La titular del PRO, Patricia Bullrich, consideró que, tras la decisión del gobierno nacional de anunciar la intervención de la empresa Vicentin, ahora su deuda «es de todos los argentinos» y sostuvo que la medida implica un «verdadero abuso de poder».

En diálogo con Radio Metro, Bullrich se mostró crítica de la decisión oficial, a tono con el comunicado que ayer difundió Juntos por el Cambio, la alianza que conforma el PRO, junto a la UCR y la Coalición Cívica.

«Es un verdadero abuso de autoridad», consideró la ex funcionaria macrista, que añadió que «se trata de un empresa privada que estaba en un proceso legal de quiebra» y consideró que «es una explicación absolutamente ridícula» que la medida se haya dictado por una cuestión de soberanía alimentaria.

«Lo que más nos preocupa es que hace unas semanas (el presidente Alberto Fernández) dijo que las ideas de intervenir empresas eran ideas locas, que estaba cansado de oír a los que decían que iba para el lado de Venezuela, y dos semanas después, lo hace», sostuvo Bullrich.

En ese marco, agregó que «la deuda de Vicentin ahora es de todos los argentinos en vez de haber hecho un proceso de venta y saneamiento para que se compre entre privados» y lo comparó con la estatización de la petrolera YPF.

«Hay un principio constitucional que dice que lo privado es privado», siguió la titular del PRO, y consideró que «el Estado no necesita expropiar una empresa para cobrar» (sus pasivos) porque «eso se hace con un proceso de una quiebra ordenada».

Por otro lado, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri se refirió a la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal contra cientos de damnificados durante la gestión del ex mandatario

«Lo vemos como una típica causa verdurita», sostuvo y se negó a darle «credibilidad a alguien que dice que espían a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli saliendo de su casa».

«La verdad no le doy importancia, que siga la justicia y ya va a pasar lo mismo que todas las veces que quisieron endilgarnos estas cosas. Nosotros somos institucionalistas, creemos en la ley y no hacemos esas cosas», argumentó.