La economía no repunta. Esta realidad se expresa en los datos del Indec de ventas de supermercados, que dan una caída del 2,5% en términos reales para el mes de mayo, y una reducción de 5405 puestos de trabajo en los últimos dos años. Además, estos datos cuestionan severamente la supuesta alza del salario real que se habría obtenido en los últimos meses.

Mientras tanto, se emitió un decreto (516/17) que permite otorgar préstamos a los perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas, hasta el 30% de la pensión y que se descontaría directamente de estas retribuciones. Este decreto es otra vulneración de la calidad institucional, puesto que el Senado Nacional acaba de rechazar dicha propuesta. Pero el objetivo es claro: liberar algo de dinero para intentar fomentar el consumo en el período preelectoral.

Una verdadera política demagógica, que no necesariamente va en favor de los que menos tienen. En estos casos, la toma de créditos no resulta una decisión libre, debido a la situación de necesidad en la que se encuentran muchos de los receptores de los subsidios. Esta puede llevar a que muchos lo tomen y luego vean disminuidas sus prestaciones. Una verdadera política de beneficios para este sector debería pasar por aumentar los montos de las prestaciones.

Ante la dura realidad, Durán Barba expresó a la dirigencia del PRO: «Los focus groups dicen claramente que la economía no suma. No hay que hablar de economía», según cita Marcelo Bonelli (Clarín 21.07.17). El periodista agrega una frase significativa: «Ese método ya fue usado desde la cima del poder y fracasó en forma descarnada. Nunca llegaron la prometida ‘lluvia de dólares’, ‘el segundo semestre’, los ‘brotes verdes’ y la ‘reactivación'». De allí que el mensaje se centra en la retahíla de denuncias de corrupción, y en el peligro de volver al pasado.

A esta altura, el discurso de la «pesada herencia recibida» ya no resulta rendidor, y las apelaciones al «futuro venturoso que nos espera» no pueden despegarse de la dura situación actual, en especial en lo que se refiere al consumo de los sectores más vulnerables.

En campaña, Macri expresó que «nos duele que el cambio aún no haya llegado a todos». En verdad, el cambio ya llegó, puesto las políticas que el mandatario ha aplicado estuvieron desde un principio orientadas a incrementar la renta de los más ricos a costa del resto de la sociedad. Este es verdaderamente el cambio que han instalado, que seguirá profundizándose, al menos hasta el 2019, y que solo podría ser enfrentado y frenado en las urnas en las próximas elecciones.
Reclamos rurales.

En la Exposición de la Sociedad Rural (SRA) desfilaron los representantes del sector concentrado del campo y funcionarios del gobierno, que coincidieron en sus discursos en los dos temas centrales. Uno de ellos es el reclamo de no volver al pasado, planteado por el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere y avalado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El otro tema, la solicitud de mayor rebaja de impuestos al sector e incremento en el tipo de cambio real. Es decir, una mejora en la rentabilidad de las grandes empresas agrícolo-ganaderas a costa del conjunto de la sociedad.

En la actividad, Etchevehere criticó la reunión de la candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández, con productores tamberos, y la calificó de «perversa». Quizá es una salida para que la SRA no se refiera a la crisis en el sector. En 2016 cayó un 5% el consumo interno de lácteos y un 27% la exportación, medida en litros y, consecuentemente, un 12,5% la producción. Además, el consumo per cápita de leche fluida cayó en 2016 el 9,2%, el de quesos el 0,5% y el de otros productos (dulce de leche, yogures y manteca, entre otros) el 6,7 por ciento. Es decir, problemas con la producción y con el consumo, casi una tormenta perfecta que se quiere ocultar.

Privatización de un gran orgullo argentino

«El éxito comercial demuestra que las empresas públicas pueden ser competitivas y autosustentables. En cinco años la Argentina recaudará más de 110 millones de dólares al exportar servicios satelitales nacionales.» La cita proviene del comunicado de prensa de Arsat del 9.6.17. En el mismo se expresa que se logró vender la capacidad total del Arsat-2. Esta situación da por tierra con los argumentos esgrimidos por el presidente de la Nación, referidos a «serios problemas de comercialización en Arsat 1 y 2» para firmar el preacuerdo con la firma norteamericana Hughes.

Según la carta de intención firmada, se crea una nueva empresa, Newcom, con participación accionaria del 51% para Hughes y del 49% para Arsat. El INVAP tendrá el rol de proveer el satélite Arsat 3 y Hughes los enlaces, aunque la participación mayoritaria de la estadounidense le dará el control de todos los procesos.

Si bien esta decisión es preocupante, no resulta sorpresiva: en marzo de 2016 la actual gestión decidió suspender la construcción del Arsat 3 por falta de fondos.
La validez jurídica de la carta de intención, o precontrato, ha sido puesta en duda, pues estaría vulnerando el Art. 10º de la Ley de Desarrollo de la Industria Nacional (Nº 27.208), que prohíbe los cambios en las condiciones de funcionamiento de Arsat sin la aprobación del Congreso de la Nación. También se critica que esta limitación no está mencionada en el pre contrato aludido. Un gran menoscabo de la institucionalidad, tan proclamada por Cambiemos.

En definitiva, todas estas acciones intentan avanzar en la privatización de Arsat, lo que conllevaría la pérdida de capacidades tecnológicas propias de nuestro país, que con un gran esfuerzo de los científicos y del Estado se han ido construyendo en estos años.

Mercosur sin Cumbre Social

Al inicio de la reunión de presidentes del Mercosur, algunos temas ya estaban claros. Por un lado, la cuestión de Venezuela apareció como el principal tema a tratar, generando una tensión entre aquellos gobiernos que desean intervenir en el proceso político del socio caribeño y eventualmente determinar su expulsión (Argentina y Brasil) respecto a quienes rechazan tal medida (Bolivia y Uruguay).

Otro de los temas a destacar es que por primera vez en los últimos diez años, la presidencia del Mercosur (en esta etapa que finaliza a cargo de Mauricio Macri) decidió no convocar a la Cumbre de las organizaciones sociales. Esta Cumbre se reunía con anterioridad al inicio de la presidencial, y presentaba a los mandatarios su informe. Sin duda, la exposición del gobierno de Cambiemos a los movimientos sociales sería conflictiva, por las difíciles situaciones que está viviendo la ciudadanía en nuestro país, así como por las seguras críticas al posicionamiento exterior. También sería incómoda para Michel Temer, asumido luego de un «golpe institucional». Las declaraciones de la Cumbre Social del año pasado lo ratifican: «el proyecto de Mercosur, soberano para defender sus recursos, autónomo (…), equitativo, democrático y plural, está en riesgo». A raíz de la prohibición, nació la Contra Cumbre de los movimientos sociales en Mendoza, que expresaron estos cuestionamientos. 

Un asunto a considerar es que tanto Macri como Temer ven al Mercosur como una plataforma desde donde ampliar los acuerdos con otros bloques comerciales, como el del Pacífico o la Unión Europea. En una nota en La Nación (21.07.17), Temer expresó muy bien esta orientación, agradeciendo además a la presidencia de Macri el haber profundizado esta línea. Uniones comerciales y de protección a las inversiones que perjudicarán a los pueblos del Mercosur. «