrepa en el criterio de accesibilidad que exhibe la iniciativa, que privilegia la ampliación de carriles vehiculares y la construcción de cocheras, “cuando lo prioritario es generar el enlace con un transporte guiado para favorecer el acceso”. Se refiere a la necesidad de enlazar la red de subte o alguna otra modalidad de transporte público masivo con el Aeroparque, adonde hoy llegan cinco líneas de colectivos.

Para Gabriel Solano (PO), que también votó en contra, “la justificación de que hay que ampliar el Aeroparque redunda en que la Ciudad cede tierras al Estado nacional y éste a AA2000, desconociendo además que en realidad hay que remover el Aeroparque porque tiene un impacto ambiental y urbanístico negativo, todo con un nuevo avance sobre el río hecho con rellenos contaminantes, desechos del Elefante Blanco y muy probablemente también con los escombros del puente que van a suprimir en Juan B. Justo”.

“La semana pasada se aprobó en la Legislatura un proyecto que decía que las obras de determinada envergadura deben tener como requisito un estudio de impacto ambiental estratégico”, agrega Solano. “El único estudio que conocemos es uno que hizo la propia empresa AA2000, que dice que el único impacto negativo es el aumento del tránsito de camiones que traen los escombros. No muestran que esta obra perjudica el desagote de los arroyos de la ciudad, como el Maldonado, lo que implica futuras inundaciones. Tampoco la contaminación que generará el aumento del tráfico aéreo.”

Es que este espacio de la ciudad, según cuenta Osvaldo Guerrica Echavarría, arquitecto integrante de Asociación Amigos del Lago de Palermo, “estaba destinado a ser un gran parque. El primer convenio celebrado con Aeropuertos Argentina 2000 preveía reubicar el Aeropaque para  2005, ampliando Ezeiza o construyendo otro en alguna ubicación del Gran Buenos Aires”. El actual proyecto, concluye Guerrica, “es artificioso, insólito. No se sabe quién va a hacer la monumental inversión que supone o qué proporción habrá entre inversión privada y estatal. En el marco de la crisis que hay, es una idea descabellada”.