La aplicación de aranceles prohibitivos a la importación de biodiesel argentino por parte de las autoridades comerciales de Estados Unidos contrasta con el permiso que Buenos Aires le otorgó al ingreso de carne de cerdo originada en el país del Norte y que estaba vedada desde 1992.

El pasado lunes 23, el Departamento de Comercio de EE.UU. informó que aplicará derechos antidumping provisorios al biodiesel argentino en un rango que va del 54,3% al 70%. Esos derechos se sumarán a otra penalidad resuelta en agosto último, los derechos compensatorios provisorios, con lo que la barrera arancelaria se ubicará en un rango que va del 104% al 134%.

“La decisión es desmesurada y carente de racionalidad y fundamentos, porque la Argentina no vende biodiesel con dumping a los Estados Unidos,” aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta.
Según el portal especializado Valor Soja, “basta la mitad de tales cifras para hacer inviable la operatoria de comercio exterior”.

La medida, calificada como “insólita”, afecta al principal producto exportado por la Argentina a los EEUU.

En Carbio señalaron que aunque desconocen los cálculos del Departamento de Comercio de EEUU que solventaron la medida, consideraron que probablemente esa dependencia estadounidense haya cometido el mismo error que el de sus colegas de la Unión Europea a la hora de establecer los costos de producción de biodiesel en Argentina.

En contraste, la importación de carne de cerdo desde Estados Unidos está pronta a concretarse. En agosto, mientras EEUU aplicaba los primeros derechos compensatorios al biodiésel argentino, el vicepresidente de ese país, Mike Pence, de visita en la Argentina, lograba, al mismo tiempo, la apertura del mercado argentino tras una veda de 25 años.

Es importante resaltar que las causas de esa veda siguen vigentes. En aquel momento se tomó la decisión por cuestiones sanitarias, las que siguen en pie. Según la Federación Agraria (FAA), la importación de carne fresca de cerdo de EEUU puede incluir trazas del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS), del cual está libre la producción argentina.

Pero, además, la FAA agregó que la producción porcina de EEUU está subsidiada.

El Ministerio de Agroindustria, que dirige Ricardo Buryaile, no dio respuesta aún a estos planteos y, por el contrario, ratificó la importación.

En tanto, y ante los reclamos de los empresarios exportadores de cerdos, el gobierno adoptó una medida tributaria que equivale a una devaluación específica para ese sector y que será pagada por el conjunto de la población.

El pasado viernes 20 se reunió la Mesa Exportadora Porcina. En el encuentro, del que participan las principales empresas, se reclamaron medidas del gobierno que les compensaran los quebrantos que, aseguran, les provocaría el ingreso de carne de cerdo estadounidense.

Los frigoríficos que exportan también producen para el mercado local. Cuatro días después, el martes 24, se publicó en el Boletín Oficial un decreto (853/2017) del Ministerio de Agroindustria por el que se elevan las alícuotas (porcentajes) de reintegro (devolución) de impuestos a los exportadores argentinos de cerdos.
El monto en que se incrementa la devolución varía según el producto y va desde bajo hasta casi duplicarse. A partir de ese día, las exportaciones de jamones, paletas, piernas en distintos formatos contarán con una alícuota de devolución del 5,8%, nivel en el que también se ubicarán las devoluciones para las diferentes categorías de tocino.

El ministro Buryaile justificó la medida con que así «se afianza el camino para mejorar la competitividad de las economías regionales fomentando el agregado de valor”.

El impacto que puede tener esta medida es inmediato: para los exportadores equivale a una suba del dólar, que es el reclamo que suelen hacer ya que pagan sus costos en pesos y reciben dólares por sus ventas. Mientras mayor sea la diferencia, mayor será la ganancia del empresario.

Así, el grupo de los exportadores argentinos de cerdo podrá incrementar sus ganancias sin haber producido ningún evento tecnológico, inversión o desarrollo que lo justifique.

La diferencia de ingresos fiscales se cargará sobre el resto de los tributos que cobra la Nación.