Jair Bolsonaro sigue con su cruzada para denostar a las luchas contra la dictadura y a justificar la tortura y las desapariciones de personas, en un giro hacía las épocas más oscuras de Brasil y del continente.  Y lejos de pedir disculpas o guardar silencio luego de la arremetida contra el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, ahora declaró «sobre la situación del 64, hay documentos de que se mató o no se mató. Eso es una bobera».

Luego agregó ante un grupo de periodistas en Brasilia, sin inmutarse: «¿Usted le cree a la Comisión de la Verdad? ¿Cuál fue la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Fueron siete personas nombradas por quién? ¡Por Dilma Rousseff!». Lo que sugiere la frase es que esa institución carece de credibilidad porque fue creada por alguien que fue presa y torturada por la dictadura por su pertenencia a un grupo armado.

La brutalidad del ataque a Santa Cruz, que desde principios de este año dirige el colegio de abogados más importante de Brasil, generó fuertes apoyos al hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido en Río de Janeiro en febrero de 1974, cuando tenía 26 años.

La solidaridad llegó incluso del expresidente Lula da Silva, preso en Curitiba por una causa muy cuestionada a raíz de la revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro para condenarlo sin pruebas en un proceso de corrupción.

«Solo quien soportó el sufrimiento de perder a un ser querido sin tener siquiera el derecho de velar su cuerpo podrá entender lo que usted siente en este momento. Es como si violentasen a su padre otra vez, junto con todas las víctimas de la dictadura», dice Lula en una carta abierta a Santa Cruz.

En otro tramo de la misiva, el dos veces presidente le dice que «Brasil no merece oír las palabras de odio de quien, por el cargo que ocupa, debería referirse con respeto a quienes sacrificaron la vida por la libertad de nuestro país». Luego acusa, sin nombrarlo, a Bolsonaro, de quien afirma que «al atacar a los más frágiles y los que no se pueden defender, ese mal presidente revela su carácter cobarde».

Más adelante, Da Silva asegura tener «la certeza de que la inmensa mayoría del pueblo brasileño ama la paz y la democracia», y añade: «siempre vamos a reverenciar a nuestros verdaderos héroes, y eso es lo que los tiranos no consiguen soportar».

El excapitán, devenido primer mandatario tras la detención y proscripción de Lula, criticó en a la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada durante el mandato de Dilma Rousseff, que emitió en 2014 un informe donde revela que en los 21 años de dictadura se cometieron 434 asesinatos, hubo cientos de detenciones arbitrarias y se practicó regularmente la tortura.

Bolsonaro insinuó en 2011 que Fernando Santa Cruz murió al cabo de una borrachera durante el carnaval carioca de 1974. Ahora deslizó que murió por rencillas dentro de la agrupación política a la que pertenecía, Acción Popular Marxista Leninista (AP). «No fueron los militares quienes lo mataron. Es muy fácil culpar a los militares por todo lo que ocurre», insistió.

Pero desde todos los rincones del país salieron a exigirle pruebas de lo que afirma. Hasta el gobernador del estado de San Pablo, el derechista Joao Doria, consideró inaceptables esas palabras, al recordar que su padre fue destituido de su cargo de diputado por la dictadura en 1964 y tuvo que exiliarse.

Marco Aurelio Mello, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, le recomendó al presidente de la nación «una mordaza para controlar su lengua», mientras que diputados de la oposición trataban de juntar voluntades para abrir un juicio político.