Los dirigentes de la CGT, desde la reunificación de la central, han ido moviendo, poco a poco, la vara de los reclamos e incluso modificando el campo de batalla donde se dirimirá la disputa por la recomposición salarial. El resultado final ha quedado bien lejos del planteo inicial.

Durante la semana, dos de sus referentes hicieron declaraciones y amenazas que ya no apuntan ni al gobierno, ni a las entidades empresarias con quienes firmaron el acuerdo por un bono de referencia de 2000 pesos. Tampoco a las cámaras patronales sectoriales.

Ahora los cañones apuntan contra las empresas. «Dónde no se pague, habrá paro», soltó Héctor Daer en referencia al bono que pautaron en forma no obligatoria. Por otro lado, su socio en la conducción, Juan Carlos Schmid, advirtió a los empresarios que decidan no pagar que «seguramente van a tener problemas en las empresas y con las comisiones internas».

En paralelo, el martes, la CAME, difundió un informe en el cual aseguran que, según un relevamiento propio entre 350 industrias pymes de todo el país y, a pesar de que «el 90% desearía hacerlo», sólo «el 37,4% decidió pagar el bono, mientras que el 42,3% ya decidió no pagarlo y el 20% restante lo está evaluando».

Otro relevamiento realizado sobre 700 empresas por la consultora SEL, fundada por Manuel Mora y Araujo, confirmó que apenas un 31% de las pymes asumirán el pago de un bono pero que, en promedio, se ubicará en los $ 1000 mientras que, las grandes empresas, llegarían a los $ 2000 sugeridos.

En el caso de estas grandes empresas (cuyos representantes participaron de la mesa del Diálogo y la Producción), el porcentaje de pago se elevaría al 44%, muy lejos de lo que hubiera plasmado un acuerdo de carácter vinculante.
Mario Quintana, vice jefe de gabinete, sugirió que «es muy difícil responder con una regla unánime». Juan Chediak, de la CAC, destacó la actitud «responsable y seria» de los dirigentes de la CGT.

Los motivos que esgrimen las grandes empresas para no pagar van desde la recesión hasta una supuesta recomposición salarial acorde a la inflación que ya habrían garantizado. Sin embargo, un informe de la consultora Adecco muestra que los aumentos declarados por las empresas se ubican entre un 25 a 29% anual. Pero el IPC CABA reconoce una inflación acumulada, sólo en 2016, del 32,8% y del 43,1% interanual. Así las cosas el reclamo ha quedado librado a lo que los trabajadores pudieran lograr, en el mejor de los casos, a través de sus comisiones internas. Un escenario ideal para los empresarios y el gobierno que cuestiona el sentido de la propia reunificación de la CGT toda vez que lo lógico hubiera sido que fuera al servicio de una pelea de conjunto.

Con todo, existe una agenda gremial para el próximo mes de noviembre que ya tiene los trazos gruesos establecidos.

El viernes 4 las CTA marcharán a Plaza de Mayo, el 10 el gobierno recibirá a los movimientos sociales y el 18 la CGT marchará junto con estos últimos al Congreso Nacional con el propósito de respaldar el proyecto de Emergencia Social que hilvanaron distintos sectores de la oposición pero que, por los tiempos legislativos, recién podría ser considerado el año próximo.
El gobierno, como un orfebre, y con el auxilio explícito de la Iglesia, creó las condiciones para generar una suerte de aterrizaje suave hacia 2017 cuando, la situación objetiva y el humor entre los trabajadores, debería, al menos, plantear un diciembre turbulento. No está dicha la última palabra . «