El Poder Judicial ingresó hoy en un virtual estado de locura interna a raíz del fallo de la Corte Suprema que estableció que los jueces no pueden permanecer en sus cargos más allá de los 75 años de edad. La presidenta del Consejo de la Magistratura, la abogada Adriana Donato, envió hoy notas a 27 jueces que superaron ese límite etario pidiéndoles que informen si tienen un “paraguas” judicial como el que le permitirá a la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, seguir siendo jueza después de los 75.

La lista incluye a camaristas civiles, laborales, jueces del interior, del fuero Civil y Comercial federal, Penal Económico, penal e incluso la Cámara Federal de Casación. Aparecen allí próceres del derecho, como el camarista civil Eduardo Zannoni y el de Casación Pedro David.

La nota del Consejo emplaza a los 27 jueces a informar en 24 horas si iniciaron acciones judiciales para permanecer en sus cargos, y en tal caso si obtuvieron fallos favorables que no puedan ser apelados. La urgencia tiene una explicación: si no cuentan con un aval que les permita seguir en sus cargos, en estos momentos ya no son jueces. Los fallos que firmaron ayer y hoy podrían ser nulos, y mañana podrían encontrarse con la ingrata sorpresa de no poder acceder a sus despachos. O sólo hacerlo para retirar sus pertenencias.

La lista de los jueces que podrían cesar automáticamente en sus funciones está integrada por Julio Reboredo, Alfredo Bertolini, Néstor Rodríguez Brunengo, Roberto Torti, Ricardo Bustos Fierro, Bernabé Chirinos, Osvaldo Rappa, Graciela Amabile Cibilis, José Muscará, María Servini de Cubría, Leopoldo Schifrin, Edmundo Hendler, Martín Laclau, Edmundo Lilia Funes Montes de Delich, José Benjamín Gómez, José Pérez Villalobo, Estela Ferreirós, Mario Calatayud, Horacio Maderna Etchegaray, Zulema Wilde, Martín Martínez, Juan Manuel Converset, Lilia Maffei, Enrique Posse, Eduardo Zannoni y Susana Castro.

Esa es la nómina de los que ya tienen 75 años. Pero hay por lo menos medio centenar más que los cumplirán en los próximos meses.

El Consejo debe determinar qué pasos seguir. Hay dos posturas: una que indica que, invocando el fallo de la Corte, deberá intimar a que presenten la renuncia. La otra indica que la cesantía en los cargos opera “de pleno derecho”, es decir automáticamente. De persistir este criterio, todo lo que los jueces mayores de 75 hicieron desde que el martes pasado se conoció el juicio de la Corte podría ser nulo.

Cualquier litigante podría plantear eso en un juicio y llevar la discusión hasta la Corte Suprema. Eso, volcado a un expediente penal, podría demorar una causa hasta el infinito, incluso más allá del plazo de la prescripción. No es un tema menor: está en juego una garantía constitucional, que asegura que en un pleito judicial intervendrá un juez habilitado para ello.

Desde su vigencia, el fallo de la Corte parece haberles quitado legitimidad a los que tengan 75 años o más.