Canale despide a 86 trabajadores y no asegura la indemnización

Las cesantías significan el cierre de la planta de Llavallol. Los empleados realizan una protesta pacífica en las inmediaciones de la fábrica.
Por Jonathan Raed - @JRaed
30 de Octubre de 2018

La empresa Alco-Canale despidió a 86 trabajadores de la planta de Llavallol. Es el total del personal y significa el cierre de la planta. Los trabajadores aseguran que no hay certezas sobre el cobro de las indemnizaciones y que la situación actual de la empresa es producto de la mala gestión.

El lunes último llegaron los 86 telegramas, que colocaban como culpables a “la crisis” y “la situación económica de la empresa”. Nicolás Macci, uno de los trabajadores, explicó a Tiempo que “hace 15 días nos habíamos reunido con el dueño, que nos adelantó que iba a tomar una decisión de este tipo”. En ese momento, “nos dijo que la indemnización de cada uno iba a salir de la venta de las máquinas”, por tanto, “estamos haciendo una guardia pacífica en la puerta de la fábrica, en resguardo de las máquinas”.

Para los trabajadores, la situación es más dramática si se tiene en cuenta que “hay gente grande, que tiene 25 o 30 años de antigüedad, a la que no le va a ser fácil reinsertarse y necesitan sí o sí esa indemnización”.

Si bien la empresa se escuda en la crisis, los trabajadores barajan otra hipótesis. “A una de las unidades de negocios le decretaron la quiebra y tenía 600 millones de pesos de deuda con AFIP, $ 90 millones por cargas patronales, un desastre. Dejaron muertos por todos lados”, graficó Macci, quien habló de “vaciamiento” y comparó la situación con la de Cresta Roja.

Alco-Canale es una empresa mendocina que se dedica al rubro alimenticio y es considerada la mayor exportadora de conservas enlatadas de Mendoza. Los problemas de la empresa datan de 2009 y se profundizaron en 2013, cuando comenzó a recibir subsidios por distintas vías. En 2015, se abrieron retiros voluntarios al 50%, que fueron aceptados por unos 60 trabajadores.

A inicios de este mes, la justicia federal decretó la quiebra de la compañía, que tiene plantas en el Valle de Uco y General Alvear, en Mendoza; en Río Negro, en Catamarca y en Llavallol. Un millar de puestos de trabajo están en serio riesgo.

En la mencionada quiebra, según reprodujo Página 12, el juez Alberto Alemán sostuvo que “el principal objetivo es el mantenimiento del trabajo de los empleados, lo que lejos de contrariar el interés de los acreedores, se ve identificado con el mismo. Los trabajadores constituyen un valor inconmensurable dentro de la empresa”. Alemán agregó que los trabajadores son “sujetos especialmente vulnerables, que ya han sufrido a lo largo del tiempo atrasos en el pago de sus salarios, deterioro en las condiciones laborales y angustia por la incertidumbre que el escenario de deuda y desequilibrio en las cuentas ha generado, lo que debe ser pensado y contextualizado dentro del escenario de los pueblos en los que se encuentran situadas las plantas, con dificultades para hallar en el corto plazo otro trabajo”.

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