Uno de los responsables del mayor escándalo de corrupción en Brasil, el “Lava – Jato”, cuyo “arrepentimiento” permitió desbaratar una gigantesca red de corrupción, es un mentiroso. Así lo escribió el juez federal Claudio Bonadio, en una resolución de 26 páginas en la que ordenó su captura internacional y su extradición a la Argentina para que declare como imputado por haber denunciado falsamente que el titular de la central de inteligencia local AFI, Gustavo Arribas, había recibido coimas por parte de la multinacional brasileña Odebretch.

Y, además, los fiscales que tomaron la declaración en la que ese testigo clave para la justicia brasileña mintió –según Bonadio- incumplieron con sus funciones y por ello deben ser investigados por la Justicia y por la propia Procuración General de la Nación, que podría incluso promoverles un proceso de destitución.

No se trata de una trama surrealista de una novela negra. Bonadio dispuso la captura internacional de Leonardo Meirelles, y denunció a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez. Meirelles declaró haber transferido 850 mil dólares a Arribas como pagos ilegales por la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, pero Arribas fue sobreseído por esa imputación y lanzó su contragolpe, que se concretó el jueves con la resolución del juez argentino.

Bonadio consideró, sobre la base de su propia investigación y las de otros colegas, que los pagos ilegales a Arribas no existieron. Los bancos en los que según el brasileño habrían sido depositadas las coimas negaron tales operaciones, y un colega de Meirelles descalificó no ya las operaciones sino la catadura moral del confeso pagador de esas coimas.

“Para mí, era mentiroso y ligero. ¿Entiende? Entonces, él mintió mucho, para hacer el acuerdo suyo, no dice la verdad sobre lo que realmente sucedió. No es una persona de confianza, yo no creo nada de lo que el Sr. Meirelles dijo, a no ser que me lo pruebe con el documento correcto”, dijo Alberto Youssef, ex socio de Meirelles y, como él, también condenado en Brasil por corrupción.

Bonadio reconoció que “se libraron exhortos internacionales al Juzgado del Brasil a cargo del Juez Sergio Moro –que no fueron contestados aún- solicitando copias de las actuaciones allí en trámite en relación a los hechos del Lava Jato en sus partes pertinentes, y a las autoridades judiciales de Hong Kong -devuelto por cuestiones formales- a efectos de recabar del Standard Chartered Bank copia de los envíos de la cuenta desde la que Meirelles afirma haberlos hecho, hacia la cuenta de Arribas en Suiza”. A esa carencia de datos concretos, le opuso otras pruebas que consideró fundamentales para determinar que Arribas no cobró coimas y que Meirelles mintió.

¿Por qué denunció, además, a los fiscales Delgado y Rodríguez? Porque fueron ellos quienes le tomaron declaración testimonial, vía videoconferencia, al brasileño. Y de la grabación se desprende que no le impusieron la obligación de “decir verdad” que tienen todos los testigos en la Justicia argentina.

El juez dispuso “la extracción de testimonios de las presentes y su remisión a la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal, a fin de que se investigue en sede penal el proceder de los Fiscales Delgado y Rodríguez en orden a la posible violación de sus deberes de funcionarios públicos, al igual que la remisión de actuaciones a la Procuración General de la Nación, para que se determine si existió alguna inconducta pasible de reproche en sede administrativa”.

Delgado y Bonadio mantienen una tirante relación desde que trabajaron juntos (y con criterios bastante disímiles) en la investigación por la Tragedia de Once. El fiscal Rodríguez es el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo que impulsa la investigación por irregularidades en la tramitación de la causa Correo Argentino. Ese expediente del que fue apartado el fiscal Juan Pedro Zoni y está en jaque permanente la fiscal comercial Gabriela Boquín.